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Precios Cuidados: buscan que se aplique en negocios de barrio

21 febrero, 2022
¿CUIDADOS?. Para los empresarios, el programa genera más inflación.

¿CUIDADOS?. Para los empresarios, el programa genera más inflación.

A partir de acciones y negociaciones de los organismos de Defensa de los Consumidores, se busca que el Gobierno nacional también aplique “Precios Cuidados” en negocios de barrio y comercios de cercanía.

“Lo que se necesita es un acuerdo con los distribuidores mayoristas que es donde se proveen esos negocios. Pero ese sería el primer paso para que el almacén pueda cobrar la mercadería a un precio razonable, acorde a los que figuran en Precios Cuidados”, dijo a PRIMERA EDICIÓN el director de la oficina de Defensa del Consumidor, Alejandro Garzón Maceda.

Y aseguró que los productos que integran el programa Precios Cuidados “son muy requeridos en los supermercados, pero que si se pretende que el programa sea realmente federal es fundamental hacerlo para que en el almacén de barrio también se pueda comprar a los valores vigentes de los artículos incluidos en el programa”.

En ese sentido, Garzón Maceda consignó que continúan las conversaciones para poder replicar esa misma política a nivel de almacenes y negocios de cercanía una canasta de artículos de primera necesidad.

“Acá el secreto va a estar en cómo hacer que estos comercios, que normalmente compran en los mayoristas cercanos, tengan la posibilidad de acceder a la canasta y a su vez que se lo vendan al consumidor en esos valores sugeridos”, apuntó.

“Por ahora, eso no está sucediendo. Los comercios de barrio no tienen para ellos estos precios especiales, deben pagar precios de consumidor final. ¿Cómo van a poder vender barato?”, se preguntó.

Si bien, Garzón Maceda destacó que el programa para frenar la suba de precios se cumple en los supermercados y las grandes cadenas que están incluidas en los acuerdos con el Gobierno y celebró que esos productos “son muy requeridos” en los supermercados, lamentó que no sea “inclusivo”.

“Si pensamos el programa con el concepto de alcance, federal no es. Por ejemplo, si decimos que el vecino de San Antonio tiene el mismo derecho que una persona de Posadas para su acceso a esos precios; sin embargo, no es así”, sostuvo. (Ver abajo)

El Programa Precios Cuidados está integrado por 1.300 productos. En principio, la puja para implementarlo en comercios de barrio es lograr que se apruebe una canasta con aproximadamente 100 productos entre los meses de marzo y abril.

Lograrlo sería un hito histórico, ya que desde que el Gobierno nacional lleva adelante políticas de controles de precios, los organismos de Defensa del Consumidor reclamaron, desde 2016 abrir la jugada para federalizar el beneficio, no obstante, hasta la fecha no prosperaron ningunas de las acciones.

“Por ahora no es federal”

El programa Precios Cuidados busca poder otorgar el mejor precio de un producto al consumidor en cualquier lugar del país.
“Esa es la idea, pero en los hechos, no se está ni siquiera cerca. Por ejemplo, si ahora mismo se pudiera acordar con los proveedores de estos comercios una lista de artículos, que normalmente son mayoristas, ¿cómo y quién controla que el comerciante respeta el margen de ganancia y no se sale de los valores cuidados que se pretende otorgar al comprador? Eso por un lado”, apuntó el director de Defensa del Consumidor.
“Acá está la cuestión, si es que todo el esfuerzo y los convenios que se logren no sirvan solamente para que el despensero aumente su ganancia, sino que el vecino acceda al mejor valor”, insistió el funcionario.
“No es tan simple ni acordar ni garantizar que sea federal, para que el comprador del pueblo más recóndito del país acceda y en eso está puesto el desafío”.
“Además, debemos pensar, que pese a los años que tiene el programa, en las provincias también son muy pocos supermercados los que lo aplican. El planteo de hace muchos años del Consejo Federal de Defensa del Consumidor es que no se propicie un monopolio y se abra la jugada. Hacen falta muchas decisiones políticas”, remarcó.

Tags: Alejandro Garzón MacedaalmacénBarrioDefensa al ConsumidorMisionesPrecios Cuidadossupermercados
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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