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Chile: los bajos salarios y el alto costo de vida multiplica campamentos de pobreza

14 mayo, 2021

“Llegamos acá y fue otra vida”, se queja Elizabeth González, obligada como miles de chilenos a vivir en un campamento o asentamiento informal, una de las caras más visibles del incremento de la pobreza en Chile, que rebrotó tras las protestas sociales y la pandemia.

El poder político del país creía que el drama de la pobreza había logrado controlarse en sus años de bonanza económica, pero si bien las multitudinarias movilizaciones que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019 impactaron en la actividad productiva, la pandemia de coronavirus golpeó cuando la economía salía a flote a principios de 2020, y paralizó con restricciones amplias durante meses diversos rubros.

La proliferación de carpas en las calles, la instalación de cientos de ollas comunes -como no se veía desde la dictadura (1973-1990)- y el incremento en casi el doble del número de familias que viven en campamentos, retrata la forma en que la pobreza ha resurgido en Chile.

 

Vivir en la pobreza al lado de lujosas mansiones

“Me cambió (la vida) un 100%. Nosotros alquilábamos pero después ya no nos dio para alquilar; teníamos orden de desalojo y tuvimos que llegar acá y fue otra vida diferente, me costó mucho acostumbrarme”, narra a la AFP Elizabeth González, que hace poco más de un año llegó a vivir al campamento La Cancha, levantado sobre uno de los cerros del municipio de Lo Barnechea, en el este de Santiago.

Como ella, cerca de 100 familias se instalaron en este lugar, un bolsón de pobreza en uno de los barrios más ricos de Santiago, donde construyeron pequeñas viviendas de madera y chapa, que no cuentan con servicios básicos y contrastan con las lujosas mansiones emplazadas en la misma comuna.

 

“No duermo tranquila pensando en que si nos llegan a desalojar quedo en la calle”, agrega esta mujer.

 

Vivir sin empleo y en asentamientos

Hasta 2019 Chile tenía los mejores indicadores de pobreza en América Latina detrás de Uruguay, pero luego de más de tres décadas de descenso sostenido esta tasa trepó del 8,1% al 12,1% en poco más de un año.

En 2020, la economía chilena cayó 5,8%, su peor registro en 40 años, y más de un millón de personas perdieron el empleo.

En el último año se contabilizaban 167 nuevos campamentos, con un total de 81.643 familias viviendo en 969 asentamientos autoconstruidos, unas cifras que superaron en poco tiempo las 47.050 que residían en los 802 campamentos existentes en 2019, según un catastro de la Fundación Techo.

“Ha sido por lejos el aumento más intempestivo y abrupto de población en campamento que ha habido en los últimos 40 años en Chile”, aseveró Sebastián Bowen, director de esta fundación con presencia en 19 países de América Latina y que promueve acciones en asentamientos pobres con sus habitantes y jóvenes voluntarios.

 

“Lo más difícil ha sido el hambre”

Un 31% de las personas que se fueron a vivir a un asentamiento reveló que no podía ya pagar el alquiler.

Otro 24% lo hizo por la necesidad de independencia, ya que vivían hacinados o en casas de familiares.

“Lo más difícil ha sido el hambre”, dice Ingrid Lara, angustiada por la miseria que experimenta en uno de los campamentos de Santiago. Ingrid se hizo cargo de la olla común del campamento Nueva Esperanza, en el municipio de La Pintana (sur de Santiago), donde vive con su marido y su hija en una casa que ellos mismos construyeron con madera y lata.

Diariamente cocina para las 46 familias que no han podido salir a trabajar durante la pandemia.

 

Salario bajo y alto costo de vida

La misma situación se vive en el campamento La Chimba, montado sobre un basural de la ciudad de Antofagasta, en el norte del país, considerada la capital mundial de la minería del cobre y hasta donde miles de migrantes -colombianos, peruanos y bolivianos- han arribado en los últimos años en busca del “sueño chileno”, apuntalado por la bonanza del precio del metal, del que Chile es el principal productor mundial.

Pero los bajos salarios y el alto costo de vida en esta la ciudad -ajustada a los suculentos sueldos de los mineros- arrastraron a muchos a vivir en los campamentos levantados en los áridos cerros que la rodean.

“En los campamentos se vive en tierra de nadie, abandonado, y la pobreza se agudiza más cuando nadie sabe que tú existes”, dijo el padre jesuita Felipe Berríos, quien vive desde hace seis años en el asentamiento La Chimba.

 

Difícil acceso a la vivienda

Bowen sostiene que los campamentos son “el síntoma de una enfermedad de fondo, que es el difícil acceso a una vivienda”.

Anualmente el Estado entrega poco más de 20.000 soluciones habitacionales, insuficiente para responder a las 600.000 familias que buscan una vivienda.

“A ese ritmo, Chile no logrará ni en 30 años resolver el déficit habitacional”, agrega Bowen, director de la Fundación Techo.

 

Fuente: Medios Digitales

Tags: #economíaChiledesempleoEmpleoíndicePobreza
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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