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Siete municipios se unen para exigir regalías permanentes a la EBY

27 enero, 2021
EBY

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. Es una de las demandas, por la crecida de los arroyos y pérdida de tierras

EBY
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. Es una de las demandas, por la crecida de los arroyos y pérdida de tierras

Por iniciativa del presidente del Concejo Deliberante de San Ignacio, Luis Domínguez, los concejales de los municipios misioneros afectados por Yacyretá (con excepción de Posadas) se reunirán en los próximos días para unificar estrategias y ordenanzas con el objetivo de reclamar resarcimientos a la Entidad.

Semanas atrás fueron siete los intendentes los que se reunieron y acordaron trabajar en conjunto para elevar sus reclamos: Luis Ripoll (Garupá); Carlos Flores (Candelaria), Pablo Castro (Santa Ana); Javier Peralta (San Ignacio); Francisco Aquino (Loreto); Rosendo Lukoski (Roca) y Mabel Cáceres (Santo Pipó). Ahora los concejales también planifican su propia estrategia para pedir compensaciones.

“Es una preocupación que nos aqueja desde hace varios años, y un reclamo de la ciudadanía sin tener respuesta por parte de la Entidad, a quienes venimos solicitando desde hace años y nunca tuvimos respuestas concretas. El impacto ambiental es terrible, y es imperioso tener una solución de raíz. Venimos reclamando la pronta intervención por parte de la Entidad sin tener respuestas”, dijo el edil.

“No solamente el tratamiento costero es el eje de la convocatoria, sino también la falta de inversiones en obras en la zona e indemnizaciones que debería haber realizado la EBY y que con urgencia debe comenzar a hacer”, agregó.

En declaraciones a PRIMERA EDICIÓN, señaló además que la reunión se hará en forma virtual y que se tercerizó un estudio técnico con una consultora para que “evalúe y cuantifique” una compensación económica permanente o una regalía que solicitarán.

“Los municipios de Paraguay tienen un mecanismo directo de regalías permanentes. En Corrientes se están realizando obras millonarias. También hay que felicitar a los posadeños por las obras y la inversión que lograron desde la costanera sur hasta el acceso oeste. Nosotros también somos municipios afectados y tenemos el mismo derecho a ser compensados”, remarcó Domínguez.

El edil de San Ignacio agregó que “pasan los años y pasan los gobiernos de diferentes colores políticos, pero ninguno se sentó con los municipios a elaborar un trabajo serio y definitivo. Necesitamos que se conforme una mesa de negociación permanente para resolver este tema en forma definitiva”.

“Acá la Entidad está generando electricidad para las grandes ciudades y nos dejó sin tierras productivas que fueron inundadas, dejó a los municipios sin cobrar impuestos por esas tierras, dejó crecida en los ríos y arroyos, pérdidas millonarias y consecuencias en salud, economía, en la condición social de la gente, eso tiene que ser compensado” finalizó Domínguez.

 

Reunión de intendentes

A fin de noviembre se reunieron siete intendentes en San Ignacio y manifestaron que no están teniendo los resarcimientos necesarios por el impacto de la EBY en sus municipios pero además que “hay incumplimiento de varios convenios firmados y vigentes por los cuales deben recibir compensaciones”.

Uno de los participantes dijo a este Diario que “nos sentimos menospreciados” por las autoridades de la EBY. “Vamos a elaborar un reclamo conjunto, más drástico, porque hasta ahora presentamos las notas y exigimos que se cumplan con los convenios pero no tuvimos respuestas”, dijeron.

Tags: EBYLuis DomínguezSan Ignacio
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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