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Masacre de pingüinos en Punta Tombo: presentan denuncia penal

2 diciembre, 2021

Desde la Asociación Argentina de Abogadas-os Ambientalistas y Greenpeace Argentina se presentó una denuncia penal ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, para exigir una investigación a fondo, a raíz de la masacre perpetrada en la Reserva Punta Tombo, donde cientos de pingüinos Magallanes fueron asesinados.

“Estamos ante un Ecocidio. Se generó un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración”, sostuvieron Rafael Colombo y Lucas Micheloud de la Asociación de Abogados-as Ambientalistas.

“Las topadoras pasaron por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, en una zona de alta densidad de nidos. Esto es un verdadero crimen ambiental que constituye un delito penal y debe ser investigado y sancionado como tal. El daño generado es irreversible y la justicia debe actuar conforme a la gravedad de los hechos”, sostuvo Luisina Vueso coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.

Al mismo tiempo, la denuncia remitida sugiere a la Fiscalía interviniente que disponga, de manera inmediata el traslado de los pingüinos afectados a un Centro de Atención y Recuperación Animal no Humano.

La presentación, en un plazo 5 días, de un plan de reinserción de los pingüinos que fueran oportunamente trasladados por parte de las autoridades de la Reserva, observando que el mismo asegure los recaudos necesarios para el bienestar animal, manejo de la especie e integridad física; se efectúe una ficha médica por cada pingüino asesinado y herido, y se designe un equipo de expertos en ciencias biológicas y veterinarias de la Reserva a fin de realizar el seguimiento de la evolución de los mismos.

Por otra parte, las organizaciones insisten en la sanción de un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino.

Argentina no posee regulaciones penales-ambientales claras ni contundentes que estén a la altura de la presente crisis ecológica, agravada por la pandemia por COVID-19, íntimamente ligada a los daños que se producen sobre la naturaleza y la madre tierra.

En rigor, las fiscalías no cuentan con herramientas legales contundentes para enjuiciar, condenar y exigir recomposición del daño ambiental que se correspondan con los grandes crímenes ambientales producidos en nuestro país, durante los últimos años.

 

Como comenzó todo

 

 

En la reserva de Punta Tombo, uno de los atractivos naturales de la provincia de Chubut, ocurrió un hecho insólito que tuvo como consecuencia la matanza de cientos de pingüinos. Los guardafaunas se percataron de lo que había pasado este lunes, cuando en una inspección ocular de rutina, se corroboró el desastre ambiental que se había producido.

Las autoridades del Ministerio de Turismo de Chubut denunciaron que el dueño de un campo lindero al icónico paraje turístico avanzó con la construcción de un sendero. El camino, que se extendía desde la propiedad hasta la costa, se realizó “sin autorización” y “con una máquina de alto porte”, según informó la fiscal a cargo de la denuncia, Florencia Gómez. La funcionaria judicial graficó la magnitud del daño. La obra “enterró a todos los nidos de pichones de pingüinos” que encontró a su paso.

Junto al accionar negligente, el propietario tomó la decisión incluso de ir un paso más allá al poner en riesgo a la fauna autóctona. Durante la realización del camino, “el cercado se electrificó, lo que hizo que muchos de los pingüinos adultos mueran electrocutados”, informó Gómez

La escena se produjo en un campo lindero a Punta Tombo, pegado con la reserva. La hipótesis inicial apunta a que el acusado buscaba facilitar su acceso a la playa. “Creemos que era para tener un acceso directo a la costa, pero para eso habría que tener una autorización previa y un estudio para analizar el impacto ambiental, que es lo que se generó: un daño irreparable”, agregó Gómez.

 

Una zona de atractivo natural y turístico

 

 

El Área Natural Protegida Punta Tombo está ubicada 100 kilómetros al sur de la capital del Chubut. En septiembre quedó habilitada al público ante la llegada de las primeras mangas de pingüinos de Magallanes, después de dos años sin recibir visitantes por la pandemia.

La reserva, con una superficie de 210 hectáreas, alcanza a ser la más poblada del continente con más de un millón de pingüinos cuando la familia se completa. Además de estos animales, coexisten en la zona una variada fauna de aves marinas, como los cormoranes, gaviotas cocineras, gaviotas australes, gaviotines, skuas y ostreros; y mamíferos como guanacos, maras, zorros, piches y peludos y otros carroñeros atraídos por los huevos.

En el paraje es conocido el “Sendero de la Pingüinera”, que posee 3 kilómetros de ida y vuelta, con diferentes miradores para observar, fotografiar y disfrutar del paisaje frente al mar y en medio de los nidos. Es uno de los atractivos turísticos de la provincia de Chubut y de Puerto Madryn, junto al avistaje de la Ballena Franca Austral.

El paisaje natural se destaca por la llegada de pingüinos, que vienen “por mangas” a la reserva para dar inicio a la temporada de apareamiento, incubación y adiestramiento de las nuevas generaciones.

Los primeros pingüinos en visitar la región son los machos, que comienzan de inmediato a reacondicionar sus nidos. Luego aparecen las hembras, que en pocas semanas colocan sus dos huevos. Tras 40 días de incubación compartida con el macho, suelen vigilar el nacimiento los pichones.

Para los turistas, el paseo junto a los ejemplares de “Spheniscus magellanicus” (su nombre científico) tiene características recreativas, debido a que son muy sociables y permiten que se les tomen fotografías, filmen o contemplen desde muy cerca.

Tags: ChubutGreenpeacepingüinos Magallanes
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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