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Década estancada: los factores de una economía que no crece

16 agosto, 2021

 

La economía argentina no crece sostenidamente, desde hace 10 años, dice un informe de Ecolatina. En ese lapso, el PBI per cápita se redujo 12% entre 2011 y 2019. “Más aún, esta variable cayó 16% si sumamos 2020 y 2021 al análisis, años en que la pandemia afectó gravemente a la actividad”, sostiene la consultora. En la región, en cambio, el PBI per cápita creció 3,6% entre 2011 y 2019.

 

El informe subraya que, como resultado de este estancamiento, la Argentina quedó en el puesto 175 sobre un total de 192 países en el ranking de crecimiento de la década en cuestión.

Entre 2003 y 2011, el PBI promedió una suba del 7% anual, habiendo alcanzado en 2005 los niveles precrisis de la Convertibilidad y expandiéndose genuinamente después.

Fueron los años del llamado crecimiento a “tasas chinas”, caracterizados por un escenario de superávits fiscal y de cuenta corriente, “en un contexto de pagos de deuda externa acotados -a excepción del FMI en 2005- que impulsaron a la inversión”.

Era, además, un mundo de buenos precios internacionales de commodities, en especial desde 2006, lo que sumado a un “dólar competitivo fortalecieron la entrada de divisas y alejaron potenciales expectativas de devaluación”.

“Sin embargo, esta época de bonanza no duraría para siempre. De hecho, en ella se generaron algunos problemas que complicarían luego la situación posterior. Concretamente, una inflación que se instaló en la zona del 20% desde 2007 -a excepción de un 2009 de crisis internacional- y un resultado fiscal que se deterioró sistemáticamente impidieron que el crecimiento sostenido perdurara”, analiza la consultora fundada por Roberto Lavagna.

 

La mejora de la demanda interna y la recuperación del salario en dólares impulsaron a las importaciones, erosionando también al superávit de cuenta corriente, que pasó a terreno negativo en 2010. “Los pilares del crecimiento de la década anterior, entonces, se habían esfumado”, concluye el documento.

En este marco, en 2011-2012 recrudecieron las tensiones en el mercado cambiario, que se “resolvieron” con el cepo -de manera transitoria y postergando una solución más duradera-.

“Ahora bien, en lugar de promover correcciones de fondo, las restricciones del mercado cambiario se aprovecharon para abaratar al dólar oficial, impulsando así al poder adquisitivo y el consumo de las familias”, advierte el informe y detalla: “El objetivo se logró, y este componente de la demanda creció 4% entre 2012 y 2015 -ayudado también por el congelamiento tarifario, que elevó el gasto en subsidios, volviéndolo una porción tan relevante como difícil de sostener del déficit fiscal primario de 2015”.

En diciembre de 2015, la economía argentina tenía importantes pasivos por el lado fiscal y cambiario, además de distorsiones relevantes de precios relativos. “No obstante, tenía un activo clave: el bajo nivel de deuda pública relevante -es decir, con acreedores privados y organismos multilaterales de crédito”, señala Ecolatina, para luego subrayar que, “apalancándose en esta virtud, el gobierno de Cambiemos intentó corregir los desequilibrios heredados y estimular el crecimiento al comienzo de su gestión”.

En la primera mitad del mandato logró algo de esto, y el PBI avanzó casi 3% entre 2016 y 2017. “Sin embargo, un acelerado incremento de la deuda en un país que no resolvía sus problemas de fondo frenó el influjo de capitales privados a comienzos de 2018, para luego provocar una salida constante de estas inversiones durante el año y medio siguiente”.

 

Vuelve el FMI
Un déficit de cuenta corriente que había alcanzado los u$s 30.000 millones en 2017, equivalente a 5% del PBI, y una deuda en moneda extranjera que había crecido u$s 80.000 millones en dos años marcaban que la economía argentina necesitaba demasiadas divisas para funcionar; divisas que, al momento, empezaban a dejar de llegar. En este marco, y para evitar una devaluación todavía mayor -o una vuelta del cepo- el gobierno de entonces recurrió al FMI en mayo de 2018.

“El préstamo del organismo multilateral aceleró el proceso de ajuste fiscal, pero limitó severamente las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios, motivando sucesivos saltos del dólar en la segunda mitad de 2018. En respuesta, se aceleró la inflación, que superó la barrera del 50% anual, y los salarios perdieron casi un quinto de su poder de compra.

El consumo se desplomó y el PBI cayó casi 5% durante la gestión Cambiemos -y casi 8% a nivel per cápita”, describe el trabajo. Además, la llegada de la pandemia agravó la situación anterior, como era de imaginar.

Por un lado, las restricciones operativas en una economía con demanda deprimida y sin financiamiento provocaron una caída del 10% en el PBI durante el año pasado. A la vez, el arribo del coronavirus motivó ciertas distorsiones que, no por necesarias fueron menos problemáticas. Si cuando Macri dejó el poder el stock de deuda era un problema, pero el esquema de precios relativos parecía más estable y el resultado fiscal primario se había equilibrado, en 2020 se atrasaron las tarifas y se disparó el déficit fiscal primario.

Deuda
Si bien la reestructuración con acreedores privados relajó el perfil de pagos hasta 2024, y un posible acuerdo con el FMI -en 2022- despejaría los vencimientos, lo cierto es que el stock de deuda sigue siendo un problema.

 

Más leña al fuego
Ecolatina advierte que los problemas de 2019 siguen vigentes en 2021, a la vez que algunos de los desafíos que se habían corregido entre 2016 y 2019 reaparecieron durante -y en parte por- la pandemia.

Tags: #economíaArgentinadécada estancadaEcolatinafactores
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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