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Trazabilidad y control obligatorio de envases de agroquímicos

17 julio, 2021

Para reforzar las normas dictadas en 2016 que obligan al retiro obligatorio de los envases de agroquímicos y poder asegurar un control total sobre esa cadena de producción y distribución de este tipo de insumos del campo, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria), decidió crear el “Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios”.

“Resulta necesario modificar el actual sistema único de trazabilidad, estableciendo un sistema específico para los productos fitosanitarios, que sea administrado por la unidad organizativa competente”, es el argumento del SENASA para dictar la Resolución 369/2021, publicada el lunes 12 de julio en el Boletín Oficial y destinada a complementar desde el sector público la Ley 27.279, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron. Esta ley obliga a los fabricantes y distribuidores de agroquímicos a recuperar los envases vacíos, pero no definía nada acerca de la trazabilidad de los mismos.

“A los efectos de una adecuada gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, resulta necesaria la integración de los sistemas para realizar un seguimiento completo de los envases en el circuito comercial, incorporándose a los usuarios finales e integrándolos con los sistemas de gestión y trazabilidad de envases vacíos de las autoridades ambientales provinciales y nacionales”, añade el SENASA, que ahora -con esta trazabilidad obligatoria- comenzará a marcar de cerca a las empresas.

El Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SENASA y comenzará a regir cerca del inicio de la primavera, el 21 de septiembre, ya que la resolución establece un plazo de 70 días corridos para su puesta en vigencia.

La trazabilidad de los envases de agroquímicos será “de aplicación obligatoria en todo el territorio” nacional, y deberán llevarla a cabo “todas las personas humanas o jurídicas que importen, exporten, sinteticen, formulen, fraccionen, distribuyan, comercialicen, depositen y/o ejerzan la tenencia, con cualquier fin, de productos fitosanitarios”.

Curiosamente el artículo 3° de la resolución excluye expresamente a los productos fitosanitarios definidos como “Línea jardín”, como si fueran menos tóxicos que los que se utilizan campo adentro.

En este sistema de trazabilidad, define el artículo 4°, se comenzará a identificar los productos fitosanitarios mediante un código numérico otorgado por el SENASA. A la vez se apunta a conocer a los actores del Sistema mediante su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y a “georreferenciar cada uno de los depósitos”.

A la par el nuevo sistema apunta a “geolocalizar los productos fitosanitarios trazables a través de la declaración que realicen los actores en el Sistema, con respecto a los movimientos que efectúen los productos a través de toda la cadena de distribución, hasta el usuario final”.

Definidos que todos los actores deberán hacer su parte en el sistema de trazabilidad, el SENASA precisó que en principio las empresas tendrán que darse de alta en el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios.

El productor, considerado aquí como “Usuario final” podrá optar por inscribirse en el sistema. “Su participación en el mismo es optativa. En caso de optar por incorporarse al Sistema, podrá operar según lo establecido en el Manual Técnico del Usuario”, explicó la resolución.

A partir de participar del nuevo sistema, los operadores del mercado de agroquímicos deberán declarar “los lugares físicos donde depositan los productos fitosanitarios trazables, manteniendo actualizados los datos de ubicación de los depósitos”.

Habrá además una declaración de “las operaciones de importación, síntesis, formulación y fraccionamiento” que deberá concretarse en un plazo no mayor a las 72 horas de ocurrido cada hecho.

Como si fuera poco, las operaciones de comercialización, distribución y exportación de productos fitosanitarios trazables “deben ser declaradas en el Sistema, en tiempo real, por el actor que realice la operación”. Esto alcanza a los “movimientos entre depósitos”.

“En caso de que un actor reciba físicamente los productos fitosanitarios y quien los envió no informe el movimiento en el Sistema, el receptor debe generar el reclamo correspondiente en el mismo Sistema”, se definió.

De este modo, si todos cumplen con su obligación, “cada producto fitosanitario trazable entregado a un usuario final, ya sea a título gratuito u oneroso, debe ser declarado en el Sistema en tiempo real. El usuario final será identificado por su CUIT”.

Es decir que el SENASA conocerá qué producto llegó a manos de cada productor, que como usuario final “puede optar por informar en el Sistema, la recepción de los productos fitosanitarios recibidos o adquiridos”.

La nueva normativa contempla que en caso de una “contingencia”, como el hurto de un cargamento de agroquímicos o cualquier otra circunstancia no prevista, habrá que hacer una declaración especial en un plazo de 7 días.

También deja lugar a declarar el “uso propio” de productos fitosanitarios, que deberá declararse en tiempo real.

Los envases de agroquímicos, a partir de este sistema, serán identificados por sus fabricantes o importadores con “un código unívoco de respuesta rápida (Quick Response code -Código QR-) y a través de información escrita en los envases de los mismos”.

“Se debe colocar en cada envase primario de los productos trazables un soporte o dispositivo con capacidad para almacenar un Código QR, según se establece en el Manual Técnico del Sistema, debiendo garantizarse que no pueda ser removido sin dejar una marca evidente que permita advertir que ha sido violado o que sin haber sucedido esto, impida su lectura”, estableció el SENASA.

Además, “la leyenda con la información del producto debe encontrarse escrita en el envase, junto con el Código QR, en un lenguaje legible a simple vista, que permita la lectura y carga manual de los mismos, por parte de los usuarios del Sistema”.

Tags: Agroquímicosenvasesmedio ambienteSenasa
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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