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El Estado se queda con casi $61 de cada 100 que genera el campo

12 febrero, 2021
CRISIS. La elevada presión impositiva golpea más fuerte en aquellas zonas más alejadas los puertos de Rosario.

De acuerdo al estudio realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), respecto a la participación del Estado en la renta agrícola, esta pasó del 56,4 % al 60,4 %.

“Cada $100 que genera una hectárea agrícola, surgidos del valor de la producción menos los costos, $60,40 se lo llevan los diferentes niveles de Gobierno a través del cobro de los impuestos”, indicaron. En la última medición, según publicó el sitio El Campo Hoy, la participación del Estado en soja fue del 64,5%, maíz 53,9%, trigo 53,5% y girasol 62%.

El estudio de FADA se conoce cuando el Gobierno se comprometió a no aumentar las retenciones si el campo revisa el aumento de precios. Se lo dijo el Presidente Alberto Fernández a la Mesa de Enlace durante la reunión que tuvieron en la Casa Rosada.

De acuerdo a lo expresado por los especialistas de FADA, “las diferencias entre cada cultivo radican en los impuestos, como el caso de la soja que tiene 18% mayor nivel de retenciones que el resto, y en la renta que genera cada cultivo, a menor rentabilidad mayor participación relativa de los impuestos”.

 

Peor que hace un año

Comparativamente, el estudio de FADA realizado en diciembre pasado marcó que los impuestos representaban el 59,2% de la renta (ingresos menos costos) de una hectárea agrícola. “Cada $100 que genera el productor, $59,2 quedan para los distintos niveles de gobierno”, explicó entonces David Miazzo, economista jefe de FADA.

El año pasado la participación del Estado era del 64,6% para la soja; 49,7% en maíz; 55,2% en trigo y 49% para el girasol. Dentro del 59,2 % de participación del Estado, impuestos no coparticipables representan el 61% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina, según FADA.

 

Todos quieren cobrar una parte

De acuerdo a lo expresado por los especialistas de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), “las diferencias entre cada cultivo radican en los impuestos, como el caso de soja es que tiene 18% mayor nivel de retenciones que el resto, y en la renta que genera cada cultivo, a menor rentabilidad mayor participación relativa de los impuestos”.

Asimismo, los impuestos nacionales no coparticipables explican más del 60% del total de la carga impositiva que afronta una hectárea agrícola.
FADA dio a conocer el informe en una jornada marcada por el encuentro entre el presidente Alberto Fernández y los integrantes de la Mesa de Enlace.

La mayor presencia de estos impuestos son las retenciones, a los que hay que agregar el impuesto a los Créditos y a los Débitos Bancarios.

En el segmento de los impuestos nacionales coparticipables, se destacan el impuesto a las Ganancias (neto del impuesto a los Créditos y Débitos) y el IVA.

Por otro lado, los gobiernos provinciales reciben una parte de esos impuestos como coparticipación y también recaudan diversos impuestos como el inmobiliario rural y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales explican casi el 4% de los impuestos totales.

Por último, los impuestos municipales explican el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA a nivel nacional. El componente central son las tasas de Red Vial, donde hay duras críticas porque muchos municipios utilizan ese dinero para cubrir sus gastos corrientes y no para el mantenimiento de los caminos rurales.

Finalmente, la elevada presión impositiva que afecta la rentabilidad golpea más fuerte en aquellas zonas más alejadas de los puertos del Gran Rosario.

 

Sumatoria de cargas

El componente central de estos impuestos son las Tasas de Red Vial, donde hay duras críticas de los productores agropecuarios porque muchos municipios utilizan ese dinero para cubrir sus gastos corrientes y no derivan el mismo al mantenimiento de los caminos rurales, que es el objetivo central por el que fue creada dicha Tasa.

La elevada presión impositiva que afecta la rentabilidad golpea más fuerte en aquellas zonas más alejadas de los puertos del Gran Rosario.

Fuente: Medios Digitales

Tags: #economíaCampoFadaImpuestos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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