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Los “famosos” que se niegan a pagar el “aporte solidario”

1 julio, 2021
El caso de Gabriel Batistuta fue el más comentado en los últimos días, pero no el único

 

Cerca de un centenar de contribuyentes ya presentaron amparos para evitar el pago del “Aporte Solidario”, entre ellos empresarios y varios famosos, de acuerdo con la nómina que se desprende de la consulta pública disponible en el sistema web del Poder Judicial de la Nación, bajo jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Los empresarios Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, vinculados con el Grupo Clarín, encuadrados en el pago del Aporte Solidario y Extraordinario, interpusieron un recurso de amparo para evitar el pago de ese tributo.

El listado incluye también a los futbolistas Carlos Tévez y Gabriel Batistuta, a las contribuyentes Matilde Noble Mitre y María Candelaria Caputo y a los empresarios Alejandro Saguier, Constancio Vigil, Artín Kalpakian y Eduardo Kalpakian.

También realizaron presentaciones los empresarios Cristiano Rattazi, Susana Balbo, Pilar Pérez Companc, Luciana Benotti, Renatro Cirelli, Jorge Luis Oubiña, Alicia Humuzia, Enrique Peláez, Carlos Sánches Alzaga y Viviana Novelle, entre otros.

El primero en presentar un amparo fue Alejandro Scanna, ejecutivo de la empresa Globant. La jueza hizo lugar a la medida cautelar que presentó el empresario, quien había argumentado que el aporte, que no es técnicamente un impuesto, afecta a su derecho de propiedad.

La Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas se aprobó a principios de diciembre del año pasado con el objetivo de moderar los efectos de la pandemia de coronavirus, y está destinado a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

El proyecto de ley fue impulsado por el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner, bajo la premisa de recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.

La ley contempla el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se eleva al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones. La tasa sube al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra es del 3,50%

 

Rechazan un amparo contra el impuesto a las grandes fortunas

El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa rechazó una acción de amparo de un contribuyente, que se negaba a pagar el “Aporte Solidario y Extraordinario” establecido en la ley 27.605, y sostuvo que la norma “respeta el principio de legalidad”.

La Ley 27.605 “fue sancionada siguiendo el procedimiento de formación y sanción de leyes previsto en la Constitución Nacional”, remarcó el titular del juzgado federal en lo Contencioso Administrativo federal 10.

La acción de amparo fue presentada el 16 de abril pasado por un contribuyente, identificado por sus iniciales L.F., quien buscaba obtener la declaración de “inconstitucionalidad” de la ley que estableció por única vez el “Aporte Solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, y aseguró estar radicado en Estados Unidos pero estar alcanzado por “poseer acciones en compañías nacionales”.

El magistrado rechazó el amparo al destacar que la Ley “es producto del debate parlamentario”, “respeta el principio de legalidad y por lo tanto desde esta óptica de estudio, resulta un instrumento jurídico idóneo”.

Además, hizo un repaso de la situación económica y social a raíz de la pandemia. “Es posible concluir que nuestra Nación, como consecuencia de la pandemia del Sars Covid 2 (Covid 19) está atravesando una profunda y grave crisis sanitaria, social y económica -que sufren más intensamente los grupos y/o sectores vulnerables- todo lo cual pone en riesgo el capital humano y productivo, acentuándose más las desigualdades distributivas, que ya existían con anterioridad”, consideró Lara Correa.

Fuente: iProfesional

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Tags: Aporte SolidarioFamososImpuestosPandemiarecursos de amparo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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