El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno entraron en una discusión técnica que demora el acuerdo y su envío al Congreso a pesar de la expectativa que había generado el propio oficialismo y la posibilidad de que se dilate más allá de mañana plantea algunos riesgos en materia tanto política como económica.
La idea original del presidente Alberto Fernández y su equipo era que el entendimiento con el Fondo Monetario concluyera esta semana y fuera enviado al Congreso antes del 1 de marzo pero esto fue puesto en duda el último miércoles.
Tal como anticipó iProfesional, en el Gobierno ya manejaban como fecha más probable el 1 de marzo debido a las complicaciones que surgieron en la negociación con el board del FMI respecto de la reducción del déficit, que estaba planteado en 2,5% para este año. Desconfiado, el organismo quiere saber cómo se llegará a ese número y la discusión se trabó allí.
Sin embargo, desde Casa Rosada trascendió que ahora manejan como posibilidad más certera que el acuerdo entre al Congreso “en los primeros días de marzo”, lo cual sugiere que podría demorarse.
En caso de darse esa situación, se trataría con cierta relevancia debido a la importancia que tiene de ese día en el calendario político: es el momento en que el Presidente asiste al Congreso para dar su discurso sobre el estado de la nación y plantear los temas clave para el año.
En este contexto, cuando Fernández ingrese al recinto de la Cámara de Diputados mañana para hablar ante la Asamblea Legislativa, tanto los oficialistas como los opositores estarán atentos a lo que diga sobre el acuerdo con el FMI.
No se trata de una expectativa injustificada. El propio jefe del bloque de diputados oficialista, Germán Martínez, fue uno de los que hizo notar días atrás que el ministro de Economía, Martín Guzmán, había hablado de cuatro semanas como período para cerrar el acuerdo y que la cuarta era, precisamente, la última de febrero.
Ante la dificultad de cumplir con ese plazo deseado, el 1 de marzo se convirtió en el “Día D”.
Una fuente gubernamental reconoció ante iProfesional que lo ideal era tener el acuerdo ya presentado en la última semana de febrero para que Alberto Fernández pudiera “concentrarse en los anuncios de gestión y la agenda de futuro” durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias.
Si mañana el Congreso todavía no tiene a la vista el acuerdo con el FMI será inevitable que empiece el ruido político.
La oposición apuntará contra la demora y remarcará, como ya lo hicieron en otras oportunidades, que el plan económico de Guzmán “no es creíble” para el Fondo, con lo que reforzará sus críticas a la gestión.
En tanto, el oficialismo insistirá en que la discusión pasa por detalles técnicos pero que el acuerdo “defiende la soberanía y el poder de decisión” del país, como señaló recientemente la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, a la agencia NA, aunque al mismo tiempo podrían volver a ponerse de relieve las diferencias con el ala kirchnerista del Gobierno.
Los mercados también prestarán atención a lo que ocurra mañana y la reacción podrá variar en función de si el proyecto que propone la aprobación del acuerdo está o no presentado para esa fecha.
Y es que empezará a cobrar importancia el hecho de que la Argentina tiene un vencimiento de deuda con el FMI el 22 de marzo por u$s2.870 millones, según indicó un informe del instituto IERAL de Fundación Mediterránea. Podría volver así el temor a un default y repetirse la situación que se vivió en enero pasado.
La Argentina se acercaba al vencimiento de un pago por u$s731 millones de dólares el 28 de enero y la incertidumbre de los días previos en torno a la decisión que adoptaría el Gobierno frente al FMI llevó a una fuerte caída de los bonos argentinos, un crecimiento del riesgo país y un aumento sostenido del dólar blue.
Los números dan cuenta de un problema mucho más grave
La firma del acuerdo entre el FMI y el Gobierno por el pago de la deuda con este organismo internacional concentra actualmente gran parte de la atención de los analistas financieros, pero al ver el “rojo” general que existe en las cuentas públicas, llama la atención y preocupa a muchos argentinos la baja incidencia que tiene la misma.
La deuda pública total de la administración nacional, a diciembre del año pasado, según informe oficial de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Economía, es de u$s363.000 millones, sin contar la deuda que tiene el Banco Central, ni las deudas provinciales y tampoco las contingentes.
Esto implica, en otras palabras, que los u$s45.000 millones que se le adeudan al FMI y que esté negociando el Gobierno representan sólo 12% de los compromisos totales que tiene Argentina, tal como afirmó a iProfesional Ariel Coremberg, economista y docente de universidades como UBA, UCEMA y UDESA.
Del monto global del pasivo estatal mencionado, “casi el 60% del total se encuentra en manos de los argentinos”, agregó el experto, quien plantea que “los principales acreedores de la deuda pública son los argentinos, que, por distintas vías, voluntarias e involuntarias, le han prestado al Estado”.
Y el 40% restante corresponde a deuda externa, o sea, se encuentra en manos de no residentes.
Es decir, si se suma el compromiso a saldar con el Fondo Monetario Internacional (u$s45.000 millones o 12% del total) con las deudas públicas que se tienen con otros organismos internacionales, como el Club de París y el Banco Mundial, ahí se llega a un total de 18% de deuda externa. Y el resto corresponde a diferentes inversores y acreedores privados del extranjero.
“Lo que está en manos de los argentinos es una deuda de todo tipo: títulos en pesos y en dólares que pudieron haber comprado familias y empresas argentinas como decisión de inversión. Básicamente, hoy se va a todo lo que es títulos públicos y prestamos vía Leliq, y las antiguas Lebac, que son el respaldo de gran parte (70%) de los depósitos de los argentinos en el sistema bancario”, alertó el especialista.
Fuente: iProfesional.
