La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas manifestó su preocupación por la creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía y cuestionó al presidente Alberto Fernández porque “la medida profundiza la desambientalización que presenta desde sus orígenes el denominado proyecto Hidrovía Paraná Paraguay, y reduce dramáticamente los mecanismos de participación ciudadana”.
Mediante el decreto 556/21 el Poder Ejecutivo creó un organismo descentralizado autárquico dependiente del Ministerio de Transporte que tendrá un Consejo Directivo integrado por quince miembros, y excluye al Ministerio de Ambiente de la Nación como así también a organizaciones de la sociedad civil.
“Esto significa profundizar la situación sucedida en el Consejo Federal de la Hidrovía, un órgano político directamente organizado por el poder Ejecutivo Nacional, designado por él mismo. Esta decisión reduce directamente la democracia participativa socio-ambiental al minimizar la ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de nuevos pliegos, incumpliendo no solo con la legislación constitucional ambiental sino también con el Acuerdo de Escazú, firmado recientemente por nuestro país y vigente desde el pasado 22 de abril de 2020”, manifestó la asociación en un comunicado.
Matriz de los años 90
Para los abogados ambientalistas, a la falta de participación ciudadana “hay que agregarle los cuestionamientos esgrimidos desde diversos sectores de la sociedad civil, destacándose las fuertes críticas que provienen de las comunidades que se encuentran directamente afectadas por este modelo de gestión de cuenca actual, directamente emparentado con la matriz institucional y política de los años ’90”.
Además, expresaron que “la decisión no refiere a ningún tipo de resguardo en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente a nivel federal, provincial y municipal. El punto 22 incluso habilita tareas para garantizar la navegabilidad frente a emergencias”.
“Esto podría implicar tareas de sobredragado en un marco de crisis hídrica que está atravesando nuestro país y la región. Los actos administrativos dictados en el marco del Proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay y la cuenca toda, deben estar ajustados al Estado de Derecho ambiental”, advirtieron.
Contexto de crisis ambiental
“En un contexto global de crisis climática y ecológica, la emergencia hidrológica de nuestras cuencas no puede quedar desatendida ni interpretada como licencias para mayores niveles de intervenciones antrópicas, sino todo lo contrario. Esta situación debe profundizar los mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones públicas, los instrumentos de política y gestión ambiental para administrar los riesgos y prevenir daños permanentes a los ecosistemas fluviales”, remarcaron desde la asociación.
“La extrema vulnerabilidad del sistema de humedales, la fauna ictícola y la fragilidad de los márgenes de las costas implica actuar de manera preventiva y precautoria, situación no advertida en el decreto sancionado”, agregaron.
“La democracia ambiental invita a conformar nuevos espacios de construcción colectiva y participativa en las decisiones que puedan comprometer la integridad de los bienes comunes, en el caso, los recursos hídricos y servicios ambientales de la segunda cuenca más importante de Sudamérica”, expresaron los abogados.
