Un hombre oriundo de Bernardo de Irigoyen fue condenado por la Justicia brasileña a siete años y seis meses de prisión por narcotráfico y dos años más de cárcel por resistirse al arresto, según publicó la prensa del vecino país.
El imputado, Alberto Miguel Almeida, fue reciente noticia cuando se enfrentó a la Policía Militar y terminó baleado en una de sus piernas. Pese a estar herido, el individuo de 40 años, intentó darse a la fuga.
Luego se supo que estaba prófugo en Argentina, donde también era buscado por delitos vinculados a drogas. La fiscal de São José do Cedro, Mariana Mocelin, informó que la tarde del viernes 17 de julio pasado, luego de una investigación de unos cuatro meses se envió una orden de allanamiento e incautación al domicilio del entonces fugitivo. Al llegar al lugar para ejecutar la orden, la Policía Militar anunció que iban a registrar la propiedad.
En ese momento, según el reporte de los uniformados, Alberto atacó a los policías con un machete, por lo que los efectivos repelieron el ataque con disparos, uno de los cuales impactó en una de sus piernas. A pesar de que estaba herido, intentó escapar y resistir el arresto, pero fue alcanzado y enviado al hospital.
Al allanar la residencia del misionero los pesquisas incautaron 1,630 Kilogramos de marihuana y cerca de 50 gramos de cocaína, fraccionada y empaquetada para la venta, además de una balanza de precisión y poco más de 8 mil reales en efectivo.
Además, en la escena fue secuestrado un teléfono celular y el vehículo utilizado por el traficante con el cual buscaba drogas en Argentina y luego distribuía a sus “clientes”, siempre de acuerdo al informe de la mencionada fiscal. Además de las penas de prisión, la sentencia dictada por el juez Lucas Antônio Mafra Fornerolli en el Distrito de São José do Cedro, condenó al imputado a pagar 749 días de multa que corresponden a unos 26 mil reales.
El dinero incautado, por no tener probada procedencia lícita, así como el vehículo y el celular, por ser utilizado como instrumento de tráfico, serán entregados al Estado. El imputado aún puede apelar la sentencia, pero, dado su peligro y el hecho de que estaba huyendo de Argentina, en nombre de garantizar el orden público y asegurar la aplicación de la ley penal, se le negó el derecho a apelar en libertad.
