Un proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis para uso medicinal y de investigación científica recibió hoy dictamen favorable tras un plenario de comisiones del Senado y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto en la próxima sesión.
En caso de recibir media sanción del Senado, la iniciativa del Poder Ejecutivo -que de acuerdo a datos oficiales podría generar unos 10 mil puestos de trabajo en el corto plazo- deberá ser discutida por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Durante la audiencia de hoy, el presidente de la comisión de Agricultura, Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis), destacó que se logró “un trabajo muy bueno” gracias al “consenso” entre todos los bloques y precisó que se aceptaron modificaciones que se incorporarán al dictamen durante la discusión del tema en el recinto.
“Se priorizó el diálogo con las provincias que están muy avanzadas con este tema y se ha incorporado una enorme cantidad de cuestiones muy positivas”, sostuvo antes de pasar a la firma el dictamen, y precisó que quedó claramente plasmada en la propuesta la política de federalismo que promueve este Gobierno.
También adelantó que se incluirá en el recinto una sugerencia del senador Dalmacio Mera (FdT-Catamarca) para que las autoridades encargadas de controlar la producción informen periódicamente al Congreso.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (FdT-Córdoba), consideró que en caso de aprobarse será una ley “que supera viejos resabios” y que otorga al país “una gran posibilidad para el desarrollo económico y para la industria” y opinó que esta norma “habla de una Argentina distinta donde podemos discutir los temas que parece que fueran tabú”.
Un marco legal y una agencia reguladora
Entre los objetivos de la norma se busca establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.
En el texto se destaca, también, que la ley busca fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.
La iniciativa del PEN contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas.
Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tal como se establece en el artículo 4° del Proyecto, tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.
Entre sus funciones centrales, estará regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.
En la apertura del debate, el miércoles pasado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la ley fomentará el desarrollo de la cadena productiva y generará 10.000 puestos de trabajo en el corto plazo.
Durante el debate en comisiones, el proyecto obtuvo apoyo de la mayoría de una treintena de expositores, entre los que se destacaron representantes de todo el país de asociaciones de productores y de científicos del Conicet.
Expusieron los expertos
Silvia Kochen, de la Red Cannabis Medicinal del Conicet (Racme), destacó la importancia de aprobar la ley al sostener que “hay evidencia científica de la eficacia del cannabis” en enfermedades como la epilepsia refractaria y en el dolor crónico” y remarcó la necesidad de “profundizar en la investigación sin tantas trabas burocráticas”.
Pablo Fazzio, de la Cámara Argentina del Cannabis, se refirió a “la importancia de crear un consejo consultivo federal ya que los desafíos son enormes”, y afirmó que la Argentina puede hacer de la regulación una ventaja competitiva”.
German Herrera, docente investigador de la Universidad de Quilmes, señaló que “el proyecto promueve de manera integral el nacimiento de una industria promisoria y la incorporación de productores medianos y pequeños”, además de resaltar que fomenta “un aspecto regulatorio fuerte que potencia la seguridad en la cadena de producción”.
Diana Barreneche, de la Asociación Civil Proyecto Cáñamo Argentina, valoró la norma como un paso para avanzar en “el derecho a la salud, al trabajo, al ambiente sano y a la libertad” y sostuvo que implica “un cambio de paradigma en la forma en que se llevan adelante los procesos productivos”.
Fuente: Agencia de Noticias Télam.
