De un lado perdimos parte de nuestra biodiversidad: no son solamente monte y selva sino también la fauna que la habita. Más allá del proyecto de implantar casi 50 mil ejemplares de especies nativas para repoblar Yabotí y el Cuña Pirú, pasará un largo tiempo donde se sentirá el impacto de lo consumido bajo el fuego.
Por el lado productivo-económico, grandes extensiones de bosques implantados ardieron en Misiones y también en el norte correntino, llevándose años y años de esfuerzo de productores que ven cenizas o naturaleza muerta tras el paso de las llamas.
Pensar que semejante pérdida fue causada por inescrupulosos e inconscientes vecinos de los mencionados lugares, vuelve a poner en el debate de por qué razón nuestros legisladores no avanzan con las penas más severas respecto a delitos ambientales.
Es difícil pensar en las razones por las cuales no se quiere tipificar en el código penal el daño al medio ambiente, con lo que ello significa para una comunidad, para el planeta.
Por el otro, en especial pensando en las pérdidas económicas de las familias que viven de la forestación, hará falta una intensa y rápida gestión para que se declare la emergencia del sector y se consigan incentivos económicos para el reinicio productivo.
Las autoridades son conscientes de que la sequía y los incendios se podrían repetir en intensidad y extensión hasta marzo, porque el pronóstico no es alentador en cuanto a las precipitaciones que se esperan para este verano. Además de las medidas de control, hace falta intentar “curar” el daño que se provocó hasta ahora en todas las aristas posibles, dentro de este grave contexto.
