Una gran duda y una gran certeza: eso es lo que queda, a esta altura, sobre el Fondo Monetario Internacional. La duda es si realmente se llegará a un acuerdo político para que pase el test del Congreso. En cambio, la certeza es que, tal como está escrito, se incumplirá muy rápidamente.
Es lo que quedó en claro tras la comparecencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante la comisión parlamentaria. Y cuanto mayor es la certeza sobre que el acuerdo es incumplible, más duro y tenso se torna el debate legislativo sobre el proyecto de ley, dado que la oposición no quiere quedar como dando su aval a un plan económico que presume destinado al fracaso.
Por eso, en estas horas se libran intensas negociaciones que lleva adelante el titular de la cámara de Diputados, Sergio Massa.
La preocupación de los que todavía dudan sobre cómo votar es que si ya las primeras revisiones que haga el FMI detectan desvíos y se deben renegociar las metas, no aparezcan como co-responsables de que el país empiece a transitar un camino “de waiver en waiver”.
En realidad, las premisas del acuerdo ya eran seriamente cuestionadas desde que Guzmán describió las metas a las que se comprometía con el FMI para este año. Pero luego del estallido de la guerra en Ucrania, directamente los números cayeron en el descrédito total.
En un rápido paneo sobre las dudas que deja el texto, se puede señalar los siguientes puntos.
Corte del gasto en subsidios
Cuando todavía, en las semanas previas a la guerra de Ucrania, el gas cotizaba a u$s24 el millón de BTU, los principales consultores en el tema energético afirmaban que para que Argentina pudiera disminuir los subsidios, se requeriría un ajuste tarifario promedio del 80%.
Si se producía una suba de ese tipo, no se llegaría a la situación que existía tras el “tarifazo” del macrismo, cuando el número que figuraba en las facturas era un 70% del costo real de la electricidad y el gas- pero al menos se revertiría la situación actual, en la que los porteños apenas pagan el 27% del costo eléctrico y el 32% del gas.
Ahora, el acuerdo alcanzado con la segmentación de usuarios implica una suba promedio de 65%, que podría llegar según algunos economistas hasta un 85%, dependiendo de qué tan alto sea el ajuste para el 10% que está en el tope de la pirámide de ingresos.
Pero debe tenerse en cuenta un detalle importante: los aumentos no se producirán de golpe, sino en etapas -20% general ahora y el resto tras las audiencias públicas a mediados de año-, lo cual disminuye el alivio fiscal en energía.
Además, este año se dependerá más del gas licuado que del que entra por gasoducto desde Bolivia, lo cual ya de por sí incrementará los costos. Pero, fundamentalmente, en el nuevo escenario global el precio del gas se fue a u$s50 y sin visos de freno.
En definitiva, el “tarifazo” que figura en el acuerdo no conseguiría bajar el subsidio estatal ni siquiera con los precios que tenía el gas el año pasado. Y el Gobierno firmó un documento en el cual se compromete a hacerlo caer 0,6% del PBI cuando el gas costará el cuádruple de los precios que se pagaban en 2021.
Reducción del déficit fiscal
El propio Guzmán, en su contrapunto con el diputado Martín Tetaz, dejó en evidencia la endeblez de los números que se comprometieron en el acuerdo.
Tetaz le pidió precisiones respecto de cuánto sería el ajuste tarifario que pagaría el 10% más rico, y el ministro contestó que no tenía una respuesta precisa porque eso dependerá de la evolución de los precios internacionales de la energía.
Y esa confesión de incertidumbre conlleva, tácitamente, la duda sobre todo el panorama fiscal. Porque así como no está claro si se gastará de más o de menos en subsidios energéticos, tampoco está claro que la recaudación de la AFIP vaya a subir en un grado tal que permita compensar los ingresos extraordinarios del año pasado.
La desaparición del aporte de las grandes fortunas implica que hay medio punto del PBI que ya no hará su aporte.
Y, si bien hay esperanzas por lo que ingrese en el rubro de retenciones a la exportación, también ese punto es una incógnita: por un lado, los precios de las materias primas agrícolas se dispararon, pero por otra parte hubo una caída de 20% en los rendimientos de las áreas afectadas por la sequía.
Inflación
Es la meta que menos credibilidad ha generado, como queda claro en las negociaciones salariales, donde los propios sindicatos aliados del Gobierno plantean mejoras de ingreso por encima del 50% para las próximas paritarias.
El objetivo de 43% -con margen de cinco puntos de suba- que figura en el texto del acuerdo con el FMI ya ni siquiera es tenido en cuenta por los economistas, como queda en evidencia en la encuesta mensual que realiza el Banco Central: todos los meses el pronóstico es revisado al alza.
El promedio de los economistas espera ahora un 55% de inflación para el año, pero es altamente probable que ese número quede viejo, porque todavía no considera dos grandes impactos: el de la inflación de alimentos provocada por la guerra y el de la propia suba de tarifas de servicios públicos.
Menor asistencia monetaria
Bajar de un 3,7% a un 1% de asistencia del Banco Central para financiar el gasto público es una de las metas más ambiciosas que plantea el acuerdo.
Y, por cierto, una de las que genera mayores dudas, sobre todo si se tiene en cuenta que, como ya avisó Guzmán, no habrá un recorte en el gasto sino, por el contrario, una suba en términos reales.
Para cumplir la meta, Guzmán tendrá que apelar al mercado de deuda doméstico, que es de escasa profundidad. De hecho, ya el año pasado el ministro no pudo cumplir su promesa de fondearse en no más de 60% con la “maquinita” de emitir pesos.
Ahora, aunque la ha ido bien en las últimas licitaciones, el ministro se enfrenta a un desafío difícil, dado que deberá “rollear” vencimientos por casi u$s5 billones y, además, obtener un adicional con el cual asistir a los gastos del Tesoro.
Ese objetivo pone una nota de presión adicional a la suba de tasas de interés, lo cual trae un daño colateral: aumenta el costo del fondeo no sólo para el Estado sino para las empresas, y dificulta el objetivo de reactivar la producción y el consumo.
Claves de la desconfianza
1. Para el kirchnerismo duro, el gran temor es el riesgo de que haya que renegociar permanentemente la agenda de la política económica y solicitar “waivers” a cambio de nuevas exigencias, en una especie de “co-gobierno” con los funcionarios del organismo.
2. Los economistas del Fondo son perfectamente conscientes de que el ingreso tributario, el gasto en subsidios energéticos, la inflación y el crecimiento económico tienen altas probabilidades de ser incumplidos.
3. Para que el FMI haga “la vista gorda” a las metas incumplidas, tiene que haber al menos una que sí se cumpla: la acumulación de reservas en el Banco Central, que es la garantía de estabilidad cambiaria y de que, además, Argentina podrá seguir pagando sus obligaciones externas. Más concretamente, u$s5.800 millones de incremento a los que se comprometió Guzmán, y que en teoría saldrán de un robusto superávit de la balanza comercial.
4. Es necesario que se mantenga la estabilidad del tipo de cambio durante los dos años en los que Argentina no tendrá que poner dólares propios.
Fuente: iprofesional.com
