Uno se sienta en el sofá de su casa, para relajarse al término de la jornada laboral. O se dispone a dormir una breve siestita. Y de repente, suena el teléfono fijo o vibra el celular: número desconocido. Por las dudas, uno atiende y del otro lado de la línea alguien identificado como empleado del banco equis te ofrece un crédito en condiciones inmejorables, o un promotor que te habla de una súper oferta para acceder a un auto 0km.
Una situación cotidiana por la que antes o después atraviesa cualquier ciudadano. Y más allá de la molestia que pueda llegar a causar, uno se pregunta: ¿cómo hicieron para conseguir mis datos personales y privados?
La Asociación por los Derechos Civiles de la Argentina (ADC) lanzó una campaña llamada “Quiero mis Datos”, destinada a quienes quieran saber -por ejemplo- qué saben de él los bancos, una financiera, el mismo Estado o, sin ir más lejos, las redes sociales y el propio Google; qué datos tienen recopilados con respecto a la vida personal de cada uno.
El programa “Aire de Sábado”, que se emite por la FM 89.3 Santa María de las Misiones, entrevistó al respecto a Leandro Ucciferri, investigador y analista de políticas públicas de la mencionada asociación, quien aclaró que “en Argentina hace 20 años que tenemos una Ley de Protección de Datos Personales que nos brinda ciertas herramientas para conocer qué saben de nosotros esas empresas, con quién se comparte esa información, para qué la van a utilizar… Porque muchas veces ese propósito está escondido entre las políticas de privacidad, que son documentos jurídicos muy técnicos y a veces muy difíciles de entender en su totalidad”.
Por eso “desde hace años venimos investigando todo este tipo de prácticas y analizando los modelos de negocios que existen detrás de los datos que manejan las empresas, cómo usa el Estado esos datos… Pero veíamos que faltaba algo más proactivo para empoderar a las personas que manejamos las tecnologías y ejercer los derechos contemplados en una ley de hace 20 años pero de la cual aún hay mucho desconocimiento”, argumentó.
Así nace “Quiero mis Datos”, como “una herramienta que brinde agilidad y simpleza a todo este proceso que mucha gente desconoce todavía o incluso aunque lo conozca no es tan fácil ejercer: a quién tengo que escribir, de qué manera, qué tengo que preguntar”, precisó Ucciferri.
La campaña está enfocada específicamente en la información que manejan empresas y algunas industrias sobre todo tecnológicas, por lo que “en principio los rubros que hemos elegido –pero que se van a ir revisando y ampliando a medida que avance la campaña- son empresas de telecomunicaciones, apps de delivery y envíos, apps de transporte, supermercados, servicios financieros y apps de citas”.
“Ya hemos recibido sugerencias y empresas que se irán sumando, de forma proactiva, porque uno de los objetivos es que las empresas vean todo esto como una herramienta de fidelización de los clientes”, remarcó.
Ucciferri aclaró que la ADC no es intermediario con las entidades con las que el interesado operó o quiere conocer qué saben de él, sino que lo que hace “Quiero mis Datos” es “facilitar y encaminar el proceso hasta el inicio de la comunicación. Entonces vos elegís la empresa y lo que te sugerimos es una lista de puntos o preguntas que podés hacer a la empresa para saber si tiene tal o cual dato específico. Es una lista bastante exhaustiva, pero la empresa puede no tener, entonces eso lo podés personalizar, luego completas tus datos de contacto para la empresa y eso es totalmente privado, o sea, nosotros no recolectamos ningún tipo de información personal”.
“La tecnología no resuelve sola los problemas”
Consultado si, en este mundo tan tecnológico, hay alguna forma de preservar todavía nuestra privacidad, Leandro Ucciferri aclaró a la radio de PRIMERA EDICIÓN que sí, y que “precisamente estamos en un momento clave para reivindicar y fortalecer la privacidad y lo que significa como derecho: la privacidad no es más que tener el control sobre cómo nos queremos presentar ante el mundo, controlar los espacios con los cuales queremos compartir información, con quiénes lo queremos hacer y de qué manera. Obviamente hay muchos aspectos que se derivan de eso y que se pueden facilitar por este control de nuestra privacidad, como por ejemplo el desarrollo de nuestra propia identidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión… Hoy en día lo más importante es entender esto en función del rol y la relación que tenemos con la tecnología, eso hace que tomemos mejores decisiones sobre cómo ejercer ese control y limitar que se compartan cierto tipo de datos, con quién se comparten y demás”.
Respecto a las apps que crearon los gobiernos nacional y provinciales, donde uno tiene que cargar todos sus movimientos y datos en el marco de una pandemia donde hay que pedir permiso para casi todo, el referente de la ADC recordó que la Asociación publicó hace unos meses un informe con un análisis técnico preliminar sobre algunas aplicaciones de distintas provincias y “lo que más nos preocupa es que no se posicione a la tecnología como la salvadora o como la única respuesta: la tecnología no puede resolver por sí sola los problemas más graves que trajo la emergencia sanitaria. Lo que vimos desde abril-mayo es la apuesta a utilizar un montón cada vez mayor de aplicaciones, cada provincia con la suya, sin cierta coherencia con la política sanitaria a nivel nacional, por un lado, y con algunos propósitos que se solapaban o no quedaban del todo claros, o sea: para qué se quiere usar realmente o si esa herramienta va a servir específicamente para ese objetivo. Todavía eso no ha quedado del todo aclarado a pesar de lo avanzados que estamos ya en el año”, lamentó.
Además, si estas apps se convierten en obligatorias y registran todos los movimientos de los usuarios, “eso se convierte en un problema, porque lo que se tiene que lograr es confianza y forzar la descarga de una aplicación no genera precisamente esa confianza. Pero más allá de que deberían ser voluntarias, además tendrían que ser transparente todo su desarrollo, y me parece que todavía falta muchísimo para eso”, opinó Ucciferri.
“Creo que lo importante en este caso es hacerle las preguntas al Estado: si va a obligarme a bajar la aplicación, que conteste qué puede aportar eso a la estrategia sanitaria, si hay alguna evidencia que justifique esa medida como indispensable, si no hay otras maneras menos invasivas que no impliquen recolectar datos. Porque por ejemplo tal vez no sea necesario conectar la geolocalización permanentemente; de hecho, hay desarrollos a nivel internacional que permiten trazar vínculos estrechos para evitar la propagación del COVID pero preservan la privacidad de las personas y brindan mayor garantía sobre el uso de esa información. Pero ese tipo de tecnologías no se han implementado hasta ahora en Argentina”, finalizó.
