El juez federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, no tomaría ninguna decisión procesal hasta fin de año sobre los siete detenidos como presuntos miembros de una organización dedicada al contrabando de granos a Brasil a través de la frontera misionera sobre el río Uruguay.
Si bien el plazo no es fijo, surgió de la estimación realizada sobre el volumen de evidencias secuestradas y pruebas por producir que aún restan concretarse y analizarse. También se contempla la gravedad de los delitos que habrían desentramado los investigadores federales, en este caso los de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante los diez meses previos a los allanamientos realizados el viernes 5 de noviembre en varias localidades misioneras, entre ellas Oberá, El Soberbio y Colonia Aurora, pero también en otras jurisdicciones del país como Córdoba.
En estos procedimientos, todos ordenados por el juez Gallandat Luzuriaga fueron atrapados siete presuntos cabecillas o eslabones indispensables para la cadena de contrabando de soja y maíz. No sólo para transportar las toneladas hasta la frontera, también falsificar remitos y carta de porte y evadir la AFIP, también para “aceitar” y que los controles viales “no registren” las irregularidades en los camiones.
Entre los detenidos hace casi un mes, se destacan el ahora exjefe del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería y un subalterno directo, además de un empleado provincial, quienes están sospechados de montar el andamiaje para que miles de toneladas de oleaginosa (mayoritariamente de soja) hayan cruzado puntos de control impositivo como el de “El Arco”, ingreso a Misiones por la ruta nacional 12 y que llegaran hasta la costa del río Uruguay sin rendir ningún tributo.
La investigación se inició a principios de 2021 con la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dependiente de al Procuración General de la Nación. Largas jornadas de escuchas telefónicas y seguimientos de camiones finalizaron con doce procedimientos emanados del juez Gallandat Luzuriaga para los efectivos de Policía de Seguridad Aeroportuaria y a su vez al Grupo Especial de Asalto Táctico (GEAT).
Los siete detenidos fueron indagados y todos se abstuvieron de responder. Pero se ordenó que continúen privados de la libertad porque enfrentan posibles imputaciones formales por: “asociación ilícita”, artículo 210 del Código Penal Argentino, “contrabando de exportación agravado por intervención de dos o más personas y por intervención de integrantes de una fuerza de seguridad”, artículo 865 inciso A y C, en función del 864 inciso A del Código Aduanero o ley 22.415, “defraudación contra la administración pública”, artículo 174 inciso 5 del CPA, “cohecho activo y pasivo”, artículos 256 y 258 del CPA, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, artículos 248 del CPA, “lavado de activos”, artículo 303 del CPA y “uso de documento falso”, artículo 296 y 292.
Vale recordar que fueron allanados varios comercios relacionados al lavado de los activos obtenidos del contrabando. Esto incluyó concesionarias de automotores y a propiedades de un empresario exportador de granos de Córdoba y a transportistas.
El juez de la causa ordenó quince procedimientos en Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande, en las cuales se concretaron las siete aprehensiones, dos de ellas correspondientes al jefe del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería Nacional y a un subalterno.
Se secuestró dinero en efectivo (nacional y extranjero), automóviles, camiones y alrededor de 250 toneladas de soja. Fueron incautados 40 vehículos; armas de fuego; municiones y alhajas, entre otros elementos probatorios.
“No hay nada”
Durante las últimas horas, trascendieron presuntas versiones que resaltaban que en las maniobras para que los camiones con granos no fueron interceptados en suelo misionero, participaban autoridades de la policía provincial.
De fuentes firmes, se confió ayer a este Diario que no existen pruebas o sospechas de algún jefe de la Unidad Regional II de Oberá en la causa antes o después de los procedimientos realizados en noviembre. “No existe nada que indique la participación de un jefe policial de la provincia”.
