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Huelga en la UP-VII: “Estamos dispuestos a llegar al extremo”

20 septiembre, 2021
PROTESTA PACÍFICA. Los internos no cuestionan las condiciones de alojamiento, piden celeridad judicial a los expedientes.

La protesta de internos sin condenas o con los plazos vencidos de las prisiones preventivas de sus respectivas causas, continuó ayer en la Unidad Penitenciaria VII de Puerto Rico, donde se sumó un detenido a la huelga de hambre y subió a quince la cantidad de personas que reclaman.

A través de PRIMERA EDICIÓN los detenidos decidieron comunicarse con una carta en la que sostienen, entre otros puntos, que no van a abandonar la medida de lucha hasta que no baje una respuesta del Poder Judicial a sus casos. “Ya lo decidimos y vamos a pasar en las próximas a la huelga de hambre absoluta, no vamos a tomar líquidos tampoco. Tenemos compañeros que hoy (por ayer) fueron llevados a la enfermería porque están desmejorados, muy débiles, ya cumplimos siete días en esta situación y necesitamos que la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia se presente y se entreviste con nosotros para que nos escuche, nuestro reclamo es pacífico, ya lo remarcamos hace una semana y cumplimos, pero queremos que se cumpla la ley y también ella o todos los ministros del STJ sepan que nuestras causas tienen plazos vencidos de prisión preventiva y lo que es mucho peor, no nos prorrogan siquiera, no nos notifican de nada, como si no existiéramos. Exigimos que se cumpla el Código Procesal de la Provincia, pero también la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, no nos pueden tener encerrados violando ley, eso no es justo y está penado, los jueces o funcionarios que no respetan las normas deben ser juzgados”.

Una semana

La huelga de hambre de detenidos en la UP-VII del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) entró en su octavo día consecutivo. El lunes 13 de septiembre, cuarenta internos iniciaron la medida, al día siguiente descendió a 18 y desde el miércoles fueron 14 los que continuaron con la ingesta únicamente de líquidos, hasta ayer que se sumó un decimoquinto.

Los reclamos de los internos, como publicó este Diario, apuntan a jueces, fiscales y defensores oficiales, ya que sostienen que sus causas están aletargadas o paralizadas en el fuero penal. De los que mantienen la protesta, nueve tendrían sus expedientes en trámite de debate oral en los tribunales de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial.

En el caso de Posadas tres acusados aguardan ser enjuiciados en el Tribunal Penal 1 y dos en el TP2. En cuanto a la jurisdicción de Oberá, son tres las causas que aguardan por resolverse en debate, entre ellas el juicio a un integrante de una comunidad mbya guaraní.

Entre los quince internos, tres poseen imputaciones y prisión preventiva en el Juzgado de Instrucción 1 de esta capital provincial. En la misma etapa pero en San Vicente, son cuatro los que reclaman, mientras que en el Tribunal Penal de Eldorado dos son los casos.

Los huelguistas están distribuidos en dos pabellones y en ninguna de estas dependencias se registraron incidentes graves pero aseguran que la huelga continuará a medida que los reclamos no sean respondidos.

Vale remarcar que aunque se registra sobrepoblación en la UPVII, capacidad habilitada es para 112 presos y actualmente son 177 los alojados, la protesta no cuestiona las condiciones de encierro sino la “lentitud” judicial.

Demanda

Los reclamos de los internos, como lo publicó este Diario apuntan a jueces, fiscales y defensores oficiales, ya que sostienen que sus causas están aletargadas o paralizadas en el fuero penal.

 

“Se está deteriorando nuestra salud” 

La carta de los detenidos: “Los quince internos de la Unidad Penitenciaria VII del SPP que estamos en huelga de hambre sin consumir alimentos sólidos, queremos comunicar que nuestra medida de protesta ya cumplió siete días y no recibimos ninguna respuesta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones”.

“Queremos que se sepa que a la fecha la Presidenta del STJ (Rosanna Pía Venchiarutti Sartori), ni otro ministro, se acercó con una solución a lo que solicitamos. Tampoco del Ministerio de Gobierno nos respondieron”.

“Estamos poniendo nuestra salud y vida en riesgo y vamos a continuar con la protesta. Es una situación penosa, reclamamos así porque hay funcionarios judiciales que no cumplen con la ley y de este peligro, esta violación no está exento ningún ciudadano, todos podemos caer en esta trampa o red judicial”.

“Nuestra salud se está deteriorando, esto empeora y no vamos a desistir, somos quince y vamos a esperar una respuesta y solución con la medida tomada de manera firme”. “Pedimos que los jueces y magistrados que incumplen la ley sean denunciados y juzgados. Lo indica la Constitución Nacional. Si hay un juez que no respeta la norma, la viola o incumple sus funciones, y eso es un delito agravado”.

“Queremos que se respete el Código Procesal Penal de Misiones, la Constitución Provincial y las convenciones internacionales de Derechos Humanos que tienen rango constitucional en nuestro país”. “Pasaremos a la huelga de hambre absoluta pero siempre será pacífica. Estamos dispuestos a llegar al extremo si no nos responden”.

Tags: Condenashuelga de hambreinternosprisiones preventivasPuerto RicoReclamosSTJUP-VII
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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