Además de la inédita cuarentena obligatoria, los encuentros virtuales y el tapabocas como una prenda de indumentaria básica, el año en el que estalló la pandemia de coronavirus será recordado por la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida en Argentina.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada ayer, en el último semestre de 2020 la pobreza aumentó y alcanzó al 42% de la población, lo que significa que casi 19 millones de personas no contaron con los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica de consumo.
Además, el informe mostró que el 10,5% de la población (4,7 millones de personas) no alcanzó a comprar los alimentos mínimos y se ubicó por debajo de la línea de indigencia.
Ambos indicadores crecieron en comparación con el mismo semestre de 2019 (6,5 y 2,5 puntos porcentuales, respectivamente) y, en el caso de la pobreza, también contra el último dato de pobreza que había arrojado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al primer trimestre de 2020. En ese entonces, el organismo estadístico había informado una pobreza del 40,9% que, proyectado a la población total, significaba que 18,4 millones de personas se encontraban por debajo del umbral de pobreza.
En los últimos tres años distintos factores se combinaron para mermar los ingresos de los argentinos y dibujar una suba sostenida de la pobreza. Entre diciembre de 2017 y el segundo semestre de 2020 el dato de pobreza estuvo cerca de duplicarse. Pasó de 25,7% a 42%, lo que significa un aumento de más de 16 puntos porcentuales. En números concretos, en los últimos tres años más de 7,6 millones de personas cayeron en la pobreza y 2,4 millones no tuvieron los ingresos suficientes ni siquiera para comprar los alimentos mínimos y entraron en el segmento de indigentes.
Tal como se advertía ya en los informes anteriores, los niños y niñas son los más golpeados por la pobreza. Según el informe, más de la mitad (57,7%) de los menores de 14 años viven en esas condiciones y, de hecho, el mayor crecimiento de pobreza con relación al semestre anterior se observó en este grupo, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales.
Si se mira por aglomerados urbanos, se advierte que el dato de pobreza más alto correspondió a Gran Resistencia, en Chaco, donde alcanzó el 53,6%. Estuvo seguido por los partidos del Gran Buenos Aires (51%) y, en tercer lugar, por Concordia (49,5%).
Como elementos para comprender el dato Leopoldo Tornarolli, economista del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), mencionó que si bien el empleo en el cuarto trimestre creció un poco respecto del tercero, lo que debería empujar una caída de la pobreza, en el cuarto trimestre se aceleró la inflación, con un impacto fuerte en las líneas de indigencia y pobreza. “Mi impresión es que el efecto negativo de la inflación más que compensa el efecto positivo de la recuperación del empleo”, sostuvo.
“Los empleos del cuarto trimestre son en su mayoría informales, con ingresos que no suelen alcanzar para salir de la pobreza. Por el contrario, la aceleración de la inflación afecta a todos los hogares, incluso los que ya tenían empleo y habían zafado por poco de la pobreza hasta ahora”, añadió Tornarolli, que había estimado un dato de 41,8%.
La caída de los salarios reales es un dato que explica buena parte del deterioro de los hogares. Según datos de la consultora Ecolatina, entre 2018 y 2019 el salario real de los trabajadores formales retrocedió 17,5%, a lo que se sumó una pérdida de 3,2% en el año de pandemia. También el aumento del desempleo es un factor central, que pasó de 8,9% al 11% en pandemia y mostró un empeoramiento en su calidad, con empleos asalariados privados perdiendo incidencia en relación con informales y cuentapropistas.
Para estimar el número de personas por debajo de la línea de pobreza el INDEC toma como referencia el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que en febrero fue de 57.997 pesos para una familia tipo, y la compara con los ingresos de los hogares. Aquellos que no alcanzan a cubrir esta canasta, son considerados pobres. Si los ingresos no alcanzan para cubrir ni siquiera la Canasta Básica Alimentaria (CBA), de 24.575 pesos en la última medición, entonces se los considera indigentes. Si, en cambio, se mide la pobreza de manera multidimensional (vivienda, asistencia escolar, empleo o acceso a la salud) y no sólo por nivel de ingreso, el dato se eleva al 47% de la población en el primer semestre de 2020 (21 millones de personas).
En la misma línea, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina detectó que en 2020 el 65,2% de los hogares argentinos tenían al menos alguna carencia, mucho más que el 34,9% de los hogares que mostraban una pobreza por ingresos.
Siete de cada diez jubilados no alcanza la canasta básica
Pese al aumento de la movilidad en marzo y el bono compensatorio de 1.500 pesos que otorgará el Gobierno en abril y mayo, más del 70% de los jubilados no alcanza a cubrir la canasta básica de los mayores en abril, de 64.039 pesos, según la última medición del defensor del pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
Ese es el monto que necesita una persona mayor para pagar alimentos, productos de higiene y limpieza, medicación e insumos de farmacia, impuestos y servicios, transporte, vestimenta, gastos de vivienda y recreación. Pero la mayoría percibe ingresos inferiores a dicha canasta.
La fórmula jubilatoria aprobada en diciembre arrojó una suba del 8,07%, por debajo de la suba de los precios registrada en el trimestre octubre-diciembre del 2020, del 11,4%. Por ese motivo, el Ejecutivo sumó dos bonos de 1.500 pesos para aquellos haberes de hasta 30.856 pesos.
De ese modo, la jubilación mínima que en marzo fue de 20.571 pesos pasará a ser de 22.071 pesos en abril y mayo, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de 16.457 pesos a 17.057 pesos. Se trata de valores tres y casi cuatro veces por debajo de las necesidades definidas por la defensoría de la Tercera Edad.
De un total de 8,5 millones de jubilados, 5,7 millones perciben un haber igual o inferior a la mínima. Entre ellos, 4,3 millones cobran la mínima; 1,3 millones, Pensiones No Contributivas (PNC); y 167.000, la PUAM, según datos de ANSeS.
Esto significa que al menos siete de cada 10 adultos mayores percibe un ingreso muy inferior a la canasta del jubilado. Por otra parte, si se tuvieran en cuenta quienes poseen un haber medio o dos haberes (jubilación y pensión), un 80% tendría ingresos insuficientes.
“Se evidencia claramente que esta gran proporción de mayores apenas alcanzan a cubrir un 30% de las necesidades básicas que deberían garantizar su vida digna”, señaló Semino. “Seguimos reclamando que las jubilaciones y pensiones mínimas sean, por lo menos, acordes a la canasta básica del jubilado”, agregó.
La defensoría advirtió asimismo que el sector es el más vulnerable al COVID-19, ya que el 83% de los más de 55.000 fallecidos pertenecen a esa franja etaria y cientos de miles de infectados no son asistidos en controles de salud pospatología aguda, ni en rehabilitación por las obras sociales, PAMI y prepagas.
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