El caso de las múltiples fiestas clandestinas que se realizaron en un loteo privado en Ituzaingó, casi en el límite con Posadas, que de manera exclusiva abordó PRIMERA EDICIÓN en una investigación, tuvo múltiples derivaciones.
Desde el capítulo judicial que Corrientes deberá llevar adelante por la denuncia que se presentó, al ser eventos que no están autorizados; pasando por las administrativas (ya que puerto Mbiguá no cuenta con autorización municipal); y la sanitaria ya que el Ministerio de Salud de Misiones confirmó que un grupo de asistentes a la última fiesta dieron positivo para COVID, cuando quisieron ingresar a la tierra colorada.
Los presuntos organizadores, cuyos nombres investiga la Justicia correntina, son misioneros. Hasta los proveedores del catering, luces y sonido son misioneros. Las tierras son vendidas por inmobiliarias misioneras. Pero, los recitales se llevaban adelante en lo que el intendente ituzaingueño, Eduardo Burna, denominó “zona franca”, de la que no se tenía siquiera conocimiento del emprendimiento inmobiliario VIP.
Todo lo que rodea a este caso representa una enorme irresponsabilidad en medio de una pandemia que dejó hasta ahora 556 muertos en Misiones y 1.171 en la vecina Corrientes.
Es de esperar que no pase desapercibida dicha falta de sentido común y accionar acorde a la crisis sanitaria y epidemiológica, por fuera de todas las reglas que rigen la delicada situación. Aunque, lamentablemente, la Justicia debe a los misioneros y correntinos una rendición de cuentas respecto a los infractores que terminan efectivamente sancionados por poner en riesgo la salud pública.
Misiones necesita de mayores aportes constructivos para este duro momento; y no oportunistas que por sus negocios y vínculos con el poder creen poder hacer lo que quieran, donde quieran
