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El nuevo IFE que analiza el Gobierno sería de $15.000 y se pagaría en octubre

21 septiembre, 2021
Los que en el primer pago cobraron a través del Correo fueron bancarizadps

Los que en el primer pago cobraron a través del Correo fueron bancarizadps

Durante el 2020 el IFE llegó a 9 millones de personas, en esta oportunidad los beneficiarios serán 3 millones de personas.

Desde que perdió en las elecciones primarias del 12 de septiembre, el oficialismo decidió apurar medidas económicas que mejoren la capacidad de compra a la población y ayude a revertir la derrota en los comicios generales de noviembre. En el medio, y tras una fuerte crisis política al interior del Frente de Todos, cambió parte del gabinete, pero la decisión de inyectar dinero en la calle se mantuvo firme, incluso con más fuerza que antes.

Las medidas no se ciñen exclusivamente a lo económico. De hecho, el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur, debutó esta mañana con una batería de definiciones vinculadas con una mayor flexibilización de las restricciones sanitarias, pero el objetivo es que en las próximas horas comiencen los anuncios que afectan el bolsillo. De hecho, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) prepara un nuevo incremento del piso salarial en función de la inflación prevista para este año. Son varias las decisiones que el Gobierno tiene en carpeta, y que irá anunciando de forma diaria en el curso de esta semana, según confirmaron fuentes oficiales.

Una cuarta etapa del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) es una de las medidas bajo análisis, cuyos detalles se darían a conocer, en principio, este miércoles, horas antes de que el INDEC informe el dato de desocupación del segundo trimestre del año. Durante el 2020, este programa consistió en el otorgamiento de una suma de $ 10.000 en tres oportunidades (abril, junio y agosto) a unas 9 millones de personas entre trabajadores informales, monotributistas sociales y de las categorías A y B, empleadas domésticas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y personas desempleadas.

Se trató de una medida excepcional adoptada por el Gobierno en plena pandemia y cuarentena, que tuvo como objetivo proteger a las familias ante la pérdida o disminución de sus ingresos por la situación de emergencia sanitaria.

A partir de la base de datos generada en ese momento, el Gobierno ya había dejado trascender, post PASO, que buscaría ayudar a quienes todavía seguían en situación de fragilidad económica producto de la crisis generada por la pandemia. Según datos oficiales, esta cuarta edición del IFE llegaría a unas 3 millones de personas que se desenvuelven en la informalidad, y están fuera de la AUH, la Tarjeta Alimentar o el plan Potenciar Trabajo, entre otros.

De acuerdo con lo que tiene en carpeta el equipo económico, en esta oportunidad, la ayuda alcanzaría a los $15.000 y se pagaría en octubre. Aunque no se descarta que pueda abonarse también en noviembre, ya que es el mes de las elecciones. De confirmarse este monto, se estarán destinando para este programa entre $30.000 millones y $ 45.000 millones mensuales, dependiendo de la cantidad exacta de personas alcanzadas.

El año pasado, la inversión total destinada al IFE ascendió a $263.169 millones y los beneficiarios sumaron 9.048.499. Del total, el 55,7% se destinó a mujeres, en tanto que el 44,3% restantes, a hombres. En cuanto a la distribución etaria, el 33,5% del monto se otorgó a personas de entre 25 y 34 años, mientras que otro 27,8% fue cobrado por jóvenes de entre 18 y 24 años. Según datos oficiales, el 32,8% de la población de entre 18 y 65 años recibió, en 2020, al menos un IFE.

La decisión de otorgar este año un IFE 4, aunque más acotado, no estaba en los planes del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien no sólo no previó partidas presupuestarias para asistencia COVID para 2021, sino que en reiteradas oportunidades descartó que se volviera a pagar una ayuda de estas características. Ante la segunda ola, que obligó al Gobierno a aplicar nuevas restricciones durante el segundo trimestre del año, las autoridades apelaron al programa Repro y redistribuyeron partidas presupuestarias para cubrir la mayor asistencia a empresas para el pago de sueldos. Ello sigue vigente para las firmas que aún no lograron recuperarse de la pandemia y siguen con importantes caídas de facturación, como es el caso de restaurantes, hoteles y todos los servicios vinculados con el turismo.

Esta medida se sumará a otras que también están cerca de ser anunciadas, como un nuevo bono a los jubilados que cobran el haber mínimo (hoy es de $25.922); el nuevo salario mínimo, que se ajustaría 10 puntos más de lo ya acordado por la aceleración inflacionaria; y el nuevo piso del impuesto a las Ganancias que regirá para los trabajadores en relación de dependencia, que pasará de los $150.000 brutos actuales a $ 175.000, mediante un decreto.

También están previstas otras medidas que apuntan a darle créditos a tasa 0% a las familias, así como también a las empresas. De hecho, está al salir una resolución en el Boletín Oficial mediante la cual se crea una nueva línea de financiamiento (de Transformación Productiva Pyme) por $3.000 millones, que buscará ayudar a todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas con proyectos de inversión a poder desarrollarlos. Tendrán que mejorar la productividad de la firma, promover un aumento de las exportaciones e impulsar el desarrollo de su cadena de valor.

Fuente: infobae.com

Tags: #economíaasistenciaGobiernoIFEPandemiaPaso
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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