De los cuatro policías de la comisaría Tercera de Posadas, investigados como presuntos integrantes de una “asociación ilícita” para secuestrar y revender motocicletas denunciadas como robadas en esta capital, ayer debían presentarse dos de ellos a declarar ante el juez de Instrucción 1, Marcelo Cardozo pero sólo uno cumplió con la obligación y, tras abstenerse de declarar, quedó imputado provisoriamente por el delito mencionado.
Uno de los oficiales sospechados no alegó ninguna causa o comunicó excusa para no cumplir con la citación, por lo que volverá a ser notificado de la indagatoria y si no se presenta se lo considerará en rebeldía y será aprehendido por orden judicial.
Tal como lo adelantó ayer en exclusiva PRIMERA EDICIÓN los cuatro policías, incluye al comisario de la seccional de la avenida Uruguay y calle Ambrosetti, están investigados por integrar una red de reducidores de motocicletas robadas y revenderlas, pero también se intenta esclarecer si son los responsables de los cobros de coimas por entregar los vehículos robados o que se mantengan en manos de personas que las adquirían sabiendo que eran de dudosa procedencia.
El comisario está citado para esta mañana a responder a los interrogantes de los funcionarios judiciales. Se descarta que de responder a la citación, también será imputado provisoriamente por “asociación ilícita” y a la espera sobre el rol que el magistrado podría asignarle dentro de la presunta organización delictiva.
Los cuatro policías son investigados como miembros de una “asociación ilícita” dedicada al secuestro ilegal de motocicletas, reventas, cobro de “recompensas o coimas” y desguaces de repuestos.
La punta de esta causa se logró con la pesquisa iniciada en mayo del año pasado y que derivó en la detención de un sargento que también prestó servicio en la Tercera de la Unidad Regional I y en otras dependencias de la UR-X. Fue atrapado por esta modalidad delictiva junto a un familiar directo, pero ambos recuperaron la libertad este año aunque supeditados a la causa que instruye el juez Cardozo.
La investigación sin embargo, durante los últimos días, trascendió hacia la supuesta participación de cuatro uniformados como posibles partícipes determinantes de estas maniobras. A tal punto la sospecha, que el jefe de la seccional de la UR-I mencionada está apuntado como “cabeza” de la organización que se habría dedicado a la venta ilegal de motocicletas secuestradas o “motopartes”.
Son investigados si actuaban en los “pedidos de recompensa” por brindar datos de los vehículos a los damnificados que denunciaban los robos. .
Este giro surgió con los resultados de pericias telefónicas en las que especialistas de la Policía y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Superior Tribunal de Justicia, entrecurzaron mensajes y audios de celulares que comprometerían a estos cuatro uniformados con las actividades ilegales del sargento detenido el 27 de mayo de 2020.
El raid delictivo consistía en que el suboficial y sus cómplices se apoderaban de las motocicletas y las ocultaban en aguantaderos, uno de ellos en el barrio Belén de Itaembé Miní. Una vez que las vendían ofrecidas en redes sociales, el mismo policía con los datos de los comparadores, se presentaba en los domicilios con un oficio presunto de secuestro por robo y se llevaban las motocicletas sin ningún reparo o queja. También habrían cobrado coimas por motos robadas. A varios de los compradores de los vehículos malhabidos se les habría ofrecido “el favor” de no secuestrárselos a cambio de dinero.
Encuadre legal
El delito de asociación ilícita está previsto en el artículo 210 del Código Penal Argentino que expresamente indica: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”.
