La columnista del Wall Street Journal María Anastasia O’Grady cuestionó con dureza al Fondo Monetario Internacional (FMI) por otorgarle recursos a países con “dictadores”, líderes “falsos” y gobiernos “socialistas” entre los que mencionó a la Argentina y Nicaragua.
En particular, señaló que con esta ayuda el gobierno argentino podrá llegar a las elecciones legislativas “sin una crisis” y sin haber hecho ninguna reforma para que la economía vuelva a crecer en forma sostenida.
Se refiere al giro de los derechos especiales de giro (DEGs) del FMI por USD 650 mil millones, de los cuales Argentina recibió USD 4300 millones la semana pasada.
En su columna, O’ Grady señaló que “el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, encarcela, asesina y hace desaparecer a sus opositores políticos. Ha tomado el control del Tribunal Supremo y del consejo electoral y ha amordazado a la prensa convirtiendo en delito la difusión de “noticias falsas””.
“Mientras se ‘postula’ para un cuarto mandato en noviembre, sus rivales más serios están bajo arresto. La Nicaragua de Ortega es un estado policial. Para los defensores de la paz y la libertad, esto le convierte en persona non grata. En el Fondo Monetario Internacional, es un miembro apreciado”.
“También lo son los gobiernos de la socialista y morosa Argentina y de El Salvador, que cada día se desliza más hacia un gobierno arbitrario y autoritario”, advirtió.
“Estos son algunos de los malos actores del hemisferio occidental que recibieron más derechos especiales de giro del FMI el 23 de agosto como parte de una nueva asignación general de 650.000 millones de dólares”.
La columnista afirmó que estos países “no juegan con las reglas de la comunidad internacional, pero de repente cientos de millones de dólares a tasas bajísimas llegan en sus arcas”. De inmediato, indicó que “los DEG se crean de la nada, pero pueden convertirse, por pedido, en moneda fuerte: Si un miembro quiere dólares, Estados Unidos está obligado a proporcionárselos pidiendo prestado en los mercados de capitales”.
En este sentido, afirmó que “la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que ha liderado esta nueva ronda de DEG, afirma que la transacción es una ayuda gratuita para los necesitados. Pero si eso es cierto, ¿por qué limitar la emisión?”.
“De hecho, la conversión de los DEG en dólares es un préstamo subvencionado y perpetuo. Para los países pobres, la subvención supera el 90% del valor del préstamo”, señaló.
“Cada uno de los 190 miembros ha recibido una nueva asignación de DEG, según su cuota en el Fondo, sin importar el compromiso de la nación con los derechos de las minorías, las instituciones o el Estado de Derecho”.
“Esto implica otro costo, soportado por los pobres, a quienes la Sra. Yellen y sus amigos del FMI dicen que intentan ayudar. Los opresores obtendrán una ganancia inesperada, sin hacer preguntas”, indicó.
“Cuba no es miembro del FMI, y Venezuela no puede acceder a sus DEG porque el gobierno no es reconocido por la mayoría simple de las acciones con derecho a voto de los miembros”. Sin embargo, “a Nicaragua se le han acreditado 249 millones de DEG, equivalentes a casi 354 millones de dólares al tipo de cambio actual de un DEG por 1,42 dólares”. Y “a El Salvador le corresponden 275 millones de DEG, valorados en 390 millones de dólares. Argentina recibió casi 3.100 millones de DEG, por un valor de unos 4.400 millones de dólares”.
“El pago al corrupto Sr. Ortega, que es dueño y dirige el país como lo hizo Anastasio Somoza en los años 70, es un escándalo. Es una bofetada a una nación que necesita el apoyo internacional mientras se enfrenta con valentía a un régimen que mata a tiros a los disidentes en las calles”, fustigó la editorial.
Sobre el país
“Los argumentos a favor de los DEG como medio para ayudar a los pobres son igualmente débiles en Argentina”, consideró la especialista del Wall Street Journal.
“El país debe al FMI unos 45.000 millones de dólares con escasas perspectivas de reembolso. Las dos partes llevan meses negociando lo que sería una reprogramación de la deuda, pero no han avanzado”, analizó.
“El problema es el modelo económico del gobierno socialista, gasto populista, altos impuestos, controles de capital y una inflación que supera el 50% anual”, continuó O’Grady.
“Argentina ya no puede acceder a los mercados de capitales y la inversión ha caído en picada. medida por el índice de bonos de mercados emergentes de JPMorgan, el riesgo país es de más de 1.500 puntos básicos”, analizó la especialista.
A su vez, puntualizó que “para mantenerse al día con el fondo, Argentina debe realizar dos pagos de capital e intereses, por un total de unos 4.500 millones de dólares, antes de que finalice el año”.
“Ahí es donde va a parar la contribución de la Sra. Yellen a los pobres: permitirá al gobierno llegar a las elecciones de medio término en noviembre sin una crisis y sin hacer las reformas necesarias para recuperar el crecimiento”, agregó.
O’Grady citó en su nota al economista Pablo Guidotti, quien señaló que este es “un claro ejemplo del efecto contraproducente de una asignación incondicional de DEG”. “Sin un acuerdo y sin acceso a los mercados de capitales para el próximo año, la única opción de Argentina será caer en mora ya que debe realizar pagos al FMI por 19.000 millones de dólares tanto en 2022 como en 2023”, dijo.
Luego, cuestionó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien “intimida a empresarios y jueces que no comparten su política” y agregó que “el año pasado, cuando el Congreso de su país no quiso aprobar su programa, llevó soldados armados a la cámara y se sentó en la silla del presidente”.
O’Grady finalizó: “Hubo un tiempo en que las grandes ayudas multilaterales estaban condicionadas a los intentos de buen gobierno. Esos días ya no existen”.
Un semestre “imposible”
“Más vale un buen acuerdo que uno rápido” es la premisa que repite el Gobierno cuando se le pregunta por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar los u$s 45.000 millones que el país tomó prestado en 2018, bajo la tutela del ex presidente Mauricio Macri, y para diferenciarse de la anterior gestión.
Las conversaciones con el FMI tienen una fecha límite que se autoimpuso el propio oficialismo, preso de las otras necesidades; será el 31 de marzo de 2022, cuando termina el “puente de tiempo” que el Club de París le otorgó a la Argentina para cerrar un acuerdo con la otra institución multilateral para postergar los pagos de u$s 2.000 millones.
Si el ministro de Economía, Martín Guzmán, no alcanza a cerrar el trato con el organismo, los u$s 4.334 millones que entraron a las arcas del Banco Central por la distribución de Derechos Especiales de Giro (DEG) se irán casi por completo en repagos de capital e intereses del crédito Stand By.
Pero esa no es la única preocupación en los despachos oficiales: en el siguiente trimestre caen vencimientos por otros u$s 4.000 millones (2787,6 millones de DEG) con el FMI, que disminuirían notablemente las reservas netas del BCRA.
Un informe de la consultora Equilibra alertó: “El Tesoro cerraría el año con un stock de DEG de 492 millones (poco menos de u$s 700 millones), que le alcanzaría para pagar casi todo el vencimiento de principal de enero (unos u$s 730 millones)”.
Así, el calendario original de pagos al FMI suma en el semestre del 22 de septiembre al 22 de marzo de 2022 un total superior a los u$s 8.200 millones, a la actual valuación de los DEG.
Agencias y medios digitales
