La inflación y el abastecimiento de insumos son algunas de las preocupaciones centrales del gabinete económico.
En ese marco, el Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la creación del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE).
La medida está orientada a tener acceso directo a los precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios.
Según indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, buscan así transparentar la cadena de comercialización de los productos en el mercado interno.
La información reportada tendrá carácter de reservada y confidencial. Las empresas deberán brindar estos datos mensualmente bajo declaración jurada. Según detallaron desde la cartera que conduce Matías Kulfas, el régimen sólo alcanzará a las grandes firmas que serían cerca de mil de un conjunto de sectores considerados claves. Estarán abarcados los distintos eslabones de la cadena de producción, comercialización y distribución.
La implementación será por etapas. La primera presentación deberán hacerla durante el mes de abril las empresas de los rubros de alimentos y bebidas, construcción, electrónica, electrodomésticos y muebles. En este caso, por ser el primero, el reporte deberá incluir información de los meses de enero, febrero y marzo. Posteriormente se recabarán los datos mensualmente.
Este nuevo régimen estará bajo la órbita de la Secretaría de Comercio que conduce Paula Español. Según indicaron, tendrá como objetivo coordinar acciones para prevenir situaciones de faltantes o escasez de oferta de insumos y bienes finales. También utilizarán la herramienta para planificar políticas públicas dirigidas al mercado interno, como incentivos específicos y focalizados.
Desde Desarrollo Productivo también señalaron que la medida permitirá detectar desequilibrios de precios entre los eslabones de una cadena de valor o conductas especulativas ligadas a aumentos injustificados de precios. Consideran que además clarificará las dificultades de aprovisionamiento de insumos y de productos finales.
Las presentaciones deberán realizarse entre los días 1 y 10 de cada mes. Las principales variables a informar serán precios de venta vigentes, cantidades producidas y vendidas y stock de los productos. “Las empresas no deberían tener problemas en recabar la información porque son datos que ya procesan sus sistemas de gestión”, señaló un alto funcionario del Gobierno.
En principio, la medida tendrá vigencia durante todo el 2021. Los detalles a los que este medio pudo acceder marcan que estarán comprendidas las empresas que anualmente facturen más de $965.460.000 en el sector de la construcción, 2.602.540.000 para el comercio y 2.540.380.000 en la actividad industrial.
Si bien la resolución tiene previstas sanciones, en Comercio apuestan al cumplimiento. En rigor, la cartera ya tenía la potestad de solicitar puntualmente estos datos, la novedad es la herramienta que formaliza el esquema mensual.
Semanas atrás, el Gobierno se reunió con empresarios de toda la cadena de la industria alimenticia y manifestó que “se detectaron aumentos injustificados en la provisión de insumos”. En ese momento, los representantes del sector privado salieron de la reunión con la sensación de que la etapa que vendría sería de mayor intervención estatal.
