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Reparos de la industria a idea de controlar importación de yerba canchada

19 noviembre, 2020
BAJO CONTROL. Quienes ingresen el producto a la Argentina deberán informar al INYM para posterior verificación.

La semana pasada, el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) comunicó que controlará la calidad de la yerba canchada importada, al aprobar el “Régimen de Información y Control de Yerba Mate Canchada Importada”, junto a otras medidas orientadas a fortalecer la calidad del producto.

Así, quienes ingresen el producto a la Argentina deberán informar al INYM el destino de la materia prima, consignando el domicilio donde quedará en resguardo, fecha de ingreso al país, tipo de producto y cantidad en kilogramos.

El producto deberá permanecer en el lugar declarado hasta tanto el INYM tome muestras y pueda realizar análisis fisicoquímico y microbiológico para determinar su aptitud; esto, siguiendo los lineamientos del Reglamento de Control de Calidad de Materia Prima de Yerba Mate aprobado por Resolución 11/2017, y sus modificatorias.

Sin embargo, desde el sector Industrial dentro del Instituto, plantearon que la decisión fue “apresurada” debido a que el documento llegó al Directorio sin previo análisis de las entidades relacionadas con los procesos de importación del producto, por lo cual solicitaron un aplazamiento de la votación. Además, reconocieron que uno de los principales inconvenientes sería la cantidad de días que se guardará la yerba canchada importada esperando los resultados de los análisis de control.

En relación a esto, Raúl Ayala Torales, director titular por Industrias en el INYM, comentó a PRIMERA EDICIÓN que: “Se están analizando los términos de la resolución porque se introdujo en la última reunión del Directorio sin que el texto pase por las entidades, como son la cámara de molineros de la zona productora, también de Corrientes, las asociaciones de secaderos y las cooperativas que son quienes importan eventualmente yerba mate canchada”.

“Como el texto entró al Directorio sin análisis previo, lo que hizo la Industria fue solicitar un aplazamiento de la votación de dicha resolución. El malestar que se creó fue porque la resolución se presentó al Directorio sin haber sido analizada por los sectores más interesados que son los exportan. En eso estamos ahora”, explicó y agregó: “En base a eso se verá si amerita una presentación judicial, teniendo en cuenta que ese es el último recurso que tiene un afectado frente a una resolución inconsulta”.

“En este momento cada entidad tiene el texto de las resoluciones y así se verán los pasos a seguir. En las próximas semanas, las entidades afectadas solicitarán un pedido de reconsideración, si es que eso fuera necesario, o directamente recurrir a la Justicia. Hay que esperar unos días, hasta que las asociaciones hagan los análisis del texto, para saber cuáles serán los caminos a tomar”, remarcó.

 

Complicaciones del proceso

Al ser consultado sobre las complicaciones que podría generar la cantidad de días que se debe esperar hasta que finalicen los procesos de control de calidad, Ayala Torales contestó: “Por supuesto que eso sería un problema. Una vez que la yerba canchada ingresó al país, el órgano de control, como pasa con cualquier producto alimenticio es el SENASA, que verifica que el producto cumpla, primero, con las normas del MERCOSUR y, segundo, con las normas del código alimentario argentino”.

“Además, ya hay un reglamento de secanza que indica cuáles son los requisitos que debe tener la yerba canchada. Y de alguna manera se discrimina a los productos, porque una vez que esa yerba mate canchada entró a un depósito lo único que la diferencia de una yerba argentina es la etiqueta”, indicó y se preguntó: “Entonces ¿por qué vamos a controlar solamente la yerba canchada importada si al lado hay una pila de bolsa de yerba canchada argentina, que podría tener los mismos problemas, y no es sujeto a esos análisis?”.

Al mismo tiempo consideró que “el problema es que los análisis duran entre 15 a 20 días, entonces en esos días esa yerba canchada está estancada, por decirlo de alguna manera, hasta que no esté el resultado del análisis. Eso tiene un costo financiero industrial, porque el que compró la yerba canchada, porque la necesita usar, tiene que esperar hasta que esté el informe del análisis”.

A su vez, “si el resultado del análisis arrojara un resultado sospechoso o no acorde con las normas, corresponde una contraprueba, entonces el tiempo se estira a un mes en custodia del producto esperando que el laboratorio emita los resultados”, completó.

En este sentido opinó que “la resolución se sacó a votación en forma apresurada, a los efectos de impedir, dificultar, molestar, a la importación de yerba mate”.

“En los últimos meses, es de público conocimiento, hubo escasez de hoja verde, lo que llevó a una elevación desmedida del precio de la yerba mate canchada. Eso motivó que se importara yerba, porque resultaba más barato traerla de afuera. Además con la salvedad de que era todo dentro del MERCOSUR y eso es como si fuera nacional en relación al pago de impuestos y demás, las normas del MERCOSUR se hicieron para eso”, argumentó.

Por ello, el Director representante de la Industria en el INYM, subrayó que “la medida busca limitar o poner trabas a la importación de yerba mate. Pero, en este momento, eso es algo innecesario porque el Gobierno paraguayo ha dictado una cantidad de medidas para no exportar más yerba mate, porque les está faltando a ellos. Tampoco se está trayendo yerba de Brasil, porque los propios importadores pusieron un límite por las normas de calidad, ya que la yerba brasilera no es del gusto argentino”.

Tags: INYMMisionesYerba Mate
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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