Desde el Foro para la Defensa y Promoción de los Derechos de Personas con Discapacidad, denunciaron que sólo la mitad del dinero que las obras sociales sindicales pidieron al Gobierno para atender las necesidades de los afiliados con discapacidad se utilizará para este fin.
“Los sindicatos están pidiendo $11.400 millones para compensar el aumento de los costos de los tratamientos por discapacidad pero, en realidad, el incremento que tendría ese fondo en el pago de las prestaciones es solo la mitad”, dijo a FM 89.3 Santa María de las Misiones, el miembro permanente del Foro para la Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Daniel Lipani.
Cabe destacar que el Gobierno también anunció un aumento de al menos un 7% para las cuotas de las empresas de la medicina privada.
Desconocen el destino del resto del subsidio
Este año, “ANDIS y el Ministerio de Salud, aprobaron un incremento escalonado del 34%. Todo esto bajo el compromiso de la Secretaría de Presidencia de gestionar un subsidio de $11.400 millones para las obras sociales”, publicaron en un comunicado.
Sin embargo, este dinero “representa el 40 % de lo que utilizó la Salud para cubrir las prestaciones durante todo el 2020. Por lo tanto, si el destino de ese subsidio fuera realmente compensar el incremento de estas prestaciones, se les debería haber otorgado un incremento del 40% desde el mes de enero”, explicaron.
En este sentido, Lipani destacó que “es cierto que las obras sociales sindicales están en crisis, pero no es cierto que es por los afiliados con discapacidades, como tampoco es cierto que la totalidad de ese monto lo utilicen para cuestiones relacionadas a la discapacidad”.
Por lo tanto, ratificó que “el 46% de este fondo ($5.289,99 millones) se destina a otros fines: se están cubriendo cuestiones que no son de atención especial a personas con discapacidad y que tienen que ver con déficits administrativos”.
Atraso arancelario
En el comunicado también mencionaron el atraso arancelario que tienen las instituciones desde el 2017.
“Las más de mil instituciones que dan servicio a las personas con discapacidad, junto a miles de profesionales y transportistas, vienen sufriendo un atraso arancelario que se incrementa desde 2017 hasta alcanzar, a la fecha, un promedio del 70%”, señalaron.
“En todo el 2020 sólo se otorgó un 10% de aumento y recién a partir de diciembre, con paritarias que alcanzaron el 36% e inflación similar, resulta insuficiente y continúa desfinanciando el sistema”, concluyeron.
