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Cuestionan la lentitud en causas de delitos rurales

4 septiembre, 2021
MÁS PRESENCIA. La Policía creó una división especial para combatir delitos rurales y logró una disminución.

MÁS PRESENCIA. La Policía creó una división especial para combatir delitos rurales y logró una disminución.

MÁS PRESENCIA. La Policía creó una división especial para combatir delitos rurales y logró una disminución.

Los productores autoconvocados contra los delitos rurales siguen llevando adelante su batalla para lograr reducir la inseguridad, primero, y resolver las causas judiciales que los tuvieron como víctimas, después.

En este sentido, su vocero, el productor Sergio Delapierre, sostuvo que han disminuido notablemente los delitos rurales en inmediaciones de donde se instalaron los nuevos destacamentos: Colonia Guaraypo, en Montecarlo, y 9 de Julio.

Pero se lamentó que en la esfera de la Justicia provincial no han mejorado las condiciones para acelerar los expedientes dormidos en los estantes de los Juzgados.

“Fue llamativa la diferencia de casos, disminuyeron los casos de robo y abigeato en las proximidades de los destacamentos que son dos, eso ayudó a espantar un poco al delincuente. Eso demuestra que la presencia policial es fundamental para que cesen los abundantes casos de robo”, señaló Delapierre.

En declaraciones efectuadas a FM 89.3 Santa María de las Misiones, indicó que “en febrero nos reunimos con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, en ese momento se había dicho que se iba a designar una persona exclusivamente abocada a los temas de delitos rurales. Eso no fue así, se designaron personas que son las mismas que ya desarrollaban tareas en cada uno de los juzgados”.

“En Eldorado hablamos con el juez (Roberto) Saldaña y nos explicaba que tiene la misma situación que antes. Está nominada la persona para que se aboque a delitos rurales pero es la misma persona con que contaba, no hubo un cambio”, se quejó.

“La solución que estamos proponiendo es que se le dé una mejor dotación de personal a los juzgados. Por lo menos una persona en cada uno de los juzgados. No sólo hay trámites pendientes por robo y hurto sino también la usurpación. Creemos que faltaría un ajuste en la parte de la Justicia dotando de un personal exclusivo”, remarcó el productor.

Agregó que “no pedimos exclusividad eterna pero que se vacíen los estantes de casos atrasados para la gente que todavía tiene ocupación en sus tierras o robo de ganado y yerba”.

Anticipó que los autoconvocados seguirán gestionando este tipo de respuestas ante el Gobierno provincial.

 

Menos robos

En cuanto a los casos de inseguridad, sostuvo que “quedó demostrado que la presencia policial es fundamental para que cesen los abundantes casos de robo. Eso no significa que no hay más casos. Permanentemente se reciben denuncias pero en menor medida”.

“Otra medida que ayudó fue que se han estado persiguiendo las playas de acopio ilegal que trabajaban sobre ruta 12. La acción de los inspectores del INYM más las denuncias de autoconvocados y la acción de la Policía constituyeron la razón para que disminuya el robo”, aseguró.

Y respecto a los que fueron detenidos por estos delitos, indicó que “un problema que nos enteramos es que faltan lugares para alojar a los detenidos, ese es un inconveniente que tiene el Estado”.

 

Planes sociales y empleo

Delapierre se refirió también al decreto presidencial que entró en vigencia el 1º de septiembre y que establece una compatibilidad entre planes sociales y empleo rural temporario. Con esta herramienta se busca poner fin a la falta de mano de obra en las actividades rurales por temor a perder los planes.

Según el dirigente de los ruralistas “ahora se verá si los planes eran la razón por la que la gente no quería trabajar. Vamos a tener una percepción del fenómeno de la cosecha. Siempre se decía que la gente no quería trabajar por miedo a no perder los planes. De ahora en adelante, aquella persona que no quiera blanquearse es porque no quiera trabajar”.

En este sentido, sembró dudas de que sea ese el motivo, “en algunos casos se descubrió que no hay ánimo de trabajar. Es una excusa”,   y agregó que “en las marchas miles de personas piden trabajo genuino, a partir de ahora no debería faltar mano de obra en ningún tipo de actividad rural”.

 

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Tags: #InseguridadJusticiaMisionesRuralistasSergio Delapierre
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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