En debate oral y público, con las restricciones del protocolo de pandemia COVID-19, serán juzgados a partir de las 8.30 de hoy y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, cuatro misioneros acusados de integrar una organización para cometer una serie de delitos ligados a la evasión impositiva.
Un contador de 55 años junto a dos empresarios también posadeños de 64 y 55 y un obereño de 63 se sentarán ante los camaristas del TOF en la sala de audiencias de la calle Félix de Azara 2170 imputados como miembros de una presunta asociación para delinquir en el ámbito tributario. Presuntos delitos cometidos que están previstos y reprimidos por ley 24.769, en perjuicio de la hacienda nacional y del orden público.
El debate estará presidido por el juez Manuel Alberto Jesús Moreira y los vocales serán los camaristas subrogantes Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni. Como cuarto integrante (suplente) fue designado Rubén David Quiñones.
La acusación estará representada por al fiscal federal Vivian Andrea Barbosa y como querellante en este caso en representación de la AFIP, oficiarán los abogados Silvia Catalina Mani, Marcos Aurelio Atencio y Ariel Ricardo Smiak.
La defensora pública oficial Susana Beatriz Criado tendrá el patrocinio de uno de los encartados, los restantes tendrán defensores particulares: Fernando Andrés Acosta, Manuel Fernando Bilinski y Mario Luis Ovando.
Los cuatro imputados están vinculados a una presunta “asociación ilícita fiscal”, delito encuadrado en el artículo 15 (inciso C) de la ley de Régimen Penal Tributario (24.769) que contempla penas de hasta diez años de prisión, con un mínimo de tres años y seis meses para los miembros, pero de cinco años para el jefe u organizador.
En cuanto a este último rol, es el contador posadeño el sospechoso de ejecutarlo. Los tres empresarios habrían formado piezas clave en la organización.
El monto de evasión a la AFIP con las supuestas maniobras que fueron investigadas sería millonario, confiaron fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN.
El juicio despierta expectativa porque, de acuerdo a las mismas voces en contacto con este Diario, en Misiones son pocas las ocasiones o registros de este tipo de causas que se hayan definido en debate oral y público.
ENCUADRE LEGAL
La ley 24.769 o “Régimen Penal Tributario”, sancionada por el Congreso Nacional en diciembre de 1996 y promulgada en enero de 1997 por el, en su artículo 15 inciso C remarca que quien “formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, será reprimido con prisión de tres años y seis meses a diez años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a cinco años de prisión”.
