El juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte, resolvió ayer que el rechazo del fiscal Christian Antúnez Nerenberg a la prisión preventiva domiciliaria de Santiago Darío Negrete (21) por el intento de matar a su amigo Manuel Sánchez (20) sea analizado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
Monte concedió a Antúnez que el reclamo suba a la Cámara y se defina el planteo que apunta principalmente a que no estaría comprendido en este caso el beneficio por lo que indica el artículo 10 del Código Penal Argentino en cuanto a los requisitos para otorgar prisión domiciliaria o detención morigerada.
Como lo adelantó ayer este Diario, el fiscal Antúnez recurrió la decisión de Monte oficializada el viernes pasado (5 de noviembre) que consistió en el traslado de la celda de la comisaría Tercera (avenida Uruguay) del implicado a su hogar del que no podrá salir sin autorización judicial y portar una pulsera electrónica.
Esta medida se basaría en que Negrete atraviesa un cuadro o patología que afecta su salud mental y por tal motivo no puede ser trasladado a la unidad penal de procesados del Servicio Penitenciario Provincial, porque la institución no cuenta con un programa, ni recursos, para atender este trastorno.
“Angustia y desazón”
También ayer, y mientras Monte notificaba a las partes que el expediente sería enviado a la Cámara de Apelaciones, José Luis Sánchez (54) y Mónica Pelinski (50), padres del joven que sobrevivió al ataque del lunes 13 de abril pasado en el barrio Villa Urquiza, realizaron una conferencia de prensa en un hotel del microcentro posadeño (Entre Ríos y San Lorenzo) en la que leyeron un comunicado en el que resumieron sus deseos e intenciones en adelante en cuanto a la evolución de la causa pero también resaltar la prioridad que establecieron: “la salud y cuidado de Manuel”.
Entre las 45 líneas del comunicado, puede destacarse: “Ante la novedad judicial de la prisión domiciliaria a Santiago Negrete nos vimos nuevamente movilizados emocionalmente (…) Manuel en primer lugar, su hermano, nosotros como padres, toda la familia, nuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo e incluso gente que no conocemos. Todos volvimos a experimentar angustia y desazón”.
Remarcaron también: “Nuestra prioridad absoluta es proteger y contener a Manuel, el está haciendo un esfuerzo enorme por salir adelante y está muy bien acompañado por su psicólogo. Sin embargo, la noticia del arresto domiciliario fue muy movilizante para él y para todos nosotros”.
“Como padres nos preocupa que pueda seguir una vida normal, que se pueda concentrar en el estudio, que pueda sentirse libre para salir a pasear, que pueda caminar por las calles sin tener que darse vuelta y mirar para atrás a cada rato. Que deje de sentir miedo”.
Vale resaltar también, que los padres no manifestaron su rechazo a la prisión domiciliaria aunque no soslayaron su prioridad: “Aunque ninguno de nosotros es especialista en cuestiones jurídicas, tratamos de comprender y acompañar las decisiones judiciales. Suponemos que el arresto transitorio es una cuestión transitoria”.
Agregaron: “Acatamos la decisión y los procesos de la Justicia y respetamos la ley. Mientras, esperamos con ansias el juicio y la condena más justa para un accionar tan descomunal, impactante e inentendible como el que le tocó vivir a nuestro hijo (…) Confiamos en el accionar de la policía. Confiamos en que nos cuiden como hay que cuidar a todo ciudadano que está en riesgo”.
“Pedimos por la seguridad de nuestro hijo, en que realicen el control y monitoreo del detenido. Porque en esta confianza que depositamos nosotros está representada la confianza en toda la sociedad (…) Manuel Sánchez no es solo nuestro hijo, es el hijo de muchas madres y muchos padres, es hermano, es sobrino, es nieto, es amigo, es vecino, cualquiera puede ser Manuel. Por eso pedimos que nos ayuden a seguir cuidándolo, que estemos alertas y nos avisen si ocurre algo que no corresponde”.
Artículo 10 del Código Penal
La detención domiciliaria podría otorgarse cuando el interno padece una enfermedad incurable. Por discapacidad, porque el detenido es mayor de 70 años o es una embarazada o madre de un niño menor de 5 años o tiene un discapacitado a su cargo.
