En los niveles actuales, la inflación se está transformando en un impuesto distorsivo para los millones de trabajadores argentinos a los que se les está haciendo cada vez más complicado llegar a fin de mes.
El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a aumentar por encima del Índice de Precios al Consumidor medido por el INDEC y los incrementos estuvieron liderados por las frutas y verduras, productos esenciales de la canasta argentina. Así las cosas, la división alimenticia registró un alza del 3,8% y fue la de mayor incidencia en todas las regiones, mientras que la inflación general fue de 3,6%.
La premisa inicial del proyecto gubernamental actual fue clara, ir en ayuda de los más necesitados que, con la pandemia y el congelamiento de casi toda la estructura económica nacional, vieron limitadas todas sus posibilidades.
Pero si el rubro que más aumentos manifiesta en la estructura de precios es el de alimentos y bebidas, entonces es que algo anda mal en el proyecto, porque en definitiva es hacia donde se debe apuntar si lo que se precisa es dar una mano a los más necesitados.
A propósito, en las últimas semanas el Gobierno nacional llevó a cabo reuniones con representantes del sector alimenticio con el fin de alcanzar un acuerdo de precios y salarios y alinear expectativas en medio de la aceleración inflacionaria. Pero apuntar a un control de precios, se sabe, tiene limitaciones de tiempo y geografía, duran poco y se extienden al centro del país.
Debería el poder central trabajar hacia adentro, generando políticas de base, desarrollando sistemas, elaborando agendas a futuro, salir de una vez de la coyuntura para, de una vez por todas, pensar el bienestar de la Nación ya desde otro enfoque que no sea la indigencia.
