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“El sobredragado puede inclusive tener un riesgo para la salud pública”

14 julio, 2021

Luego de los reclamos presentados por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA), consiguieron finalmente que los Ministerios de Transporte y Ambiente los escucharan y frenaran el sobredragado que se estaba realizando sobre el Paraná, el cual se llevaba adelante a fin de mantener la navegabilidad de la Hidrovía ante la bajante del río.

FM 89.3 Santa María de las Misiones habló con Lucas Micheloud, integrante de la AAdeAA para conocer más acerca de cómo fueron los reclamos y cuales son los pasos a seguir a partir de ahora.

Micheloud contó que el pasado 11 de junio presentaron un acceso de información publica ambiental ante el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Ambiente, “para tener información sobre las tareas de sobredragado que la propia empresa confeccionaría de Hidrovía S.A., en este caso Jan De Nul, había anunciado que estaba llevando desde mayo de este año a esta parte”

“Nuestro requerimiento estaba fundamentalmente orientado a saber si esas tareas habían sido autorizadas por el Estado nacional, si se habían realizado algún tipo de estudio de impacto ambientales acumulativos, o algún proceso de participación ciudadana, por entender que estas tareas de sobredragado representan un riesgo socioambiental muy importante, sobre todo por las condiciones actuales del río” que está atravesando una de sus peor bajante de la historia.

De esta manera, el pedido elevado por la AAdeAA atravesó todo un proceso interno dentro de las carteras señaladas. “En un primer momento Ambiente nos confirmó que ellos no tenían la información solicitada, le cursaron una misiva a la empresa belga para que confirme estos dichos, y la empresa confirmó que estaba realizando tareas de sobredragado“, relató Micheloud.

“Ahí lo que hizo Ambiente fue dirigir una nota a Transporte, que emitió una nota a la Subsecretaría de Puertos, que es es el organismo de control en materia portuaria, que remitió una orden -Orden de Servicio N°218- a la empresa belga Jan De Nul sucursal argentina, para que de algún modo detenga estas tareas“, continuó.

Dicha orden emitida por la directora de Control Técnico de Concesiones de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables, Sofía Vannelli, señala a la empresa que “deberá mantener los diseños de obra oportunamente aprobados en cuanto a las profundidades alcanzadas, los veriles y los anchos de solera“, y que cualquier modificación que se determinare en los mismos “enervará la pérdida de derecho a percibir la tarifa, con más las sanciones previstas“.

Además, señaló Micheloud, el Ministerio de Transporte estará llevando a cabo una investigación conjunta con el Ministerio de Ambiente para esclarecer todo lo sucedido y eventualmente aplicar el régimen sancionatorio.

Por otra parte resta saber a ciencia cierta cual fue el impacto ambiental que se ha generado a partir de estas maniobras llevadas adelante de manera unilateral por la empresa Jan Del Num. “No tenemos duda alguna de que los impactos que toda esta actividad tiene son graves. Estamos atravesando una crisis muy fuerte en el sistema de humedales producto de las afectaciones hidrológicas, y eso evita que el agua llegue de pronto a los valles de inundación, impidiendo que se desarrolle la flora, la fauna y los peces“, lamentó el letrado.

Y agregó: “Recordemos que el dragado de por sí tiene un fuerte impacto y a esto le agregamos un sobredragado que implica la remoción de los bancos de arena, del fondo barroso de la cuenca del río Paraná, y que estas aguas a su vez son las que se toman para el consumo humano, puede inclusive tener un riesgo para la salud pública”

 

El futuro de la Hidrovía

La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, en conjunto con otras organizaciones, viene participando en la conformación del Consejo Federal de la Hidrovía, que buscará resolver que ocurrirá con la Hidrovía del Paraná, en manos de quien quedará, bajo qué condiciones y con que participación de las jurisdicciones y organizaciones ambientalistas.

“Nosotros el 22 de febrero de este año pudimos presentar nuestra propuesta, que está a disposición en la plataforma digital del Ministerio de Transporte. Ahí llevamos nuestra mirada crítica desde nuestro entender los déficits que tienen todo este proceso, fundamentalmente la desambientalización que tiene“, contó Micheloud.

“Lo que proponemos concretamente es una serie de medidas que tiene que ver con realizar una evaluación ambiental estratégica, porque consideremos que hace 25 o 26 años que se llevan tareas de dragado y sobredragado, y no se han llevado ninguna tarea de contralor. No lo digo yo, ni la Asociación Argentina, lo ha reconocido el propio Estado, que no hubo controles en casi tres décadas“, indicó.

“También que se llevan a cabo estudios ambientales acumulativos, los procesos de participación ciudadana en el marco de audiencias públicas y que todo este proceso se traslade en al conformación de un Comité de Cuencas. Esa es la propuesta central que está nada menos que en la Ley de presupuestos mínimos del Régimen de Gestión de Aguas“, cerró.

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Tags: AmbienteAsociación de Abogados AmbientalistasFM 89.3Lucas MicheloudMinisterio de Ambiente y Desarrollo SostenibleMinisterio de Transporterío Paranásobredragado
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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