Tres abogados denunciaron este martes en Comodoro Py al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, por los presuntos delitos de “estrago por destrucción y abuso de autoridad” a raíz del manejo de la situación creada por los incendios forestales en la provincia de Corrientes.
“Corresponde investigar si el ministro de Ambiente se encuentra incurso en el delito tipificado en el artículo 188 del Código Penal, por haber retirado aviones hidrantes a la Provincia de Corrientes y no haberlos reintegrado, pese a los oportunos pedidos de los funcionarios locales”, sostiene la denuncia.
En ese contexto, añade que también se debe averiguar “la posible comisión del delito tipificado en el artículo 249 del Código Penal, al no ejecutar, en tiempo oportuno, las obligaciones de asistencia a las provincias, en este caso, Corrientes, tal como se lo impone la ley”.
Los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Paulo Vitaver, cercanos a la coalición opositora Juntos por el Cambio, radicaron la denuncia que quedó registrada con el número 507/2022 y recayó en el Juzgado Federal a cargo de Julián Ercolini.
La denuncia se basa sobre un artículo del periodista Nicolás Wiñazky, quien sostuvo que “el 25 de febrero del 2021, hace casi un año, el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, le solicitó de modo formal al Ministerio de Medio Ambiente, al mando de Cabandié, que la Nación envíe a su provincia a cuatro aviones hidrantes”.
“En el texto, que consta como recibido por el organismo nacional, se señalaba que podrían desatarse incendios debido el déficit hídrico, sumado a las altas temperaturas y períodos ventosos que se dieron a lo largo de todo el año”, añade el artículo en cuestión.
El artículo 188 del Código Penal establece penas de uno a seis años de prisión para quien “para impedir la extinción de un incendio, substrajere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida”. En tanto, el otro delito denunciado tiene penas de un mes a dos años de prisión para el “funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.
Fuente: Agencia de Noticias NA
