La Tarjeta Alimentar “resultó una red de protección” ante el “empeoramiento de la situación socio-alimentaria” del país, pero no mejoró la calidad nutricional de quienes la perciben, según un informe publicado este jueves por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
En un informe de balance sobre el impacto de esa política alimentaria en la población objetivo de ese programa, la UCA comparó el consumo de alimentos y productos de limpieza o higiene personal en los hogares que reciben la tarjeta, frente a las familias que no cuentan con esa asistencia.
En ese sentido, el reporte de la universidad remarcó que “la estimación del impacto promedio del Programa Alimentar sugiere que, en ausencia de la transferencia, los hogares destinatarios hubieran tenido un incremento mayor de la inseguridad alimentaria en su umbral total del que efectivamente tuvieron”, explicaron.
Al respecto, las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social apuntaron que los hogares que no fueron destinatarios de la Tarjeta Alimentar -y que tampoco fueron receptores de la Asignación Universal por Hijo- tuvieron un aumento de 23,6% en la inseguridad alimentaria total frente a 1,7% en el caso de los destinatarios, puntualizó el trabajo académico.
Por otra parte, el estudio midió el impacto teórico positivo en algunos indicadores sociales como pobreza e indigencia entre los hogares destinatarios de la Tarjeta Alimentar. En ese sentido, la UCA estimó que sin la ayuda alimentaria, la incidencia de la indigencia entre chicos de 0 a 17 años, que calcularon en 10,6%, habría sido casi 10% más alta, hasta 20,5%. Y la pobreza, además, que a ese sector en particular afecta a 79,8% de los chicos, podría haber sido de 86,1% sin esa política asistencial.
Respecto a la calidad de la alimentación y la nutrición, algo que fue marcado repetidamente por el todavía ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, como uno de los objetivos del programa, el informe de la UCA aseguró que “los hogares destinatarios de Alimentar tienen efectivamente un mayor consumo de los distintos grupos de alimentos analizados -con la excepción del consumo de pescados- que los hogares vulnerables no destinatarios, luego del emparejamiento”.
“Por ejemplo, el 89,3% de los hogares destinatarios en la base apareada declaran haber adquirido carne en su última compra, el 86,3% adquirió lácteos, 86,1% compró frutas y verduras y 81,3% llevó legumbres (como porotos o lentejas). De todos modos, el impacto promedio no resultó estadísticamente significativo en todos estos casos. De hecho, sólo se aprecia un impacto medio robusto en favor de los destinatarios del Programa Alimentar en el caso de los consumos de huevos y de legumbres”, evaluó el documento de la UCA.
Según el informe, “no se aprecian impactos estadísticamente significativos en el consumo de carne, de lácteos ni de frutas o verduras. Se aprecia, en cambio, que los hogares destinatarios del Programa tendrán una mayor propensión al consumo de huevos y legumbres que los hogares del grupo de comparación”, es decir, sin la tarjeta Alimentar. En ese sentido, el trabajo académico arrojó que “se aprecia una ausencia de impactos sobre la calidad de la dieta de los niños/as y adolescentes en grupos de alimentos fuente de nutrientes esenciales (lácteos, frutas y verduras)”.
Eso sería consecuencia de las “dificultades del Programa para realizar las actividades de educación nutricional, previstas en el diseño, debido a las restricciones impuestas” por la pandemia, de acuerdo con el reporte.
Por último, con relación al acceso de los beneficiarios del programa a artículos de limpieza e higiene personal, la UCA indicó que “la evolución se dio en un contexto en el que los hogares debieron dirigir mayores recursos a productos de limpieza debido al contexto de pandemia por COVID-19”.
El programa Alimentar está enmarcado en el “Plan Argentina contra el Hambre” y destinado a personas que cobran la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por embarazo, personas con discapacidad que cobran la AUH sin límite de edad y madres con siete hijos o más que perciben pensiones no contributivas.
El monto del beneficio va desde los 6.000 a los 12.000 pesos y puede percibirse como transferencia bancaria o a través de una tarjeta física. En este último caso, sólo se puede usar para comprar alimentos.
Cuestión de fondo
Hace semanas, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina dio a conocer el informe completo titulado “Efectos de la pandemia COVID-19 sobre la dinámica del bienestar en la Argentina urbana”, el cual tuvo un adelanto en diciembre del año pasado y que refleja los aumentos en las tasas de pobreza, indigencia y de desempleo en el cuatrimestre julio a octubre de 2020 en medio de la pandemia de coronavirus.
En ese contexto, su director, Agustín Salvia, dijo que “los problemas estructurales de pobreza por ingresos no son por falta de programas sociales sino por falta de trabajo”.
El relevamiento arrojó aumentos de la proporción de la población en estado de pobreza –por no contar con ingresos insuficientes para poder comprar la canasta básica de alimentos y servicios públicos y privados– de 40,8% en 2019 a 44,2% en 2020. La cifra comprende a 20,3 millones de argentinos y argentinas, según la proyección al total de la población del país.
En ese marco, las cifras de desempleo subieron en el tercer trimestre de 2020 de 10,6% a 14,2%, cifra que se eleva a más del doble si se agrega el “efecto desaliento”. Significó pasar de casi 2,1 millones de desocupados a poco más de 2,7 millones.
Avanza una investigación
El caso de fraude con las Tarjetas Alimentar en el partido bonaerense de Pinamar tuvo ayer un nuevo capítulo a partir de una intimación que el Banco Provincia le envío al intendente local del PRO, Martín Yeza, para que devuelva 2.050.990 pesos.
La polémica empezó a principios de este año, con la denuncia de la ex secretaria de Desarrollo Social, Nora Ponce, por presuntas irregularidades en el reparto de esta asistencia social oficial, que llevó a la detención en marzo pasado de dos funcionarias de esa área acusadas de haber robado lotes de la Tarjeta Alimentar para llevar a cabo un desvío de fondos.
Ahora, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, intimó mediante una carta documento a Yeza para que el municipio devuelva los más de dos millones de pesos que se desviaron con esa maniobra, que sigue bajo investigación por parte del Poder Judicial.
Tras detallar la denuncia penal que presentó el Banco Provincia por este hecho, la carta documento “intima al Municipio a asumir la responsabilidad que le compete, procediendo al inmediato reintegro al Ministerio (de Desarrollo Social) citado de la suma (…) que, según se denunciara en la causa penal, asciende al presente a $ 2.050.990”.
Según la denuncia, la maniobra consistió en transferirse el crédito de 250 tarjetas por más de 2 millones de pesos.
