Este marte, nueve gigantes de la minería mundial, financiadas por fondos de inversión y bancos internacionales y brasileños fueron denunciadas por intentar expandirse a las tierras indígenas acompañando la política ambiental del presidente Jair Bolsonaro, que pretende impulsar una ley para legalizar la explotación de toda las escalas en regiones protegidas de la selva amazónica.
De acuerdo al trabajo, las empresas mineras que han hecho pedidos de expansión al ente regulador del sector son Vale, Anglo American, Belo Sun, Potássio do Brasil, Mineracao Taboca y Mamoré Mineracao e Metalurgia (ambas do Grupo Minsur), Glencore, AngloGold Ashanti y Rio Tinto.
“Esto está en el centro de la intensa agenda del Gobierno de Bolsonaro para desmontar la legislación ambiental y apoyar al sector minero, la apertura de los territorios indígenas para la minería industrial y a la pequeña o artesanal (llamados garimpos)”, dice un comunicado a Télam.
La aprobación del proyecto de Ley 191/2020 del Gobierno de Bolsonaro “puede causar la pérdida de 160.000 km2 de selva amazónica”, según el informe.
Agrega que en 2021, la deforestación vinculada a la minería aumentó 62% respecto de 2018, año en el cual Bolsonaro llegó al poder con un discurso para incorporar actividades económicas en las reservas indígenas y anular el sistema de multas ambientales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama).
El informe apunta también a que las empresas mineras son incentivadas con las concesiones de créditos por parte de fondos de inversión estadounidenses y de otros países, inclusive Brasil.
La APIB es la principal organización política indígena brasileña, cuyos integrantes han protagonizado el año pasado en Brasilia un acampe en la Explanada de los Ministerios contra la aprobación de las leyes que retiran la protección ambiental.
El informe apunta que estos nueve gigantes de la minería que hicieron pedidos formales a la Agencia Nacional de Minería para la explotación en tierras indígenas, algo ilegal aún, están financiadas por entidades que han desembolsado 54.100 millones de dólares de créditos.
El trabajo apunta a los fondos estadounidenses Capital Group, BlackRock y Vanguard como los principales financistas de “las empresas citadas por sus intereses en tierras indígenas y por su historial en violación de derechos”.
Además, hace recomendaciones a las empresas a retirar el apoyo al proyecto de ley para explotar minerales en tierras indígenas demarcadas y a retirar todos los pedidos realizados ante la Agencia Nacional de Minería para incursionar en la selva amazónica protegida.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
