Finalmente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio luz verde a la venta de autotest para COVID en las farmacias de todo el país. El enorme crecimiento que hubo de demanda en los centros estatales de testeo y el desborde de capacidad de respuesta que hubo en muchas provincias para atenderla, llevaron a una medida que ya se implementa en muchos países aunque de manera diferente.
A la espera de conocerse el valor que tendrán los autotest para la población, que deberá ser “accesible” a fin de descomprimir las largas colas en los centros de hisopados, aparece un dato no menor: la trazabilidad de los resultados de los mismos.
Aunque la normativa establece exigencias de información a partir del código de barras de cada autotest, el volumen que podría generarse de utilización (millones de pruebas semanales), hace dudar de la efectividad en el conocimiento del propio Estado (nacional, provincial o municipal) de cuántos y quiénes son los que se han contagiado de COVID.
A su vez, conocido ese dato central, si las personas realizan el aislamiento, si los contactos estrechos están aislados como también testeados, los días de realización de la medida preventiva, entre otros.
Poco y nada se sabe de cómo las provincias o los municipios accederán y darán también seguimiento a los casos positivos. Tal vez, con esta medida, el Estado va camino a anteponer una medida de prevención que corte cadenas de contagios, por sobre las estadísticas y trazabilidad que hasta ahora tenía como potestad única.
Por el momento, a la espera del inicio de la venta de los test, habrá que constatar en la práctica cuán efectiva resultará la mecánica que ANMAT y el Consejo Federal de Salud idearon para esta acción.
