Cuenca y Gómez sumaron condenas por tormentos en la prisión federal de Candelaria

“EL LOBO”. Rubén Alberto Gómez alegó a su favor y solicitó que se tenga en cuenta su buen comportamiento y talleres realizados desde 2009 en la UP 17.

Los exjefes de guardia de la prisión del Servicio Penitenciario Federal de Candelaria José María Cuenca y Rubén Alberto “El Lobo” Gómez (70) volvieron a ser condenados ayer por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas conformado por los camaristas subrogantes de Corrientes, Víctor Antonio Alonso y Fermín Amado Ceroleni, y de Resistencia, Chaco, Juan Manuel Iglesias, sumaron penas de 5 (Cuenca) y 4 años y seis meses (Gómez), para los guardicárceles que ya cumplían penas por el mismo delito, “tormento agravados”, desde 2009.

Con los cómputos unificados ayer, Cuenca deberá purgar una pena de 23 años de prisión y Gómez 25. En el caso del primero de los mencionados, ayer se lo declaró culpable de seis de los ocho nuevos hechos denunciados en su contra. En cuanto a Gómez se le suman cuatro hechos también como autor penal responsable del delito de “tormentos agravados” previsto en el artículo 144 ter del Código Penal Argentino.

La acusación estuvo representada por la Fiscal del Tribunal Federal de Posadas, Vivian Andrea Barbosa, y los derechos de los encartados fueron representados por la defensora oficial Susana Criado. Como querellante se admitió a un abogado del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, Juan Bautista Martínez.

Durante ocho horas de debate se leyeron las acusaciones y elevaciones a juicio determinadas en 2019 por el fiscal general Rubén González Glaría y el juez Federal de Posadas, José Luis Casals.

Fueron cinco los testigos que debieron recordar las golpizas sufridas frente al mástil de la colonia penal de Candelaria desde octubre de 1976 a marzo de 1977. Pero antes que las voces revivieran noches y mañanas de terror en la prisión federal, fueron los acusados los que decidieron declarar ante los magistrados mencionados, aunque bajo la virtualidad de conexiones remotas a Internet desde la unidad penal federal 17 y la sala de audiencias del Tribunal de Posadas en calle Félix de Azara, casi Catamarca.

Fue José María Cuenca, exguardiacárcel que en 2009 fue condenado por once casos de torturas físicas y psíquicas, el primero en defenderse: “El país vivió este período de horror pero no comenzó en 1976 sino el 5 de diciembre de 1930 con el golpe de estado de Uriburu. Los golpes militares se convirtieron en una costumbre argentina”.

También definió a la víctimas de la dictadura militar del 76 como “jóvenes a los que alguien decidió meterlos en ese lugar equivocado pero para usarlos, también nos metió a nosotros y nos utilizó. A mí también me usaron (…) Y comenzó el 1 de mayo de 1974 cuando ya estábamos mal con Perón y nos fue peor”.

Sobre los hechos que se le imputaron no reparó, sólo defendió sus años de prisión cumplidos desde 2009 y que siempre de sintió “a derecho”. “Durante el encierro lloré mucho, me pegó muy fuerte y hasta pensé en suicidarme. Por eso estoy en el programa que me ayuda a evitar hacerlo, pero hasta hoy sigo pensando en quitarme la vida, sigo pensándolo. Sobre todo en cuanto a mi familia porque sufre mucho esta tragedia”.

“Es posible que hayan pasado cosas en la colonia penal de Candelaria. En el lapso que se imputan los hechos yo soy responsable pero nunca participé (de las golpizas). Pude no haber cumplido bien con mi trabajo pero ya es tiempo de cerrar esta historia y que podamos mirar hacia delante, sin odios y con justicia”, agregó Cuenca, antes de cerrar solicitándole a su defensora a que “no se apele el fallo del Tribunal, sea cual sea”.

Rubén Alberto Gómez, nacido en Santa Fe, utilizó su derecho para resaltar que “ya cumplí catorce años de encierro y quiero que se tengan en cuenta mis antecedentes carcelarios, porque pasé todas las fases de resocialización con calificaciones 10 en los talleres y una nota 9 en cuanto a concepto. Por ello me dieron el régimen de salidas transitorias que por este juicio me la cortaron hace un año y medio”.

Sobre las acusaciones sostuvo: “No recuerdo los hechos que se me imputan, realmente no me acuerdo. En 1976 tenía 24 años”.

