Con la misma velocidad de propagación que la segunda ola de contagios de COVID-19, en la última semana se extendieron las malas noticias para el ministro de Economía, Martín Guzmán. Desde Europa, donde buscó negociar la deuda con el Club de París y evitar el pago del vencimiento de USD 2.400 del próximo 21 de mayo, recibió cinco señales que pegan de lleno sobre la posibilidad de alcanzar las ambiciosas metas del Presupuesto 2021, la “hoja de ruta” que, según sus propias palabras, sirve como plan económico para la Argentina.
El viento de cola se transformó súbitamente en viento en contra y en cinco días se acumularon datos concretos que ponen en duda sus propios objetivos:
• La inflación de marzo fue de 4,8%.
El dato superó todos los pronósticos, incluso los del REM del Banco Central (3,9%), a menudo criticado por ser demasiado pesimista. La inflación del 29% para el año calendario 2021, eje del Presupuesto 2021 para calibrar el resto de los indicadores, se vuelve un objetivo imposible de cumplir.
Con el “empoderamiento” que recibió a mediados del año pasado, Guzmán desplazó en la responsabilidad central sobre la inflación al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, a quien le quedaron dos misiones: que el dólar suba a un ritmo menor al de los precios y que no suba la tasa de interés. Hasta ahora, ocurrieron ambas cosas. Pero la inflación sigue firme.
• Las duras restricciones afectarán la recuperación del nivel de actividad.
Hasta ahora, todo lo negativo que mostraban los números de la inflación se venía compensando con lo positivo de la mejora del nivel del PBI. Aunque el repunte fue heterogéneo y dispar, muchos sectores evidenciaron un rebote claro. Pero desde los anuncios del Presidente del miércoles, todo entró en duda.
Si bien la industria y la construcción no tendrán las restricciones de la cuarentena anterior, el comercio, algunos servicios, en particular de gastronomía, turismo interno, y la economía informal, sentirán el impacto de las restricciones a la movilidad entre las 20 y 6 horas hasta fin de abril.
El golpe en la actividad “no sería dramático” según Consultatio, pero la evolución sanitaria y la experiencia del año pasado “obligan a no descartar una profundización o extensión de las restricciones”.
En el Gobierno reafirman que las medidas paliativas terminan en el programa REPRO II y el bono de $15.000 de la ANSeS en el AMBA. Si se decidieran ayudas adicionales, llegará “la manta corta”: todo el beneficio en sostener el nivel de actividad tendrá como contrapartida un perjuicio en el mayor gasto y presión fiscal. De hecho, el bono de la ANSeS ya implica un costo fiscal no previsto en el Presupuesto.
• Se reabrió el clima de confrontación con el campo.
Desde el inicio de la gestión Alberto Fernández, los tópicos de discusión entre el Gobierno y el sector agropecuario cada vez toman mayor temperatura. Las medidas sobre la exportación de carnes anunciadas el jueves por la secretaría de Comercio Interior, con la incorporación de un nuevo registro y mayores controles, cayeron tan mal que hasta generaron pronunciamientos adversos de la Mesa de Enlace e incluso del Consejo Agroindustrial, este último de buena sintonía con la dirigencia oficial.
• La licitación de deuda en pesos no cubrió el vencimiento.
Ponerle un cierto tope a la emisión fue otra de las pautas centrales del Presupuesto, que establece que el déficit fiscal debe ser cubierto en un 60% por emisión del Banco Central y en un 40% por financiamiento genuino en el mercado. Se trata de una meta relevante, tanto en términos de señal a los mercados como hacia el frente interno, para recordar puertas adentro del Gobierno que “la maquinita” de imprimir billetes tiene límites.
En la licitación del jueves, vencían $70.000 millones y el Gobierno sólo consiguió $37.000. En la última licitación de marzo también el resultado había sido adverso. Y cada peso que el Gobierno no consigue en el mercado, debe ser emitido por el BCRA.
• Los aumentos de tarifas de servicios públicos se demoran.
Otro punto clave para controlar la emisión planteado en el Presupuesto 2021 es limitar los subsidios a los servicios esenciales, gas, agua potable y electricidad.
La idea original de Guzmán era que durante este año las tarifas aumentasen al menos en el mismo nivel de la inflación.
Ya hay críticas puertas adentro
La semana pasada, el ministro recibió otra dosis de fuego amigo. El interventor del Enargas, Federico bernal, de extrema cercanía con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que el aumento del gas se aplicará en mayo y llegará solamente al 6% para clientes residenciales y al 4% para las PyME.
Se estima que la tarifa cubrirá cerca del 40% del costo del servicio; el resto será aportado por los subsidios.
“Esta semana se conoció que se postergaba el ajuste de tarifas, en línea con el pedido de un ignoto subsecretario de Energía que le ganó la pulseada a su jefe, el ministro de Economía. Mientras tanto, la secretaria Paula Español diseña medidas contra la inflación y el BCRA retrasa el ritmo del devaluación”, indicó la consultora lCG.
