Luego de muchos años en reclamo por el reconocimiento de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, las comunidades mbya guaraní del Valle del Cuña Pirú aún buscan resolver situaciones con personas que viven dentro del área relevada. A pesar de ser pacíficos, hubo momentos de preocupación durante el 2020 cuando en distintos puntos se denunció el avance de las máquinas sobre la selva misionera.
En comunicación con PRIMERA EDICIÓN el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, contó que “como el proceso del juicio con la Universidad Nacional de La Plata duró tantos años, ingresaron personas no indígenas en el territorio, que es la parte que ahora debemos ver cómo mantener el diálogo”.
Explicó que estas personas “no tienen ningún papel y van vendiendo los terrenos. Como la propiedad es comunitaria, es intransferible y debe respetarse la constitución donde establece que no podemos hacer negocios con las tierras”.
Sobre estas situaciones, “la idea es dar tiempo para que las personas puedan irse en paz y llegar a un acuerdo entre todos para evitar todo conflicto. Somos un pueblo pacífico y lo hemos demostrado con hechos”.
En los últimos tiempos también han notado que “de a poco van cortando la plantación e ingresando cada vez más en las tierras. La gente debe entender que es fundamental mantener el pulmón que es la selva para frenar la contaminación”, agregó.
Chamarro remarcó que “hay una ley de relevamiento territorial que brinda una garantía a las comunidades de que no importa que se encuentre dentro de un terreno de una empresa pero al demostrar un uso ancestral de las tierras pueden estar seguros. De otra forma, las empresas avanzan con la deforestación en la provincia. Por nuestra parte, tratamos de estar siempre en diálogo y ser responsables al casi tener un título de propiedad en las tierras, con la responsabilidad de cuidad y proteger la zona”.
Por su parte, el cacique de Yvy Pytá Roberto Benítez compartió que “en esta zona tenemos personas, colonos, que usaron las zonas ubicadas en las puntas de ambos lados. También iniciamos una acción con ese tema y menos mal que ahora tenemos una constancia donde certifica el tiempo que habitamos en las 6 mil hectáreas”.
Señaló además que “esperamos la entrega de un título a futuro. Esto va a quedar para las familias y seguiremos cuidando la tierra. En estas hectáreas no buscamos tumbar árboles o vender las tierras, sino cuidar su riqueza”.
Un reclamo que demoró años
Respecto a la conciliación que hubo en 2019 donde se reconoció la utilización ancestral de las tierras del Valle del Cuña Pirú, Eliseo Chamorro recordó que “cuando en 1992 la papelera donó a la Universidad Nacional de La Plata las tierras, las comunidades llevaban años en el territorio. En aquel entonces, venían a realizar prácticas, visitas de antropólogos, biólogos, y las personas de las comunidades se sentían como un objeto de estudio, era algo incómodo”.
Con el tiempo “las comunidades plantearon la necesidad de asegurar el lugar. Más allá de las promesas necesitan de un diálogo serio. En eso, pidieron asesoramiento jurídico para avanzar en el reclamo. Fue así que se gestó el juicio hacia la universidad en un proceso que duró muchísimos años, incluso los caciques que iniciaron este sueño ya fallecieron. Recién en 2019 se resolvió el conflicto y fueron más de 17 años de un proceso legal”, agregó.
Sobre esto, el cacique Roberto Benítez aseguró que “empezamos con una lucha entre el 2001 y 2002, cuando supimos a quienes pertenecían en papeles estas tierras del monte donde estábamos. Desde la Universidad vinieron a hablar con nosotros pero querían darnos sólo unas pocas hectáreas y no se aceptó. En una reunión entre las personas para organizar las acciones arrancaron los juicios que duraron varios años”.
