En medio del reclamo nacional por la extensión de la Ley 26.160, las comunidades indígenas sintieron un alivio por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prorroga por cuatro años más la emergencia territorial. Sin embargo, permanecen atentos al cumplimiento de los relevamientos para evitar desalojos y conflictos. Esta normativa, fue aprobada en 2006 y desde entonces aún no concluyeron con los estudios de los pueblos del país.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, la coordinadora del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), María Josefa Ramírez, señaló sobre el pedido de prórroga que “es algo transitorio, para salvar la emergencia en que se encuentran las comunidades, pero debería discutirse en Cámara para refrendar ese decreto”.
Aclaró que “la lucha continúa para las comunidades y las organizaciones que acompañamos el tema”.
Muchos de estos pueblos “no están relevadas y aún los que si lo están viven situaciones difíciles con el sector maderero, como es el caso de Ka’a Kupé. En ese lugar, a pesar de la carpeta técnica que establece el uso tradicional del territorio, el estado autoriza los desmontes”.
Ramírez remarcó que “estamos a 15 años de la sanción de la ley, con la cuarta prórroga, con ni siquiera la mitad de comunidades relevadas. Por eso, cada vez es un poco más difícil que se acepte extenderla. El enojo en Cámara de Diputados es porque vienen aprobando leyes y el Ejecutivo no implementa como se debe, teniendo un presupuesto asignado”.
Voces de los pueblos
Por su parte, el cacique de Ka’a Kupé, Mario Borjas, comentó que “estuvimos en una asamblea en San Pedro, conversando sobre la ley 26.160, la cual ampara nuestra vida. Estábamos ansiosos por saber qué pasaría y ahora recibimos un alivio, pero todavía no es suficiente”.
Aseguró que “esperamos respuestas más favorables para las comunidades indígenas, porque desde el estado provincial y nacional, sentimos que no nos tienen en cuenta. En la comunidad Ka’a Kupé vivimos un doloroso impacto, porque una empresa sigue avanzando sobre la selva y no sabemos más cómo lidiar con esto. Es una pérdida enorme de los árboles nativos de la provincia”.
Por su parte, el referente de comunidades en Ruiz de Montoya, Francisco Medina, contó que “nos sentamos a analizar entre los ancianos y caciques la ley de emergencia territorial indígena, 26.160. Exigimos entre todos los mbya guaraní de Misiones que pueda cumplirse con la prórroga y se cumpla con lo que se establece”.
Esta normativa “muy importante para las comunidades porque suspende los desalojos y es un freno para los desmontes”, añadió.
No obstante, aseguró que “aún teniendo una ley, hemos vivido violencia por parte de los empresarios por las tierras, por eso decimos que no se respeta la ley”.
Medina indicó que “esperamos un relevamiento para todas las comunidades de Misiones, porque hubo conflictos con las personas no indígenas, los empresarios propietarios de los terrenos. Esta situación es preocupante para los pueblos mbya guaraní que no tienen una carpeta técnica, porque todavía no fueron relevados”.
Asimismo, celebró que “tenemos a nuestros hermanos dentro de los estudios territoriales (técnicos en el relevamiento) y es una forma de que tengan en cuenta a las familias y nuestra cultura”.