También exigió:“Quiero que me den además una fecha precisa de cuándo voy a volver a estar con mi familia, porque ya cumplí con creces haber estado preso, ya pagué con la sociedad y la Justicia”.

POLÉMICO PEDIDO. Cuenca pidió que la condena “satisfaga” a las víctimas.

La carta de despedida

Los relatos de torturas, golpizas, picanas, vejaciones sexuales y muerte cometidos entre 1976 y 1983 en Argentina por quinta vez se replicaron ayer en el Tribunal Federal de Posadas,

Héctor Escobar (67), exmilitante de la Unión de Estudiante Secundarios y de la Juventud Peronista, fue la primera víctima en relatar su padecimiento en la unidad penal de Candelaria: “’El Lobo’ Gómez me torturó, al menos seis veces y Cuenca en una ocasión”.

“En una de esas noches me sacaron y simularon mi fusilamiento, dos veces lo hicieron. Primero me torturaban, me golpeaban. Una de estas simulaciones fue como en las películas, dijeron que me juzgaron por subversivo y me hicieron redactar una carta de despedida a mi familia. Después golpeado, me arrodillaron frente al mástil, con los ojos vendados y uno de ellos dio la orden ‘preparen, apunten, fuego’. Gatillaron pero no salieron balas, abrieron un matafuegos y me rociaron con el gas y polvo. Era el desprecio absoluto conmigo, total falta de respeto por la vida”.

“Me obligaron a escribir una carta, me dictaban que yo era el culpable de todo, que asumía que la dictadura era nuestra culpa”.

“Durante las guardias de Gómez y Cuenca se torturaba. No queríamos que lleguen las noches que estaban ellos porque sabíamos que nos iban a golpear. Y si no nos golpeaban sufríamos por los gritos de los compañeros. La tortura psicológica era terrible”.

Los testimonios luego de Ricardo Ortellado (62), Pedro Ávalos (64) y Esteban Cártago Lozina (63) fueron coincidentes: “No queríamos que llegara la noche, teníamos miedo a las guardias del ‘Lobo’ Gómez y Cuenca. También de día, porque nos sacaban a la explanada y nos golpeaban terriblemente frente a la bandera”. Ortellado remarcó que “tenía 17 años y una vez Cuenca me obligó a masturbarme, cualquier cosa hacía, varios compañeros sufrieron que les rompan los brazos y piernas”.

Ávalos graficó en el mismo sentido: “Me golpeaban y se burlaban de mi discapacidad, los golpes me mareaban y caía al piso (…) No nos interrogaban, nos pegaban mucho y se reían, era sólo por el placer de ellos, era sólo perversidad (…) Una vez me pidieron que cantara el himno al Che Guevara, y yo no lo sabía, pero la orden me la daba Cuenca”.

Ortellado fue contundente: “Cuando pude ver películas ya en libertad, aprendí que lo que sufrimos fue un minicampo de concentración nazi y que en el caso de Candelaria, ‘El Lobo’ Gómez y Cuenca eran los jerarcas, los señores del penal y a nosotros nos tiraban desnudos, morados de los golpes, en una camilla para que nos recuperemos con la pastilla milagrosa: una novalgina”.

“Fue crueldad, no obediencia debida”

Esteban Lozina, exfuncionario político, abogado y docente universitario, fue el último de los testigos ante el Tribunal Federal ayer. Relató su calvario en la cárcel de Candelaria:

Desde el primer día nos golpearon para ablandarnos. Fue cruel y trágica la estadía allí. El ‘Lobo’ Gómez tenía una cadena con una argolla en la punta. Con eso nos destrozaban. Cuenca me obligaba a hacer flexiones de brazos desnudo y con bastón largo me apoyaba la punta en el ano. No alcanzó a penetrarme por la transpiración o no sé por qué. Me decían que mis familiares ya habían muerto todos y me daban la dirección de cada uno de ellos. No cumplieron órdenes de obediencia debida, cumplieron sus órdenes de crueldad”.

Encuadre legal

Tanto Cuenca como Gómez fueron condenados ayer como autores penalmente responsables del delito de “tormentos agravados” en seis y cuatro hechos, respectivamente.

Las penas están previstas en el capitulo I “Delitos contra la libertad individual” correspondiente al Título V del Código Penal Argentino.

De acuerdo al artículo 144 ter de esta norma, se indica que “será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura (…) Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho (…) Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos”

“Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente”.