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Crearon un Observatorio de Justicia para detectar falencias e incumplimientos

23 octubre, 2021
AUTORIDADES. Patricia Doedderer es la coordinadora ejecutiva y Antonio López Forastier el coordinador general.

AUTORIDADES. Patricia Doedderer es la coordinadora ejecutiva y Antonio López Forastier el coordinador general.

AUTORIDADES. Patricia Doedderer es la coordinadora ejecutiva y Antonio López Forastier el coordinador general.

Con la finalidad de efectuar, de modo permanente y sistemático, la observación de distintas problemáticas generadas a partir del servicio de Justicia, se presentó el Observatorio de Justicia del Colegio de Abogados de Misiones. Se trata de un organismo que funcionará de manera independiente a la comisión directiva, que se encargará de hacer relevamientos para detectar las falencias o los incumplimientos de las normativas en el ámbito de la Justicia, como ser el tema de los honorarios o el acceso a la información judicial.

El presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Fernando Orbe dijo que “vemos que la Justicia tiene las falencias de siempre y que están ahondadas por la pandemia, y esto afecta no sólo las cuestiones del justiciable, sino que tiene un efecto muy negativo con respecto al día a día de los abogados en toda la provincia”.

Deslizó que “nuestra preocupación principal está en defender los honorarios profesionales. Es decir que lo primero que va a analizar y a estudiar el Observatorio será el tema de la ley de honorarios profesionales y a la fecha detectamos que no se cumple”.

En consecuencia, el coordinador general del Observatorio de Justicia del Colegio de Abogados, Antonio López Forrastier, dijo que “se relevará distintos datos cuantitativos de la Justicia y del servicio abordando todas las problemáticas”.

Contó que primero “se hará hincapié en la ley de honorarios de los profesionales que fue sancionada en 2017, pero se detectó un reiterado incumplimiento de la Justicia al momento de regular los mismos”.

Deslizó que “la norma establece que los jueces deben regular los honorarios al dictar sentencia, esto evita dilaciones y permite el ingreso de los colegas”.

Asimismo, relató que “también está el incumplimiento de otra norma que es el acceso a la información judicial, sancionada en octubre de 2019. El Poder Judicial tiene el deber de publicar todas sus sentencias y a las cuáles tendríamos que tener acceso dentro de un sistema, pero esto no sucede”.

“No obstante, se va a recorrer todos los juzgados de todas las instancias y se relevarán todos los libros de sentencias para ver si se está cumpliendo o no con el ordenamiento jurídico”, subrayó el profesional.

Expuso que “primero se van a cuantificar la cantidad de incumplimientos por juzgados y magistrados. Y se abrieron canales de denuncias para que los abogados puedan realizar las denuncias anónimas, ya sea con fotos o PDF o con los datos que tengan; de esta forma el Colegio será el que se encargue de la gestión de denuncia”.

Sostuvo que “eso nos permitirá anualmente saber cuántas sentencias dicta cada juez y, eso trascenderá en información de qué juez trabaja más y cuál menos, o cuál cumple con las normas de honorarios. El Colegio no puede permitir que el órgano que está para garantizar las leyes no las cumplan”.

 

“Fuente de ingreso”

La coordinadora ejecutiva del Observatorio de Justicia del Colegio de Abogados de Misiones, Patricia Doedderer indicó que “los honorarios son nuestra fuente de ingreso. El 90% de los colegas vive de la profesión liberal, por lo tanto trabaja entre 3 o 5 años para esperar la sentencia”.

Remarcó que “el tiempo de demora que tiene la Justicia y -por ahí- el mal funcionamiento, hace que nos veamos perjudicados en el ejercicio profesional”.

“Como Colegio de Abogados estamos obligados a recibir los reclamos de los colegas”, expresó.

“Este Observatorio vino para relevar la problemática que están teniendo los abogados”, detalló la coordinadora.

Tags: Colegio de AbogadosJusticiaMisionesobservatorio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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