El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Gabriel Pérez, indicó que entre la semana pasada y ésta fueron secuestrados 26 camiones cargados con soja (capacidad de unas 30 toneladas cada uno) en los controles de la Agencia Tributaria de Misiones ubicados en El Arco, ruta nacional 12, y Centinela, en la ruta nacional 14.
Consultado por PRIMERA EDICIÓN, Pérez indicó que los motivos centrales fueron dos: la existencia de inconsistencias entre los sujetos que realizan la operatoria de compra y venta de soja, que en la mayoría de los casos son jubilados o monotributistas sin capacidad económica para manejar semejante volumen de dinero; y por otra parte, que los destinatarios de la mercadería declaran funcionar como cooperativa pero no cumplen con la documentación ni la autorización que expide el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para operar.
Es decir, “no cumplen con los requisitos de los artículos 51 y 58 del Código Fiscal provincial”, señaló el Ministro.
“Además de la documentación y las denuncias en la Justicia Federal (de Oberá), hay infracciones al Código fiscal. Se aguardan los descargos que realizarán los interesados, presuntos infractores”, indicó. Hasta el momento, de los 26 demorados, sólo 3 presentaron descargos para recuperar la mercadería, pero el proceso todavía no fue definido procesalmente por la ATM.
Acerca de la protesta de los camioneros, enojados por la retención de sus camiones, el Ministro dijo que “nada debe temer quien nada tiene que ocultar”, dando a entender que si no hay delito o infracción fiscal, los vehículos retenidos serán liberados y todo volverá a la normalidad.
Pero aclaró que se llegará hasta las últimas consecuencias para confirmar o descartar las sospechas “un pequeño desorden puede conducir a otro mayor, luego a otro más grande, y así quizás, hasta algún crimen”.
Qué ocurre con la soja secuestrada
La soja retenida por la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) queda bajo resguardo hasta que se culmine el proceso administrativo. Si los responsables presentan toda la documentación y justifican la operación, se le reintegra. De lo contrario queda confiscada y los responsables podrían sufrir una sanción (multa) y de acuerdo a lo que disponga la Justicia o no consecuencias penales.
Los ocho camiones secuestrados la semana pasada en San Vicente quedaron bajo resguardo en una playa de estacionamiento de la Policía, en aquella localidad, para no entorpecer los espacios públicos ni la playa privada donde fueron retenidos.
En cambio, los otros 18 camiones retenidos entre lunes y martes de esta semana han quedado a resguardo de la Policía y la ATM en las playas de los puestos de control en Centinela y El Arco.
Los camioneros pueden retirarse sin inconveniente. No hubo detenidos en ninguno de los casos.
Pero al margen del proceso administrativo, hay denuncias efectuadas por los hechos anteriores y por los de esta semana que se están tramitando en el Juzgado Federal de Oberá.
La Justicia deberá determinar si hubo delitos, evasión impositiva, lavado de activos, entre otros. En esos casos también deberá intervenir la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP ) pues si hay una organización dedicada al contrabando además del delito hay daño al fisco nacional.
Maniobra legal pero ilegal
Los casos de la semana pasada se destaparon porque los ocho camiones fueron observados en una estación de servicio de San Vicente, cuando habían declarado que su destino final iba a ser Campo Viera. Habían superado y se habían desviado de la ruta declarada y eso llamó la atención de los “sabuesos”, provocando el operativo. Ahí, luego de las pesquisas, surgieron las inconsistencias observadas en las documentaciones.
A partir de ese momento, la ATM, con la colaboración de la Policía, empezó a realizar investigaciones más exhaustivas y descubrió un negocio millonario, con una fachada legal, pero que “corriendo el velo”, tiene aristas turbias y presuntamente delictivas que ahora se deberán comprobar.
Como bien dijeron los camioneros durante la protesta del martes, la soja estaba declarada, ingresaba en blanco y pagaba los impuestos correspondientes. Por ello, posiblemente los camioneros no carguen con la responsabilidad. Dependerá de su participación en la cadena de responsabilidades de una eventual organización y que lo confirme la Justicia.
Lo que se descubrió es que hay estudios contables trabajando para un “financista” domiciliado en Campo Viera o San Vicente que utilizan a jubilados o monotributistas para que pongan la cara en cada operación.
Una fuente de la investigación dijo a este Diario que se los da de alta, realizan la operación comercial, y luego se los da de baja. Entonces, cada vez que cruzan un control, tienen la documentación de la AFIP que avala la operación y, por esta razón, pagaban los impuestos y cruzaban los controles sin problemas.
Pero al “correr el velo jurídico” se encuentra que los supuestos compradores y vendedores no serían más que piezas descartables y los verdaderos operadores y financistas son otros. Y también se determinó que la soja no estaría teniendo el destino que se declara. Las supuestas cooperativas compradoras no tienen autorización para funcionar.
Pero, además, al ingresar a la provincia se paga el anticipo de Ingresos Brutos, pero los supuestos compradores, después, nunca completan el pago del impuesto por la soja comercializada en la Provincia, es decir que desaparece en el mercado sin rastro.
Los investigadores dijeron, en off the récord, que “lo más probable es que la soja sea destinada a Brasil de contrabando” y agregaron que “es un negocio mega millonario que deja entre 350 mil y 400 mil pesos limpios de ganancia por cada camión, luego de superar todos los gastos”.
Otro de los investigadores aseguró que “hay miles de actores que se han ido sumando a este negocio en los últimos años y eso puede corroborarse al recorrer a costa del río Uruguay, donde hay cientos de productores que se han enriquecido de manera muy veloz y poco clara. Ahora circulan en camionetas 0km y construyeron galpones muy grandes situados a pocos metros del río”, aseguró, dando a entender que tendría relación con el negocio.
No hubo reunión ni protesta
Uno de los cabecillas de la protesta del martes fue demorado por la Policía por conducir un auto “prestado” y no tener la documentación respaldatoria. Por esta razón ayer pudo movilizar a los otros participantes y no se desarrolló la protesta, a pesar que habían amenazado volver a las rutas si no tenían una respuesta.
Es que el martes, un grupo de transportistas cortó los accesos a Rentas en El Arco y Centinela, exigiendo que les “dejen trabajar” porque, aseguraron, la mercadería cumplía todas las normas y pagaba los impuestos para ingresar a la provincia.
A las 17 del martes levantaron la protesta con la supuesta promesa de que ayer tendrían una reunión con autoridades de Rentas.
PRIMERA EDICIÓN consultó al área de prensa de Rentas y desde ahí indicaron que no hubo ninguna reunión ni tampoco habrá. Y desde el Ministerio de Gobierno sostuvieron que “no hay ninguna reunión pendiente” y que el único paso que se debe dar a continuación es que los transportistas o los compradores de la soja presenten la documentación que respalde la operación en forma administrativa.
