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Fallo por el carnet sin libre deuda: “Debería cambiar el procedimiento”

25 septiembre, 2021

Tras la resolución que dictó el Juzgado Correccional 1 de Posadas a favor de un ciudadano al que negaron la licencia de conducir por no tener al día el pago de multas por infracciones de tránsito, el abogado que lo patrocinó en el recurso de amparo aceptado, Adrián Luna Vázquez, dijo que hay muchas personas en la misma situación pero que no pueden pagar para ir a la Justicia.

Luego que PRIMERA EDICIÓN publicó la novedad en exclusiva, el letrado sostuvo en FM 89.3 Santa María de las Misiones que “hay gente que tiene la lucidez y la inquietud en un caso como este (sabemos que hay muchísimos casos similares) de consultar con un abogado y lo puede hacer porque tiene los recursos para hacerlo. Pero otra, por más interés que tenga, no cuenta con los recursos para hacerlo”.

Si bien el conflicto se dio con la anterior gestión de Joaquín Losada, el abogado sugirió que “en lugar de tomarlo como un fallo contra el municipio, entiendo que la Municipalidad debería analizar la claridad del fallo y tomar una postura distinta. En el fallo dice que la comuna tiene la forma de cobrar las multas y, tomar una postura casi estorsiva de decir ‘no te doy la licencia porque no pagaste las multas’, es incorrecto. Si cambian la postura, se terminaría este conflicto”.

En caso que la comuna no adopte ese camino, Adrián Luna Vázquez dijo que “quizás, también, la Defensoría del Pueblo podría tomar cartas en el asunto y radicar un amparo colectivo”.

A su vez, destacó que el no haber sido notificado de las multas por ninguna vía “fue importantísimo porque, de haberlo sido, se abriría todo un procedimiento de cobro de multas por parte de la Municipalidad. Es lo que la jueza destacó: el inicio de un proceso de persecución y cobro de las multas pero no hacerlo como obstáculo de no otorgar la licencia sino pagaba las multas”

Hasta ayer viernes, PRIMERA EDICIÓN intentó sin éxito conocer la postura de la Municipalidad respecto a la apelación judicial de la medida de la Justicia.

Por ahora, no está firme la orden de tramitarle al denunciante su licencia de conducir profesional categoría E1 y se mantiene la deuda de $221.468 por las multas de tránsito que la persona desconoció.

Luna Vázquez dijo en la entrevista que “en general, en el resto de los municipios del país, ante una resolución similar, no se apeló a la medida y se hizo lugar a la orden del juzgado. Apelamos al buen criterio de la Municipalidad porque pueden seguir el procedimiento de cobro de la multa. Hasta el día de hoy (por ayer) no lo notificaron ni le dieron el derecho a defensa”.

Sostuvo que en su estudio jurídico “es un tema recurrente pero no sólo en nuestro estudio. Los colegas cuentan que el tema está dando vueltas. Es un tema particular, muy recurrente y la Defensoría del Pueblo debería tomar cartas en el asunto. Y creo que, por ahí, lo van a hacer”, se esperanzó Luna Vázquez sobre el organismo.

 

Muchas consultas por infracciones de radares y fotomultas

Adrián Luna Vázquez admitió en FM 89.3 Santa María de las Misiones que “radares, fotomultas, cartas documento de otras provincias como de Misiones intimando pagos, es cotidiano, permanente. Hay un crecimiento por parte de los distintos municipios de tratar de obtener recursos a través de esto”.

“Creo que, más que la finalidad de ordenador del tránsito, es la posibilidad de obtener recursos. Y eso es lo que está mal”, opinó el letrado.

En el sentido crítico del sistema, dijo que “en fotomultas o radares que miden exceso de velocidad, no se para al conductor para identificarlo y aplicarle la multa al conductor. Sino que se aplica a la patente del auto y eso no es correcto”.

Luna Vázquez dijo que, en estos casos y a diferencia del reclamo judicial por la licencia de conducir, “generalmente se hace la impugnación y se niega el hecho”.

“Se puede resolver siempre mejor administrativamente antes de llegar a la Justicia”, aseguró el abogado posadeño.

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Tags: Adrián Luna VázquezAmparoFM 89.3fotomultasLibre de deudaLicencia de conducirMultas
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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