Mientras miles de posadeños siguen sin servicio de agua potable desde hace varios días y otros tantos lo reciben de manera intermitente, se mantiene la falta de respuestas del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) y la misma prestataria SAMSA.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo de Posadas presentó un recurso denominado “medida autosatisfactiva” ante el Juzgado Civil y Comercial 7, donde en 2019 había radicado un recurso de amparo por la misma problemática con la misma empresa.
Esta medida, de acuerdo a lo normado en el Código Civil y Comercial, es una acción urgente por la cual se requiere la protección de un interés, a través de un pronunciamiento judicial autónomo e inmediato. En este caso, nada menos que la provisión de agua potable a un tercio de los posadeños.
Por esta razón, el próximo miércoles 2 de febrero, la Justicia citó en el mencionado juzgado a la Defensoría, SAMSA, EPRAC e IMAS para analizar la situación.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el defensor del Pueblo, Alberto Penayo, aseguró sobre las quejas por la falta de agua que “hubo una especie de impase y a los dos años se reitera la misma realidad. Empezamos a recibir reclamos en diciembre de 2021 y se fue llegando hasta el 19 cuando hice presentaciones al ingeniero (Christian) Hilbert de SAMSA, al Gobernador de la provincia, al Intendente de Posadas, al EPRAC sobre la cantidad enorme de reclamos que estábamos recibiendo en la Defensoría. También las hice llegar a Defensa del Consumidor y fui pidiendo intervenciones para que esta realidad no se agudizara. En función de un servicio que era intermitente, que venía y no venía hasta que se cortó definitivamente por todos lados y el reclamo se hizo insostenible”.
“En este momento, para nosotros, el servicio está en crisis”, sentenció Penayo. “Hay adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, niños y la realidad que esas personas deben pasar es insostenible. Entonces ahí la Defensoría del Pueblo acciona por una cuestión constitucional y no por contralor”, aclaró.
Ni EPRAC ni SAMSA hacen nada
Lamentó que “el EPRAC nos oficia en las demandas que vamos teniendo pero, en definitiva por acciones concretas que podamos decir que son de tipo contractuales (sancionatorias o intimatorias), no las veo, no me constan. Veo ahí que lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo es un atributo enmarcado en lo que es un organismo de contralor que es el EPRAC. Y actuamos porque hay un derecho constitucional que está siendo vulnerado por donde se lo mire, que es el acceso a un bien esencial para la vida como es el agua potable”.
Sobre la prestataria dijo que “SAMSA no nos ha respondido ni las notas de diálogo cordial ni el oficio, por eso vamos a la Justicia y que le contesten a ella. Allí veremos cuáles son las respuestas. Tengo un montón de respuestas parciales de la problemática del acueducto Sur pero no se hacen cargo. Acá pareciera que la respuesta la tiene que dar el Estado pero, leyendo el contrato de concesión, las respuestas las tiene que dar la prestataria del servicio. Tenemos varios problemas que discutir y que van a saltar cuando nos sentemos en la mesa el miércoles”.
Para Penayo, hay dos servicios: uno de primera sin cortes y otro de segunda que se interrumpe. “Esto ocurre en una parte de la ciudad y, si nos ponemos a mirar qué pasa en el otro sector, es como que existe un servicio con dos funcionamientos distintos. Los que tiene el de la planta potabilizadora de Corrientes y Mitre, que abastece a la zona norte o céntrica de la ciudad, no tienen problemas. Suceden los problemas con la planta que está en Miguel Lanús”, indicó.
Se incumple el contrato de concesión
Alberto Penayo, defensor del Pueblo de Posadas, dijo en FM 89.3 Santa María de las Misiones que “durante varios días nos reunimos con los vecinos y, después de la presentación a SAMSA y al EPRAC, se hizo un oficio en función a lo que establece el contrato de concesión sobre la prestación de servicios que debe ser permanente e ininterrumpida. Pero, en el caso que esto suceda, se deben tener mecanismos de comunicación a través del EPRAC a los usuarios para que puedan saber a qué atenerse. Y una serie de acciones que están incluidas en el contrato de concesión que vimos que no se cumplió”.
El funcionario sostuvo que “acá la empresa maneja la hegemonía de un servicio que debe dar un líquido vital para la vida y no tenemos opción. La posición dominante es extrema y debemos tomar conciencia que esa realidad debe ser abordada como un derecho humano. Ojalá que Derechos Humanos estuviera también peleando y planteando un escenario que va más allá, como es la regulación del servicio. Hablamos de cuestiones esenciales para los ciudadanos como es el derecho al agua, la salud, la alimentación y otras cosas que están en juego cuando un servicio no es eficiente”.
El Defensor no dudó en aseverar que “acá faltan obras, inversiones y quién las tenga que hacer el ciudadano no tiene por qué saberlo. Pero debe empezar la empresa y después en todo caso el Estado porque sino el año que viene vamos a estar igual”.
Afirmó que, de continuar los cortes de agua “queremos que se aplique incluso una multa diaria en caso que la empresa no dé respuestas. Han pasado dos años y se hicieron parches, por eso estamos exactamente de la misma manera”.
Finalmente, Penayo afirmó que “no compito ni quiero ganar sino, como organismo de derechos humanos, quiero que este servicio no sea interrumpido. No lo digo yo, lo dice el contrato de concesión. Tenemos que revisar lo que se firmó y lo que sucede en la realidad. Hay mucho por discutir pero espero que nos sentemos todos -políticos, no políticos y todo aquel que tiene poder de decisión- a ver qué hacemos con este servicio deficiente en una parte de la ciudad, el acueducto sur que afecta a barrios de la zona sur e incluso hasta de Garupá”.
