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Oberá: piden con urgencia una normativa para preservar edificios históricos

27 junio, 2021
Gentileza CAO

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En la última semana comenzó a circular en las redes sociales una campaña que visibiliza la importancia de preservar los edificios históricos de Oberá y puntualmente la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) donde desde hace ya un par de años sus propietarios tienen la intención de avanzar con un nuevo proyecto que incluiría la completa demolición.

Es por ello que desde varios sectores, incluido el Colegio de Arquitectos, solicitan que se promulgue una ordenanza que “permita regular la conservación de los edificios considerados patrimonio histórico, con alcance al ámbito privado, pero que a la vez no impida la realización de mejoras para que sea vivido”.

El edificio del Automóvil Club Argentino está ubicado en Sarmiento y San Luis, en pleno corazón de Oberá y según los datos aportados por los profesionales consultados por este medio, es una obra del arquitecto e ingeniero Antonio Vilar, reconocido por sus diseños que se perpetúan en todo el país y construido en el año 1944.

Desde el Colegio de Arquitectos de Oberá, la Comisión de Patrimonio viene realizando desde hace varios años la recolección de documentación sobre edificios históricos de esa ciudad e impulsando, en el ámbito del Concejo Deliberante, una normativa que permita atesorar parte de la historia de una ciudad joven pero que necesita tomar dimensión sobre el tema.

El arquitecto Alejandro Forni, titular de la Comisión de Patrimonio, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “debemos entender que este pensamiento es una construcción colectiva, donde el patrimonio es algo vivo, que tiene que ser intervenido, utilizado, porque no tiene sentido preservarlo sólo por preservarlo”.

Resaltó que “en el caso del ACA, en vez de tirarlo por completo y utilizar sus restos para hacer contrapisos se puede conservar al menos una parte del edificio como para hacer allí una cafetería, por ejemplo. Si se preserva el edificio, se le está dando una segunda vida y ese valor patrimonial se mantiene. Imaginamos que deben tener algunos elementos que pueden conformar algún archivo histórico que se pueda exhibir”.

En el año 2019 ingresó a la Municipalidad de Oberá un pedido de prefactibilidad para una obra de la estación de servicios del ACA. “Presentaron la documentación de factibilidad y allí pudimos constatar que el proyecto contemplaba la demolición total de todo lo que está ahora en el predio”, señaló Forni.

Luego siguió contando que “como vecinos de Oberá sabemos la importancia del ACA en una ciudad de 90 años y donde ese edificio tiene más de 70 años. Investigando nos encontramos con que la Comuna no posee una Comisión de Patrimonio Municipal referida al patrimonio arquitectónico. Sí funciona conjuntamente con la parte de Cultura del municipio una Junta de Asuntos Históricos que realizó un trabajo muy completo de documentación de todos los sitios históricos de la ciudad y que hace menciones y coloca plaquetas a los sitios históricos donde acontecieron sucesos importantes de la ciudad o son representativos para lo que es la identidad de Oberá”.

Sin embargo, el arquitecto dijo que “el problema de la Junta de Asuntos Históricos es que cuando hacen esa mención hacen referencia al sitio, al lugar, como histórico, si bien muchas veces refiere a lo construido no brinda ningún tipo de protección ni de registro de patrimonio arquitectónico. Entonces allí vimos que la ciudad estaba como desprotegida en todo lo relacionado a edificios con valor patrimonial”.

Oberá - turismo
DEUDA. La Catedral. como otros, es un edificio histórico que no está registrado como patrimonio y si lo estuviera gozaría de eximición de impuestos.
Obras de “maestros”

También el arquitecto Forni recordó que en el mismo período que desde el ACA presentaron el proyecto en la Municipalidad “también estaba la intención de un nuevo proyecto para la Comisaría Primera de Oberá, que originariamente fue diseñada por uno de los tantos arquitectos que después trascendieron a nivel país. Como en esa época que se construyó se estaba terminando de delimitar el territorio argentino, es por eso que también tenemos obras que son de Clorindo Testa que están en Panambí, por ejemplo el CAPS. Muchas de las comisarías se hacían a través de llamados a concursos y proyectadas por estos arquitectos que con el tiempo fueron famosos”.

El modelo de la Comisaría Primera luego se repitió en varias partes de la provincia y el encargo lo hizo el arquitecto Alejandro Bustillo, quien marcó un rumbo dentro de la arquitectura y es muy reconocido a nivel nacional.

“El proyecto de la Comisaría Primera también contemplaba la demolición completa para hacer un edificio moderno, un enlatado muy parecido a todo lo que se hace en distintos puntos de la provincia. El tema es que allí era bastante más fácil porque el municipio tenía la voluntad de conservar el patrimonio y contaba el apoyo del Concejo Deliberante, era una obra pública y en un terreno del Municipio”, remarcó Forni.

 

Privado de interés público

En el caso de la sede del ACA “estamos hablando de una obra privada con valor patrimonial para el resto del público entonces lo que hicimos fue conformar una Comisión de Patrimonio en el Colegio de Arquitectos que no existía y empezamos a reunir información respecto de que valor patrimonial tiene”.

En esa investigación les sirvió mucho lo que había realizado la Junta de Asuntos Históricos, realizaron intercambios de documentación y opinión con instituciones como el Colegio de Ingenieros, el Consejo de Ingenieros, las facultades de Artes y de Ingeniería, “después salimos de lo netamente local y fuimos hasta Posadas, a la Facultad de Arquitectura, además nos interiorizamos que el Municipio de Posadas cuenta con una ordenanza sobre patrimonio que, por ejemplo, los edificios construidos previos al año 1970 tienen la posibilidad de ser patrimoniales y están sujetos a un paraguas que cualquier intervención debe ir a un área de la Municipalidad donde se empieza a investigar el caso”.

En el año 2019 desde el Colegio de Arquitectos presentaron un borrador al Concejo Deliberante para que se avance en una ordenanza “pero luego vino el cambio de autoridades y después la pandemia y eso quedó paralizado. Ahora es momento de reactivarlo urgente”, sentenció Forni.

 

Preservar construyendo

“No pasa por el hecho de promulgar una ordenanza, poner un candado, que se cierren las puertas y que no pase nadie, porque así cualquier edificio se va a deteriorar aún más. La idea es que se pueda intervenir el patrimonio pero que las intervenciones que se realicen en edificios con valor patrimonial tengan en cuenta que se trata de lugares históricos y con la identidad de la ciudad de Oberá”, explicó el arquitecto Forni.

Indicó que “Oberá es una ciudad relativamente joven, entonces es común que en la mente sus ciudadanos no tengan a edificios con valor patrimonial. Pero a medida que sigamos demoliendo y no cuidando los edificios que son hitos relevantes nunca vamos a poder construir ese patrimonio a futuro. Hay que entender que el patrimonio no sólo se preserva de acá para atrás sino que se construye de acá hacia adelante”.

Tags: #OberáACAColegio de Arquitectosedificios históricosPatrimonio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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