En varios municipios se aprobaron incrementos en los boletos del transporte público de pasajeros, en un momento donde la situación económica de la gente no es precisamente la mejor.
En el caso de las comunas donde se sancionaron ordenanzas en ese sentido, las empresas son precisamente las menos beneficiadas en la distribución de los subsidios del Estado, con el fin de evitar “boletazos” que terminen perjudicando a los usuarios.
No es el caso del área metropolitana (Posadas, Garupá y Candelaria) donde el Grupo Z -que pugna este 2021 por conseguir un par de décadas más al frente de la concesión del ineficiente servicio que recibe dinero de los Gobiernos por tres vías: nacional, provincial y municipal. Y justamente días pasados, se empezó a mencionar la posibilidad que la Comisión del Transporte Integrado -que preside el subsecretario René Kegler pueda empezar a analizar una suba del boleto también en esta zona.
Nuevamente, por fuera del área capitalina, las empresas atraviesan una delicada situación financiera para sostener un servicio que tiene menor flujo de usuarios y mayores distancias que recorrer, a diferencia del Grupo Z. Entonces, el debate en ciernes pasa por definir políticamente quién paga la inequitativa distribución de los fondos públicos: el pasajero o la empresa resigna rentabilidad?
Un grupo de provincias, entre ellas Misiones, se encolumnó detrás del proyecto del diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT- Entre Ríos), que solicitó incrementar fuertemente la cifra de subsidios nacionales para las jurisdicciones fuera del AMBA (esta última se queda con el 90% de los fondos y el resto 10%).
Por ahora, la Nación “estudia” el reclamo legislativo, intentando no enfrentar a CABA y provincia de Buenos Aires con el resto del país.
Mientras tanto, los usuarios serán desde los próximos días los que paguen las inequidades que la política no logró resolver hasta ahora.
