Cuatro policías son investigados por la Justicia, incluido el actual jefe de la comisaría Tercera de la Unidad Regional I de Posadas, por presunta “asociación ilícita” dedicada al secuestro ilegal de motocicletas, reventas, cobro de “recompensas o coimas” y desguaces de repuestos, hechos por los cuales fue detenido un suboficial en mayo del año pasado y a principios de 2021 fue excarcelado junto a un familiar, pero supeditados a la causa que instruye el juez Marcelo Alejandro Cardozo.
Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN señalaron que se centró la pesquisa durante los últimos días en la supuesta participación de cuatro uniformados como posibles piezas clave. A tal punto la sospecha, que el jefe de la seccional de la UR-I mencionada está apuntado como “cabeza” de la organización que se habría dedicado a la venta ilegal de motocicletas secuestradas o reducidas en “motopartes”.
También son investigados si actuaban en la modalidad “pedido de recompensa” por brindar datos de los vehículos a los damnificados que denunciaban los hechos por robo. Todos serán indagados en estos días por el juez que entiende en la causa.
La causa dio un giro en los últimos días cuando se conocieron los resultados de pericias telefónicas en las que especialistas de la Policía y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Superior Tribunal de Justicia, desentramaron mensajes y audios que comprometerían a cuatro uniformados con las actividades ilegales de un sargento detenido el 27 de mayo por el mismo juez.
Este suboficial de 35 años y un joven de 22, quien sería su sobrino están imputados de integrar una organización que desplegaba varias modalidades. Entre ellas, reducía motocicletas robadas y las vendían en sumas menores a su valor pero no les perdían el rastro y las volvían a secuestrar en procedimientos irregulares con el amparo supuesto del comisario que será indagado mañana por el magistrado que instruye el expediente.
Tal como publicó en exclusiva este Diario, el raid delictivo consistía en que el sargento y sus cómplices se apoderaban de las motocicletas y las ocultaban en aguantaderos, uno de ellos en el barrio Belén de Itaembé Miní.
Una vez que las vendían ofrecidas en redes sociales, el mismo policía con los datos de los comparadores, llegaba a los domicilios con el oficio de que ese rodado tenía pedido de secuestro por robo y se llevaban las motocicletas sin ningún reparo o queja.
La jurisdicción en la que mayormente se movía la supuesta banda comprendía barrios de la Unidad Regional X.
También habrían cobrado coimas o presuntas “recompensas” por motocicletas robadas. A varios de los compradores de las motos robadas se les habría ofrecido “el favor” de no secuestrárselas por montos de dinero variables de acuerdo al valor del vehículo.
Pero también se habría “coimeado” a estos compradores para que no quedaran involucrados en la maniobra ilegal de adquisición y a cambio de billetes se informaba oficialmente que las motocicletas eran encontradas abandonadas en la vía pública o directamente no se corrían registros de recuperos.
De las maniobras que se investiga está ligada a la “venta de información” a los dueños originales o denunciantes de los robos de sus motocicletas. Según las fuentes, se les solicitaba “una recompensa para recuperar” las motocicletas.
