En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, familiares y profesionales que trabajan con personas con discapacidad se convocaron ayer frente a la Casa de Gobierno para hacer entrega de un petitorio en el que exigieron que se respeten las políticas públicas de inclusión. Además, pidieron exclusivamente la participación activa de las personas con discapacidad y sus familiares en las políticas de estado que se dicten en relación a la discapacidad ya que “somos especialistas en este tema. ¿Quién conoce mejor a las personas con discapacidad que ellos mismos y sus familiares?”, dijo a PRIMERA EDICIÓN una de las referentes de la organización Empatía Viral, Rossana Tomas.
Juntaron firmas
Durante la semana, los organizadores de la convocatoria hicieron circular una nota en redes sociales para juntar la mayor cantidad de firmas posibles y ayer antes del mediodía acercaron el documento a las autoridades pertinentes.
“Pedimos por cuestiones básicas que hacen al mejoramiento de la vida cotidiana de las personas con discapacidad”, contó Rossana. En este sentido, explicó que “el marco legal está establecido, pero hace falta mayor respeto y cumplimiento a esas normas”.
Agregó que, principalmente durante la cuarentena, “se puso en evidencia la necesidad de actualizar los nomencladores de los diferentes profesionales que nos atienden a nosotros y nuestros hijos porque su discontinuidad determina el retroceso de muchos de los avances que habían presentado hasta marzo del 2020”.
El objetivo del petitorio fue “darles la independencia suficiente para que no sean una carga para el Estado y que puedan desarrollarse lo máximo posible para cuando sus familiares ya no estén con ellos para ayudarlos”, destacó la mujer.
Falta de inclusión
En nuestra provincia, las personas con discapacidad se enfrentan diariamente a una serie de inconvenientes causado por la falta de una adaptación vial, social y cultural. En términos de movilidad, educación, trabajo o trámites burocráticos, la inclusión de las personas con discapacidad se ve atropellada constantemente por falta de políticas públicas y de conciencia social.
En cuanto al transporte, “no hay colectivos adecuados para sillas de ruedas. Además, cuando los colectivos cambian sus circuitos por alguna razón, afectan a las personas no videntes y también a los que están en el espectro autista ya que están tan acostumbrados a determinado recorrido que, cuando modifican eso, se pierden”, explicó Rossana. Además de los inconvenientes del transporte público, también se enfrentan a la falta de rampas, autos que obstaculizan las pocas que hay, veredas rotas u ocupadas con sillas y mesas de los locales céntricos, entre otras.
Por otra parte, tampoco se respeta la inclusión educativa establecida por la Ley Nacional 26.206: “hay problemas en el reconocimiento de los títulos para aquellos que llegan a finalizar el nivel universitario o terciario. No le reconocen los títulos y, por lo tanto, tienen menos posibilidades laborales”, sostuvo.
En este punto, también destacó que pese a que hay leyes y normativas que buscan promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitando la obtención, conservación y progreso en un trabajo dentro del ámbito público o privado, lo cierto es que no se cumplen.
Inclusive, acceder al Certificado Único de Discapacidad es una odisea para ellos ya que los trámites son muchos y se demoran.
Algunos pedidos
Primeramente solicitaron que “se nos permita participar activamente a través de las asociaciones que nos nuclean, en el diseño y mejoramiento de las políticas públicas que contemplan la inclusión en todos los ámbitos”.
En cuanto a la vivienda digna, “se debe implementar un seguimiento a los expedientes de las pensiones por discapacidad que se han presentado en años anteriores y que aún no tuvieron respuesta. Asimismo, que se contemplen los casos de familias con más de una persona con discapacidad para que todos puedan acceder al beneficio”, pidieron.
Agregaron que se debe priorizar el otorgamiento de acceso a la vivienda digna a las familias con algún miembro con discapacidad. Asimismo, destacaron la necesidad de implementar políticas de educación inclusiva en todos los niveles así como la garantía de “que, los que alcanzan la escolaridad terciaria no universitaria cuenten con el aval para acceder a sus títulos habilitantes para ejercer sus profesiones”.
En cuanto a la circulación y utilización de transportes públicos, solicitaron que “se les garantice la libre circulación en colectivos de corta y larga distancia” y que “se fortalezca la accesibilidad a edificios y espacios públicos en todos los municipios provinciales”.
Una sociedad cada vez más excluyente
En nuestro país 10 de cada 100 argentinos, según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del INDEC, tienen una discapacidad y deben enfrentar una sociedad cada vez más excluyente, que vulnera sus derechos establecidos en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, sancionada por Naciones Unidas en 2006.
Cabe destacar que la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1992, proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de promover la inclusión de este colectivo a la sociedad y el cumplimiento de sus derechos, pero su efectivización todavía es una deuda pendiente.
Además, la no utilización de un modelo social de la discapacidad que ponga el acento en sus capacidades en lugar de las limitaciones, construyen una imagen de las personas con discapacidad como sujetos desvalidos.
No incluidas en la Guía de Aborto
La Guía de Aborto no punible de la provincia está desactualizada, ya que no incorporó todavía los cambios que se hicieron en el 2015 y los más recientes en el 2019.
Esto afecta significativamente a las personas discapacitadas ya que no se ven incluidas en la actual Guía de Misiones. “Repercute gravemente en sus derechos, que no se ven contemplados en este caso. Es negarles un derecho más de los tantos que tienen vulnerados”, dijo a PRIMERA EDICIÓN, la médica pediatra, Marcela Bobatto.
Y es que según explicó, “si bien adhirió al último protocolo nacional, todavía se está adecuando y falta mucho para que sobre todo en el sistema de salud se llegue a efectivizar”.
Al respecto, aseguró que “hay un desconocimiento muy grande por parte de la sociedad en cuanto a que las personas con discapacidad pueden interrumpir voluntariamente su embarazo en caso de violación, sin necesidad de que terceros deban mediar por ellas”.
