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Indígenas reclaman tierras en batalla legal contra el Gobierno brasileño

2 septiembre, 2021
Indígenas reclaman tierras ancestrales en una batalla legal contra el Gobierno brasileño

Indígenas reclaman tierras ancestrales en una batalla legal contra el Gobierno brasileño

Un grupo de indígenas brasileños reclaman desde 1988 cientos de hectáreas de tierras que aseguran les pertenecieron hasta la llegada de colonos europeos que se asentaron en sus territorios ancestrales.

Es el caso de la comunidad Xokleng, que habita en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Los indígenas de este pueblo que participaron en la sesión en la Corte Suprema esperaban ansiosamente el fallo que podría restaurar el territorio que perdieron hace décadas.

La Corte analiza si el Gobierno estatal aplicó una interpretación demasiado estrecha de los derechos indígenas al reconocer únicamente las tierras ocupadas por comunidades nativas en el momento en que se ratificó la Constitución de Brasil, en 1988.

El derecho a las tierras ancestrales, determinado en la Constitución

La Corte Suprema de Brasil reanudó este miércoles el juicio sobre la llamada “tesis del marco temporal” para la demarcación de tierras Indígenas, luego de haber sido suspendida el pasado 26 de agosto.

🏹OS POVOS INDÍGENAS CHEGAM AO STF!🌱

Os 1200 indígenas de 70 povos chegam ao STF para acompanhar o julgamento. No momento, está ocorrendo a sustentação oral contra o Marco Temporal.#MarcoTemporalNão #VidasIndígenasImportam #MobilizaçãoNacionalIndígena pic.twitter.com/dBE9LOV4nS

— Apib Oficial (@ApibOficial) September 2, 2021

El caso del reclamo de tierras se desató cuando el Gobierno estatal interpretó limitadamente los derechos indígenas para poder desalojar a la comunidad Xokleng de una reserva natural en sus tierras ancestrales.

Según APIB (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), la mayor organización indígena de Brasil, la llamada “tesis del marco temporal” es “una tesis ruralista que restringe los derechos indígenas“.

“Según esta interpretación, considerada inconstitucional, los pueblos indígenas sólo tendrían derecho a las tierras que estaban en su poder el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución. Esta tesis es defendida por empresas y sectores económicos interesados ​​en explorar y apropiarse de tierras indígenas“.

Pero, a esta figura se le opone la llamada “teoría del indigenato”, consagrada en la Constitución de 1988. Según ella, como cita APIB, “el derecho indígena a la tierra es original, es decir, es anterior a la formación del propio Estado brasileño, independientemente de una fecha concreta de la posesión de la tierra (“marco temporal”) e incluso el procedimiento administrativo de demarcación territorial”.

Poco después de la interpretación del Gobierno, la decisión fue apelada por Funai (Fundación Nacional del Indio), la agencia de asuntos indígenas de Brasil, que lo hizo en nombre de los miembros de la comunidad Xokleng.

Por su parte, Luiz Eloy Amado, abogado de APIB, aseguró que la regla era inconstitucional porque no había un plazo en la Carta Magna de 1988, que garantizaba el derecho a las tierras ancestrales.

BAHIA | Marcha Primavera Indígena nos territórios

Povo pataxó hã hã hãe fechou a BR 101 no sul da Bahia, Protestando contra Marcos temporal e em apoio aos ministros e ministras do Supremo. #LutaPelaVida #MarcoTemporalNão pic.twitter.com/E9d4fhi5rp

— Apib Oficial (@ApibOficial) September 2, 2021

“La cuestión de la tierra es fundamental para los pueblos indígenas de Brasil”, dijo Amado a la Corte este miércoles, y agregó que unas 800 reclamaciones se paralizarían si el tribunal no rechaza el plazo de 1988.

Sin embargo, el procurador general del Gobierno, Bruno Bianco, argumentó que el la “tesis del marco temporal” brindaba seguridad jurídica a los agricultores, muchos de los cuales han vivido durante décadas en tierras que alguna vez estuvieron habitadas por nativos que fueron expulsados ​​por la llegada de los colonos europeos.

Luego de varias horas de escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal había suspendido la sesión hasta este jueves. No obstante, se espera que el caso se prolongue durante varios días más.

Fuente: Medios Digitales

Tags: #BrasilPueblo OriginariosTierras indígenas
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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