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El Banco Central estará obligado a devaluar al ritmo de la inflación

11 enero, 2022

La inyección de divisas que recibió la Argentina en 2021 (récord de exportaciones del agro y DEG del FMI) permitió cierta flexibilidad al Banco Central para reducir la velocidad de devaluación del peso. El año pasado, el tipo de cambio oficial subió 22%, casi 30 puntos porcentuales menos que la inflación acumulada en el período.

Un interrogante para el mercado financiero es el de precisar cuánto va a subir el dólar mayorista en este 2022, es decir si el BCRA comenzará a acelerar el crawling peg para acoplarlo al ritmo de la inflación real esperada y evitar recaer en el atraso cambiario que caracterizó a las administraciones anteriores.

Un dólar más alto incentiva las exportaciones y desincentiva las importaciones. Pero la elección no es sencilla: con una industria muy deficitaria en cuanto a divisas, encarecer las importaciones traerá como consecuencia una desaceleración de la actividad.

Además, apurar la devaluación sin un horizonte cambiario claro ni referencia de tasas positivas puede traer el efecto contrario al deseado, pues se retrasa la liquidación de exportaciones, a la espera de un tipo de cambio más alto, y se adelantan importaciones para evitar operaciones con un dólar más caro en el futuro.

En este aspecto, un punto vulnerable para la economía es la pérdida de competitividad cambiaria por “pisar” al dólar oficial. Monedas emergentes como el real de Brasil y la lira turca dieron señales de una tendencia a la depreciación el año pasado y acortan los tiempos para sostener un atraso cambiario creciente.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm) que elabora el Banco Central es elocuente al respecto. Cayó 22 puntos porcentuales en el año, básicamente por la brecha entre la tasa de inflación y la devaluación en el período. Así, se eliminó cualquier eventual ventaja derivada de la dura escalada del dólar durante la corrida cambiaria desatada entre fines de abril de 2018 y fines de octubre de 2019, antes del establecimiento de un “cepo” reforzado.

Otra vez próximo a los 100 puntos, el Itcrm del BCRA es el más bajo desde el 13 de mayo de 2018, tres años y nueve meses atrás.

Esta pérdida de competitividad desde un plano estrictamente cambiario es la más amplia en dos décadas, según estimaciones del economista Nery Persichini, Head of Strategy de GMA Capital.

“En 2021 la dinámica inflacionaria de más de 50% maridó con un menor ritmo de actualización del tipo de cambio oficial. Mientras que entre enero y abril el precio de la divisa subió, en promedio, un 3% mensual, el resto del año navegó más cerca de 1%. El BCRA, con la convicción de que el dólar es un ancla nominal, deslizó el precio de la divisa un 22% en el año. Como resultado, el tipo de cambio real multilateral (un proxy de la competitividad-precio de la economía, que contempla la inflación y el tipo de cambio nominal de nuestro país y de los principales socios comerciales) experimentó la mayor apreciación desde al menos 1997. El peso se abarató 18% en términos reales, incluso más que en 2008 y otros años impares y electorales (como 2011)”, detalló Persichini.

“Actualmente, en la práctica, el único generador de divisas para la Argentina es el canal comercial, principalmente por las exportaciones relacionadas al agro. Menores ingresos por esa vía pondrían más presión sobre las ya de por sí debilitadas reservas del BCRA. También es probable que, en un escenario de fortaleza del dólar, nuestros vecinos devalúen sus monedas. De este modo, ya no sería sostenible una devaluación del tipo de cambio oficial muy por debajo de la inflación -política llevada a cabo durante este año con el fin de contener la suba de los precios- ya que se perdería más competitividad y, por lo tanto, ingreso de divisas por el ya mencionado canal comercial”, explicó José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI, recordó que “Argentina se ha beneficiado del desacople excepcional ocurrido entre la recuperación del comercio mundial de bienes y el de servicios -que es tradicionalmente deficitario para Argentina y este año ofrece un saldo negativo inferior al promedio- debido a que la crisis sanitaria afecta a este rubro más que a otros”.

“El saldo comercial de bienes y servicios puede estimárselo en torno a los 11/12 mil millones de dólares, restándole al superávit de bienes el esperable déficit de servicios- una gran holgura generada, por un lado, por un alza de las exportaciones de bienes que se cruza con una suba de importaciones que -si bien es mayor que la de las exportaciones aún no lleva a las compras externas a niveles más altos que los de hace algunos pocos años, lo que sí ocurre con las ventas externas-; y por el otro, porque el saldo de la balanzas sumadas -la de bienes arroja unos USD 16.000 millones en 2021, aunque sumando a ella la de servicios en 2021 el número es casi 30% menor- hubiera sido menor si los servicios hubieran recuperado una normalidad pendiente aún”, agregó el economista.

En este aspecto, un informe de Ecolatina aportó que “el robustecido saldo de bienes apuntaló la cuenta corriente, que volvería a estacionarse en terreno positivo en 2021, por encima de 1% del PIB”.

“Esta mayor disponibilidad de divisas, no obstante, no pudo ser capturada por el BCRA en el balance del año. Las reservas internacionales netas vuelven a fin de año a cerca de los niveles mínimos de fin de 2020, a pesar del comentado saldo positivo de cuenta corriente, la persistencia -y endurecimiento- de las restricciones cambiarias y el ingreso extraordinario de DEG (USD 4.300 millones) en septiembre”, advirtió Ecolatina.

Desde Invecq Consultora Económica precisaron que “aún cuando se lograra coordinar un programa económico entre el Gobierno y el Fondo Monetario, las medidas correctivas que de ese programa se desprenderían sería recesivas en el corto plazo. Un reacomodamiento de tarifas, una aceleración del ritmo de devaluación cambiaria para detener la erosión de las reservas internacionales, ajustes fiscales en varias partidas que se habían ordenado y en los últimos meses se han vuelto a incrementar, y otras medidas impactarán negativamente en el corto plazo, aunque sean necesarias a mediano y largo plazo”.

 

Reservas en estado crítico

El Banco Central cerró una primera semana del año en la que todos los días logró embolsar dólares con adquisiciones por más de US$100 millones, un muy buen dato para un comienzo de 2022 y del mes.

Sin embargo, el economista de Eco Go Sebastián Menescaldi advierte que “aunque sea un buen monto, el problema es que las reservas bajaron igualmente por el pago de interés a los bonistas reestructurados”.

En este escenario, los especialistas advierten que el Central debe pagar, en enero de 2022, además de los casi u$s746 millones a los privados, u$s731 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) el 28 de enero. Son casi u$s1.500 millones de vencimientos en el mes y ya casi no quedan Derechos Especiales de Giro (DEGs), o sea van a bajar las reservas netas.

Asimismo, el primero de febrero se deben abonar intereses por u$s365 millones.

Tags: Banco CentralBCRADevaluaciónInflaciónReservas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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