Fue el mejor dato del año, pero nadie salió a festejar: el récord de ingreso de divisas por agroexportaciones -u$s16.659 millones en el primer semestre- se da en un contexto donde parece inevitable un nuevo choque entre el Gobierno y el campo.
Con el ruido de fondo que generaron las últimas medidas oficiales intervencionistas y las amenazas de más paros exportadores del lado de los productores, gana intensidad la convocatoria a una nueva protesta nacional el feriado del 9 de julio. El tema carne fue la gota que convenció a la dirigencia gremial agropecuaria de radicalizar su postura.
El Gobierno había planteado que el cierre exportador sólo sería temporario y con el ánimo de ordenar al sector para presentar un plan agropecuario que llevara la producción desde su nivel actual de 3,3 millones de toneladas hasta los 5 millones de toneladas.Pero la visión desde el otro lado del mostrador es que el plan oficial tiene por objetivo intervenir en todos los eslabones del negocio cárnico.
Pronósticos de desastre
Luis Miguel Etchevehere, extitular de la Sociedad Rural y exministro en la gestión macrista, hizo un llamamiento a la resistencia y declaró al plan ganadero como muerto antes de nacer.
“Con el derrumbe del precio del novillo gordo, el plan ganadero que quería el gobierno ya fracasó. Nos tenemos que plantar hasta que abran las exportaciones. Luchemos contra los inútiles que nos quieren fundir”, arengó el dirigente.
Los argumentos críticos hacia la política cárnica se fundamentaron en los datos de los últimos días. El mercado de Liniers está sufriendo un desplome. Hubo una seguidilla de días en que se registraron niveles mínimos de entrada de animales y el volumen de ventas es escaso, ante la incertidumbre de los empresarios que no tienen claro cómo seguirá el proceso intervencionista.
Fuentes del sector indican que la industria frigorífica -que todavía no tiene los ROEs para exportar- está semiparalizada, con suspensiones de turnos. Hay carne en contenedores cuyo destino está indefinido y a la espera de decisiones de funcionarios.Los más pesimistas ya hablan de una pérdida de exportaciones de hasta u$s1.500 millones. Y, para peor, se trata de carne que no tiene demanda en el mercado interno.
Y los precios caen en picada: las vacas más grandes y de mayor rendimiento tuvieron un desplome de 25% respecto del momento previo al cierre exportador, lo cual está llevando a que la rentabilidad de los criadores, que ya era complicada, ahora este en niveles críticos.
La primera reacción de estos productores es un freno en las inversiones. Los más pesimistas ya están hablando de una reducción en el stock vacuno del país, que podría caer en niveles parecidos a los de 2020, cuando se perdieron unos dos millones de cabezas.
Un reclamo histórico de los expertos es que faltan incentivos para que los productores engorden los animales hasta un peso de 430 kilos, en vez de enviarlos a faena cuando alcanzan los 320, como se hace ahora para acortar los tiempos en el ciclo del negocio y protegerse mejor de la inflación.
Golpe a golpe
Mientras tanto, en “la interna del campo” se imponen los sectores más predispuestos a mostrar su insatisfacción mientras las dirigencias que se han opuesto a los paros tienen cada vez mayores problemas para contener a sus bases. El clima ya venía caldeado por los debates sobre políticas intervencionistas y los precios de los alimentos.
El presidente Alberto Fernández hizo su contribución con sus controvertidas declaraciones sobre la necesidad de darle un uso social a los grandes predios desocupados que tendrán un destino de herencia. Una señal que muchos interpretaron como un guiño a las ocupaciones de terrenos.
Ante un campo que está hipersensible con el tema del respeto a la propiedad privada, empezaron las protestas de manera cada vez más explícita. Fue un dato político, por ejemplo, la suspensión de un acto del Presidente en Pergamino, cuando los funcionarios detectaron que sería recibido con actos de repudio.
Los contragolpes se están haciendo más rápidos. Por ejemplo, en las críticas públicas al avance estatal sobre la hidrovía del río Paraná.
Al argumento kirchnerista que habla de una recuperación de la soberanía fluvial, los productores cerealeros respondieron que se puede abrir una fase de menor calidad de gestión y de corrupción en el cobro del “peaje” a los 4.000 buques que todos los años llegan hasta los puertos.
Por otra parte, la Mesa de Enlace intensificó su presión y pidió una serie de entrevistas para que los gobernadores se manifiesten explícitamente sobre estos temas.
¿Le sirve al Gobierno pelearse con el campo?
Del otro lado del mostrador, los sectores más radicalizados del Gobierno perciben la protesta del campo como una oportunidad política: los medios afines al oficialismo ponen de manifiesto que quienes lideran la protesta no son representativos de todo el sector, sino que se trata de grupos minoritarios ligados al sector político de Mauricio Macri.
Y, por otra parte, reafirman su discurso sobre que en un momento de precios excepcionales en el mercado internacional, los productores constituyen un grupo privilegiado que -a diferencia de los sectores fundidos por la pandemia- deben resignar rentabilidad como contribución a la reactivación de la economía.
Lo cierto es que el propio Alberto Fernández dejó en claro varias veces que si algo no quiere hacer es reeditar un conflicto a gran escala como el que le tocó vivir con la célebre resolución 125, en los días en que era jefe de gabinete de Cristina Kirchner.
El ahora Presidente no habla, como hacía Cristina en aquellos días, de un “intento destituyente” por parte de los productores que cortaban rutas. Y una buena parte de la dirigencia peronista, con las encuestas en la mano, sabe que las protestas exceden a un grupo reducido de terratenientes sino que son la expresión de la clase media rural.
Es un argumento que tiene llegada al sector militante del kirchnerismo, pero que preocupa a los segmentos más moderados de la coalición.
Sobre todo, lo que ha quedado en evidencia es que a quienes les toca “jugar de local” -es decir, a Omar Perotti, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, gobernadores, respectivamente, de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos- esta situación de tensión les resulta particularmente incómoda.
Por lo pronto, han tomado distancia rápidamente de las medidas más controvertidas, en particular el cierre exportador de la carne.
Vaca vieja al plato
Expertos como Ignacio Iriarte anticipan que, de continuar la actual política, “se volcará al mercado interno todos los meses unas 30.000 toneladas de vaca vieja y novillo, que no cubren las exigencias de los consumidores”.
Y especula con que las consecuencias negativas son de tal magnitud que “no sería extraño que en los próximos días se revise este acuerdo, cuando autoridades e integrantes de la cadena de la carne tomen conciencia del estrago”.
La mayor crítica que se hace desde el campo es que menores precios para los productores ganaderos no implican una caída de precios en los mostradores de las carnicerías. Más bien al contrario, los pronósticos apuntan a futuras subas.
El precio del novillito, en términos reales, es hoy un 27% más caro que en noviembre 2020. Y los expertos advierten que en la medida en que la disponibilidad de carne vacuna disminuya, habrá un sector de la sociedad que convalidará aumentos, porque no querrá bajar su ingesta por debajo de los 45 kilos per cápita.
