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El divorcio y la división de los bienes: todo lo que hay que saber

10 noviembre, 2020
LO MÍO, LO TUYO, ¿LO NUESTRO? Las separaciones suelen generar tensiones y peleas sobre el patrimonio.

No hay vuelta atrás: si el amor se escapa por la ventana, el divorcio entra por la puerta principal. Entonces, una de las mayores preocupaciones de la pareja suele ser la división de bienes. Es importante, en ese momento, poder determinar con precisión qué bien pertenece a cada cónyuge.

Por supuesto, al inicio del matrimonio esta cuestión no inquieta a las parejas. Es que casi nadie piensa en el final, y mucho menos en las cuestiones materiales. Hasta que todo termina…

Entonces, ¿cómo opera esta cuestión de los bienes? La mayoría responde: lo que se compra estando casados pertenece a los dos. Eso es correcto, es la regla general. Pero toda norma tiene sus excepciones y es importante conocerlas.

En ese momento se debe evaluar cuál es el patrimonio que se obtuvo durante el tiempo que duró el matrimonio y “diferenciar los bienes propios de los gananciales, para comprender qué va a corresponder a cada cónyuge”, simplificó la abogada Agustina Fraticelli.

 

Me quiero divorciar

De acuerdo a la letrada, “para empezar tu divorcio no tenés que invocar una causa ni esperar plazos: es una de las innovaciones más importantes del nuevo Código Civil y Comercial”. Pero también, si la pareja se pone de acuerdo, “puede iniciar de manera conjunta el pedido de divorcio”.

Como requisito fundamental, “ya sea de manera unilateral o conjunta, debemos acompañarlo con una propuesta de convenio regulador”, indicó Fraticelli. ¿Qué significa? Se trata de “una propuesta que hace el cónyuge al presentar la demanda de divorcio, donde regula temas atinentes a la atribución de la vivienda, de los bienes, eventual compensación económica, la responsabilidad parental (respecto a los hijos en común) y sobre la cuestión alimentaria”.

Pero si el divorcio es peticionado por sólo uno de los cónyuges, “el otro puede hacer una propuesta reguladora distinta. Se intentará siempre poder llegar a un acuerdo entre las partes y, en caso de que ésta fracasara, lo determinará el juez”.

La abogada Fraticelli precisó que “los bienes propios son aquellos donde uno tiene la titularidad o posesión con anterioridad al matrimonio: esos bienes que eran míos antes de casarme, lo seguirán siendo después del divorcio”.

En cambio, “lo que adquiero ya casado o casada forma parte de los bienes de la comunidad, eso quiere decir que son dueños por partes iguales ambos cónyuges. Una vez finalizado el matrimonio, corresponde la mitad a cada uno”.

Por ejemplo, “si tengo un auto antes del matrimonio y lo cambio por otro una vez casado, prácticamente seguirá siendo un bien propio, por ser el capital principal anterior al matrimonio. Lo que sería ganancial, en ese caso, sería solamente la diferencia dineraria: si tenía un auto propio que salía 200 mil y luego lo vendo y adquiero uno nuevo por 300 mil, sólo 100 mil son lo que en un futuro hay que dividir”.

 

Herencias, donaciones y deudas

También son bienes propios “la vestimenta y lo necesario e indispensable para ejercer la profesión, pero los frutos que derivan de la profesión, una vez casados bajo el régimen de comunidad, quedan abarcados como parte de los bienes gananciales”, aclaró Fraticelli. Y serán siempre bienes gananciales “aquellos adquiridos, creados a título oneroso, una vez casados”.

En cambio, las herencias o donaciones recibidas, “incluso estando ya casados, corresponden sólo al cónyuge que los recibió”, mientras que son gananciales los premios que derivan del azar, juegos y apuestas.

“Lo que trae muchas dudas -advirtió la abogada- son las deudas. Hay una normativa común para ambos regímenes, la ley establece que ‘los cónyuges son solidariamente responsables’, es decir, ambos son responsables por obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar y educación de los hijos”.

Así, “cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos, pero por los gastos de conservación y reparación de los bienes que son parte de la comunidad, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con la parte de sus bienes gananciales. Y si uno de ellos solvento en algún momento alguna deuda personal con bienes de la comunidad, debe reponerlos”, clarificó Fraticelli.

 

Elegir el régimen

Actualmente, con el nuevo Código Civil y Comercial podemos elegir el régimen patrimonial de matrimonio, el cual puede ser de separación de bienes o de comunidad.

En el régimen de separación de bienes, cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes, salvo la vivienda familiar, que se rige por sus propias reglas. “Pero si la pareja nada dice, quedan abarcados al casarse por el régimen de la comunidad”, precisó la abogada Agustina Fraticelli.

Al estar dentro del régimen de comunidad, todos los bienes adquiridos a partir del matrimonio pasan a formar parte de una masa común que pertenece a ambos, estos bienes se llaman gananciales. En cuanto, los bienes propios son los que cada cónyuge tenía antes de casarse y no forman parte de esa masa.

Tags: División de BienesDivorciolegislación
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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